Análisis. La política cordobesa, mayormente prescindente sobre la situación de Venezuela

Córdoba eligió, en su gran mayoría, el silencio. Mientras el tablero regional se sacudía con la destitución de Nicolás Maduro tras la intervención armada de Estados Unidos, casi todo el poder político cordobés optó por no decir nada. Pasaron más de 48 horas desde el hecho y ni el gobernador Martín Llaryora, ni sus ministros, ni la principal oposición provincial rompieron el mutismo.

En una provincia que suele sobreactuar perfil nacional, el silencio sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela llama la atención.

No hubo comunicados oficiales, ni tuits, ni gestos diplomáticos. Tampoco declaraciones de los principales referentes opositores: Luis Juez y Rodrigo de Loredo evitaron pronunciarse sobre un acontecimiento que reconfigura el mapa político latinoamericano y reabre un debate incómodo para buena parte de la dirigencia argentina. Especialmente, para el peronismo (y su versión kirchnerista que, en Córdoba, está pasando su momento más complicado).

En Córdoba, donde la cautela suele confundirse con estrategia, la omisión fue la única posición común.

Una de las excepciones fue el diputado mileísta Gabriel Bornoroni. Sin rodeos, celebró el desenlace en redes sociales: “En Venezuela finalmente cayó Maduro. Celebramos todos los que amamos la libertad. Triste ver como el kirchnerismo sale en defensa de un régimen tiránico que violaba los derechos humanos. VLLC!!!”.

Bornoroni era el único dirigente cordobés de peso que había tomado partido de manera explícita hasta el domingo por la noche, en línea con la narrativa libertaria que reivindica la intervención estadounidense como un acto de liberación.

Luego, también se pronunció otra diputada nacional: la peronista Natalia de la Sota, quien condenó lo realizado por Estados Unidos, lejos de la posición de Bornoroni.

La diputada kircnerista Gabriela Estévez también rechazó en varios posteos la intervención de Trump en Venezuela. Lo hizo tanto de forma individual como colectiva, al compartir los comunicados del bloque Fuerza Patria, La Cámpora y Cristina Kirchner.

Fue en el oficialismo cordobés donde el silencio fue más notorio. Tan solo manifestó su punto de vista el politólogo José Emilio Graglia, presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), quien fue crítico de la intevención estadounidense, pero también de Maduro.

El contraste con otras provincias fue inmediato. Mientras Córdoba callaba, varios gobernadores fijaron posición, incluso desde miradas antagónicas. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, condenó el accionar militar de Estados Unidos y lo calificó como una “grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.

En un extenso pronunciamiento, apeló a la tradición diplomática argentina, invocó la Carta de las Naciones Unidas, la de la OEA y doctrinas históricas como la Drago y la Calvo.

Para Kicillof, la defensa de la paz, la soberanía y la no intervención debe estar por encima de cualquier conveniencia económica o alineamiento geopolítico.

Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo adoptó un tono distinto, más político que jurídico. Habló de la democracia, de gobiernos que respeten la voluntad popular y de las consecuencias de años de degradación institucional. Vinculó la crisis venezolana con el avance del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y sostuvo que el mundo necesita “decisiones firmes para poner fin a los dictadores”.

Sin mencionar explícitamente a Estados Unidos, avaló el resultado: el fin de un régimen que, según su mirada, se volvió una amenaza regional.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se alineó con una postura clásica del peronismo federal: preocupación, condena a la violencia y defensa irrestricta de la soberanía de los Estados.

Rechazó el uso de la fuerza como método para resolver conflictos políticos e instó a redoblar esfuerzos diplomáticos para una salida pacífica y democrática.

En el otro extremo, Alfredo Cornejo celebró sin matices. “Celebramos una Venezuela libre”, escribió el gobernador de Mendoza, con un mensaje directo a la comunidad venezolana en la provincia.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, fue todavía más lejos: calificó el hecho como “histórico”, dio por finalizada la dictadura de Maduro y habló de justicia para quienes violaron derechos humanos y robaron elecciones.

Además, reconoció explícitamente el liderazgo opositor venezolano y acompañó la idea de una transición política.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, optó por compartir el comunicado de la Unión Cívica Radical, que reafirma el respaldo a una Venezuela libre y democrática, condena el autoritarismo de Maduro y reivindica el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con una advertencia central: no hay estabilidad posible sin elecciones libres, transparentes y competitivas.