
En medio de la interna del PRO, Macri viene a Córdoba
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Redacción La Voz
Aunque todavía no hay fecha para las elecciones municipales ni bandera oficial de largada en la disputa por la sucesión en la Capital, en el PJ hace rato que varios dirigentes comenzaron a moverse. Nadie quiere quedar afuera de la foto futura y, en voz baja, hay varios ya en campaña.
La vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y los funcionarios municipales Héctor “Pichi” Campana (Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes) y Juan Domingo Viola (Participación Ciudadana y Juventud), trabajan con un objetivo claro: suceder al intendente Daniel Passerini.
En ese contexto, en el PJ llama la atención la postura de Miguel Siciliano. El ministro de Vinculación y Gestión Institucional provincial, uno de los dirigentes que el gobernador Martín Llaryora impulsó para tener fuerte presencia política en la Capital, decidió correrse -al menos discursivamente- de la carrera por el Palacio 6 de Julio.
En cada reunión política, Siciliano repite el mismo libreto: asegura que no quiere ser candidato a intendente. Una definición que, lejos de despejar especulaciones, alimenta aún más el debate interno en el oficialismo de la Capital.
“Durante muchos años me formé y milité para ser intendente de Córdoba. Hoy no tengo esa aspiración. Trabajo para el proyecto del gobernador Llaryora. En la Capital tenemos a varios dirigentes muy preparados para ser intendente. Mi proyecto político es acompañar al gobernador donde él considere que me necesita”, dijo el funcionario en una reunión realizada en una seccional capitalina.

La respuesta dejó desconcertados a varios militantes. Sobre todo porque Siciliano es uno de los funcionarios provinciales con mayor despliegue territorial en Córdoba capital. Por eso, uno de los presentes fue más allá y le hizo la pregunta incómoda: “¿Y si Llaryora te pide que seas candidato a intendente?”.
El ministro no dudó. “Sería otro escenario, porque, como dije, trabajo donde el gobernador me lo pida. Pero estoy seguro de que eso no ocurrirá”, respondió con firmeza el exsecretario de Gobierno municipal.
El paso de Gustavo Tevez por la Caja de Jubilaciones duró menos de lo que muchos imaginaban. Y en el oficialismo provincial nadie cree que haya sido una salida “ordenada”.
El 5 de febrero pasado, el legislador provincial pidió una licencia de seis meses para asumir como director de Coordinación y Vinculación Institucional del organismo previsional. La misión que le había encargado el gobernador Martín Llaryora era delicada: reconstruir puentes con los gremios estatales, luego del fuerte malestar que generó la reforma previsional impulsada por la Provincia.
Sin embargo, apenas 90 días después, el exintendente de Brinkmann pegó la vuelta. El 1 de mayo regresó a la Legislatura provincial y explicó públicamente que retomaba su banca para “trabajar por los intendentes del interior”.
Pero puertas adentro del oficialismo circula otra versión. Mucho menos diplomática.
Según comentan en el PJ, la salida de Tevez estuvo vinculada a una fuerte interna con el presidente de la Caja, Adrián Daniele, un funcionario cercano al ministro de Economía, Guillermo Acosta.
La tensión habría escalado rápidamente. Las versiones que señalan fuentes sindicales indican que a Tevez le habían desplazado a un asesor de máxima confianza, en una señal que el legislador interpretó como un claro límite político dentro del organismo.

De hecho, apenas Tevez desembarcó en la Caja de Jubilaciones, apareció una circular administrativa con un mensaje que muchos leyeron como una advertencia interna: toda articulación entre la nueva Dirección de Vinculación y las áreas operativas debía canalizarse exclusivamente a través de los gerentes de cada sector, todos alineados con Daniele.
En otras palabras, al exintendente le marcaron la cancha desde el primer día. Y la convivencia duró mucho menos de lo previsto.
El PRO de Córdoba atraviesa una profunda atomización y su crisis interna, más allá de la reciente última elección, no se disipa. La línea nacional macrista que conduce el partido perdió el control del sello a nivel provincial. El legislador Oscar Agost Carreño ganó primero en la Justicia y luego en las urnas la pulseada interna frente a las huestes de Mauricio Macri en Córdoba. Precisamente ese espacio tuvo el jueves pasado una reunión que busca encauzar el rumbo bajo los lineamientos del macrismo.
La concejala capitalina Soher El Sukaria, principal referente de Macri en Córdoba, fue la anfitriona para el desembarco de Fernando de Andreis, el dirigente más cercano al fundador del PRO desde hace años.
De Andreis, que además de ser diputado es secretario general del PRO, fue durísimo con Agost Carreño. Lo acusó de “manotear” el partido para hacer “negocios personales”.

La frase de Andreis es una ratificación de lo hecho hasta aquí por El Sukaria, enfrentada con Agost Carreño y Laura Rodríguez Machado, la diputada bullrichista que selló una alianza con el exdiputado.
Esa fuerte interna tendrá su correlato en las elecciones de Marcos Juárez, que se desarrollarán el 6 de septiembre. El PRO “macrista” ya decidió que respaldará a la intendenta Sara Majorel, que irá por la reelección.
Mientras que el PRO “oficial” podría cederle el sello para que compita Pedro Dellarossa. “Agost Carreño se lo prometió a Pedro”, aseguran los macristas.
Las autoridades del Comité Provincia, con Marcos Ferrer en la conducción, tienen mandato hasta fines de septiembre, pero 90 días antes debería definirse si habrá interna o si se impone una prórroga en los cargos. La mayoría radical, de la mano del exdiputado Rodrigo de Loredo, tiene trazado un panorama: buscar la prórroga. Quieren evitar que el gobernador Llaryora -según aseguraron- ponga dirigentes que le respondan para abrir esa grieta.
De Loredo confía en que esa mayoría será la que le permitirá a Ferrer seguir en la presidencia y buscar la extensión en los plazos. Aunque también desde este sector se desconfía que una judicialización termine en un revés. Dante Rossi ya advirtió que irá a la Justicia y Ramón Mestre también está esperando que se abra el partido.

Con los plazos vencidos, los dirigentes que le responden al exintendente irán a la Justicia. Si se impone una elección interna, será el legislador radical Matías Gvozdenovich quien saldrá a buscar los votos para presidir el Comité. Ya esta semana, el exintendente de Arias comenzará a caminar las seccionales de la Capital con sus pares de bloque. Mientras las otras líneas opositoras aceleraron los pedidos para un cronograma electoral.