El Gobierno de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) continúan la negociación paritaria que se dilata más de lo esperado por el equipo de Martín Llaryora. La propuesta oficial toma como pauta de referencia un aumento anual en torno del 40% anual, similar al acordado con los docentes.
Hasta este lunes por la noche no había detalles sobre el resultado de las negociaciones.
Las diferencias entre las partes no radican tanto en la magnitud del aumento como en la estructura. El punto más sensible es el carácter no remunerativo que propone el Gobierno: el gremio reclama más aumento al salario básico y cuestiona el peso de sumas no remunerativas.
También pone sobre la mesa reclamos sectoriales, especialmente recategorizaciones del sector Salud.
La paritaria se reabre en un escenario de caída de la recaudación provincial y de una presión inflacionaria mayor a la prevista. Según lo informado por el negociador oficial, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, la pauta del 40% para todos los empleados de la Provincia implica más de $1,2 billones adicionales al gasto salarial.
Está claro que la negociación con el SEP genera mucho menos tensión en la gestión Llaryora que la mantenida con la UEPC. Llaryora pretende ordenar todo el frente gremial por 12 meses, mientras el gremio liderado por Sergio Castro intenta mejorar la calidad del aumento más que la cifra total.
La partes sostienen que la negociación se encuentra en su fase final, lo hasta la noche del lunes la firma del acuerdo seguía trabada.
Judiciales suben el tono
En cambio, la protesta de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial se profundiza. Los judiciales vienen de un paro de 36 horas la semana pasada y anunciaron un cronograma de protestas que este lunes incluyó asambleas de dos horas por turno en la Policía Judicial y la DIO y este martes incluye concentración en el Palacio de Tribunales I en repudio al descuento de los días de paro.
El cronograma se extiende hasta el viernes próximo, cuando habrá una acción de protesta y visibilización de cuerpos orgánicos junto al resto de gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones. El reclamo conjunto apunta a la derogación de la ley 11.087, que subió aportes jubilatorios e impacta tanto en el salario de los activos como en los haberes de los pasivos. El gremio ratificó las protestas pese a que en las últimas horas se anunciaron ascensos y se cubrieron vacantes.
El reclamo salarial de los judiciales se enmarca en un pedido general de recomposición a través del cumplimiento del acuerdo de equiparación firmado en 2025.
Le exigen al Tribunal Superior de Justicia el estudio y aplicación de alternativas para una recomposición dentro del acuerdo (adelanto y blanqueo de cuotas pendientes, adelanto de bonificación por permanencia), además de una agenda vinculada a condiciones de trabajo (trabajo híbrido, licencias por cuidado e infraestructura, entre otras cuestiones).
Qué arregló UEPC
La negociación viene precedida de lo que logró la UEPC. Hace dos semanas, la asamblea provincial del gremio docente aprobó, por una votación ajustada, la propuesta salarial del Gobierno de Martín Llaryora tras una negociación que incluyó modificaciones de último momento para evitar un rechazo. La oferta, que inicialmente era la cuarta, terminó siendo una quinta versión con mejoras introducidas durante el fin de semana, luego de que el Ejecutivo detectara una mayoría de delegados con mandato negativo.
El acuerdo fue aprobado por 80 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones, con 18 departamentos respaldándolo y ocho rechazándolo. Parte del giro en la votación se explica por cambios en la propuesta, especialmente en beneficios para jubilados, devolución de días de paro y actualización salarial por inflación desde mayo.
También influyó la interpretación de la conducción sindical, que sostuvo que los delegados no están obligados a votar estrictamente según los mandatos de base.
El esquema aprobado contempla aumentos iniciales de entre 18% y 23%, según el cargo, más actualizaciones mensuales atadas al IPC hasta enero de 2027. Incluye mejoras en el Fonid, eliminación de topes en adicionales, pagos extra para directivos y supervisores, y ajustes en haberes jubilatorios con actualización casi inmediata respecto a los activos.
Aquella jornada estuvo marcada por incidentes, entre ellos la detención de un delegado opositor, lo que profundizó la interna sindical. La conducción provincial responsabilizó a dirigentes de la seccional Capital por los episodios de violencia, en un contexto de fuerte disputa interna.
