El juicio. Seguirán las indagatorias de otros 52 funcionarios y empresarios en la causa Cuadernos

Con la declaración de siete empresarios y un funcionario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 7 reanudará el próximo 7 de abril las audiencias en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos” y sus cumuladas “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”.

En la audiencia también estarán presentes la titular de la Fiscalía General N° 5 ante los TOCF, Fabiana León, y el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar –de acuerdo con cada caso– una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

De acuerdo con el TOCF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y, como cuarto juez suplente su colega Néstor Costabel, en la audiencia del martes próximo serán indagados los empresarios Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía SA), Jorge Juan Mauricio Balán (presidente de Industrias Juan F. Secco SA), Hugo Alberto Dragonetti (presidente de Panedile Argentina SA), Rodolfo Armando Poblete (gerente general de Hidrovía SA), Rubén Francisco Valenti (directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona -Impsa- Saicyf)-, Osvaldo Atenor Acosta y Jorge Guillermo Neira (accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería SA), y el exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez.

Por su parte, el 9 de abril, será el turno de Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike SA), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento Saic), Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería SA), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina SA), Alberto Ángel Padoán (82) (integrante del directorio de Vicentin Saic y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario). También declararán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- y exempleado de la financiera Inverness SA entre los años 2003 y 2005), Nelson Guillermo Periotti (exadministrador general de la DNV), y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad).

Durante la jornada del 14 de abril, indagarán a Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco SA y Decavial Saicac), Gerardo Cartellone (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles SA), Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi SA), Patricio Gerbi (presidente de Coarco SA / Equimac SA UTE), Ricardo Santiago Scuncia (integrante del Grupo Roggio SA), Santiago Ramón Altieri (directivo de Iecsa SA), Marcela Edith Sztenberg y Silvio Mion (vicepresidenta e integrante, respectivamente, de Equimac SA).

Está previsto que el 16 de abril declaren Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón SA), Roberto Juan Orazi (presidente de Hidraco SA), Julio José Paolini (presidente de Paolini Hnos. SA), Pablo José Gutiérrez (representante de Fontana Nicastro SA), Jorge Sergio Benolol (integrante de JCR SA), Adrián Eduardo Pascucci (socio gerente de Alquimaq SRL) y Oscar Abel Sansiñena (representante de Cleanosol Argentina SA).

El 21 de abril, serán indagados Luis Armani (representante de Vialmani SA), Guillermo Escolar (directivo de Cleanosol Argentina SA), Juan Bautista Pacella (representante de Constructora Dos Arroyos), Carlos Eduardo Arroyo (presidente de Green SA), Mario Ludovico Rovella (responsable de Rovella Carranza SA), José Gerardo Cartellone y Tito Biagini (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles SA).

Por su parte, el 23 de abril, comparecerán Alfredo Kot (integrante de Cartellone Construcciones Civiles SA), Osvaldo Manuel De Sousa y Cristóbal Manuel López (presidente entre 2009 y 2014 y socio mayoritario, respectivamente, de CPC SA y Grupo Indalo); Rodolfo Perales (presidente de Perales Aguiar SA desde 2010); Eduardo Luis Kennel (gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack Saica desde 1999); Juan Manuel Collazo (exasesor y directivo de Corporación América SA, integrante de Helport SA), Ricardo Antonio Repetti (gerente de Vialco SA desde 2008), y Carlos Fabián De Sousa (presidente, entre 2016 y 2017, de CPC SA y Grupo Indalo).

Finalmente, el TOCF indagará a Mauricio Pascucci (socio gerente de Alquimaq SRL), María Rosa Cartellone (directiva y presidenta de Cartellone Construcciones Civiles SA), a los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a Obdulio Ángel Barbeito (gerente general de Homaq SA).

Asimismo, se informó que, próximamente, se fijará la fecha en las que declararán el exsecretario de Obras Públicas y de Transporte de la Nación José Francisco López, y los empresarios Marcelo Marcuzzi (directivo de Covico Concesionario Vial SA, Coprisa SA, Estructuras Sacicif, Glikstein y Cia Saciam, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones SA -UTE-) y Juan José Luciano (titular de Luciano SA).

La expresidenta cuestionó la investigación (que la tiene como principal imputada) que llevaron adelante el fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido juez federal Claudio Bonadío.

La exmandataria está acusada como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, para recaudar dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. Además, está acusada de diversos cohechos pasivos..

Sostuvo que, desde el inicio del juicio, el 6 de noviembre pasado, escuchó que era responsable de “203 casos de cohechos pasivos, coimas” y cuestionó esa imputación. “¿Dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata?”, se preguntó.

“A ver, ¿qué es esto de que se robó un PBI, que se robó miles de millones? Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá. No estaría sentada acá, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del Poder Judicial y de la Justicia, lamentablemente, en la Argentina”, recalcó.

También afirmó que, en la causa “Vialidad”, había propuesto que se realizara un peritaje sobre toda la obra pública ejecutada entre 2003 y 2015 “para determinar responsabilidades y si había habido corrupción”, lo que —según indicó— no fue aceptado. Añadió que, en ese proceso, se la “condenó a 6 años de prisión y a proscripción definitiva para ocupar cualquier cargo público” sobre la hipótesis de que había beneficiado al empresario Lázaro Báez pero que ahora la acusaban de ser “la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de Argentina, donde Lázaro Báez no aparecen en ningún cuaderno, libreta, ni nada que se le parezca”.

“Tienen derecho a perseguir, porque la historia se nutre de persecuciones. Pero, por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir”, agregó y tildó la investigación como “un gran disparate”.

Finalmente, anunció que no respondería preguntas de los jueces ni de las partes. Señaló que lo haría “el día que algún juez o algún fiscal llame a Stornelli para que declare sobre alguna de las barbaridades” en otras investigaciones que mencionó, o cuando se cite al expresidente “Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos que duerme el sueño de los justos en Comodoro Py”, o a algún ministro por la deuda con el Fondo Monetario. “Ese día les voy a contestar preguntas. Pero hasta ese día, permítanme no formar parte de este circo”, concluyó.

Sostuvo que, si alguien le preguntara cuál fue la causa “emblemática de persecución judicial”, habría mencionado el expediente “Vialidad”, por el que —según dijo— cumple “una muy injusta condena”. Sin embargo, afirmó que la causa “Cuadernos”, “la ha desalojado del podio”.

En ese sentido, acusó a Bonadío y Stornelli de haber utilizado “prácticas absolutamente mafiosas” en la investigación. Entre otras cuestiones, mencionó supuestas maniobras de “forum shopping”, así como una “oleada de detenciones para chantajear a empresarios, extorsionarlos y decirles que tienen que declarar en contra mía”.

La expresidenta también hizo referencia al caso en el que el TOCF N° 8 condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio el 25 de septiembre de 2025. Sobre ese expediente sostuvo que se trató de “una asociación ilícita integrada por miembros del servicio de inteligencia, periodistas y empresarios” que, según afirmó, exhibían influencias en el ámbito judicial ante los extorsionados o chantajeados y con el aval de Bonadío y Stornelli.

Asimismo, cuestionó el uso de la figura del imputado colaborador en la investigación. “Hubo un manejo delictivo, criminal, sobre la figura del arrepentido: absolutamente un manejo mafioso”, sostuvo.

Durante su exposición también afirmó que existen “jueces que responden a directivas políticas o económicas” pero sostuvo que en este caso “estamos ante un estadio superior”.

“No es que condenan sin pruebas, sino que fraguan y construyen las pruebas, que no son pruebas, sino que van a finalmente condenar a una persona. Estamos ante una cosa nunca vista”, remarcó.

También declaró el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (76), quien “rechazó, total y categóricamente, por falos e infundado, el requerimiento”.

El exfuncionario también se reservó el derecho de intervenir en otro momento del debate y solicitó que se incorporaran, por lectura, sus declaraciones indagatorias previas.

Posteriormente, fue el turno del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta (52), quien —junto a De Vido— está imputado como organizador de la asociación ilícita, por la supuesta comisión de cohechos pasivos y la admisión de dádivas. Durante más de tres horas, el exfuncionario negó todos los hechos de la causa a la que tildó de “vergonzosa”.

Por su parte, Nelson Javier Lazarte (48) y José María Olazagasti (51) —exsecretarios privados, respectivamente, de Baratta y De Vido— señalaron que declararían más adelante, por lo que se incorporaron por lectura sus indagatorias durante la instrucción. Los funcionarios están acusados como miembros de la organización, por distintos cohechos pasivos y por la supuesta admisión de dádivas.

La audiencia concluyó con Rudy Fernando Ulloa Igor (65), socio de la financiera Cumehue SA, a quien se le imputan su intervención en tres cohechos activos. Al igual que en la etapa de instrucción, el empresario se negó a declarar.

Sin embargo, la fiscal León señaló que en el expediente obraban dichos de Ulloa Igor, por lo que, con el acuerdo de la defensa, fueron incorporados por lectura.