Tensión. La Rioja: la UCR denuncia “persecución política” tras la detención de Inés Brizuela y Doria
El conflicto se desencadenó el pasado jueves, cuando la dirigente fue demorada por la policía mientras ejercía su rol como abogada defensora durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos.
La provincia de La Rioja atraviesa un clima de fuerte agitación institucional luego de que el radicalismo denunciara formalmente una “persecución política” contra la vicepresidenta de la UCR a nivel nacional y exintendenta de la capital, Inés Brizuela y Doria.
El conflicto se desencadenó el pasado jueves, cuando la dirigente fue demorada por la policía mientras ejercía su rol como abogada defensora durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos.
Un operativo bajo la lupa
El incidente comenzó durante una sesión ordinaria de la entidad profesional, donde Brizuela y Doria se encontraba asistiendo a su cliente, Jorge Bordón, vocal del Colegio.
Bordón había sido denunciado previamente por presunta violencia de género por la presidenta de la institución, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma. Aunque la causa principal fue archivada, se mantenía vigente una medida genérica de protección.
Ante un llamado policial que alertaba sobre una supuesta violación de la "perimetral", los efectivos procedieron a detener a Bordón. Según el relato de la defensa, Brizuela y Doria exhibió la documentación correspondiente para demostrar la legalidad de la presencia de su cliente, pero el fiscal Luis González habría ordenado de forma verbal la detención de ambos, acusando a la abogada de “obstrucción a la justicia”.
Reacciones y denuncias de atropello institucional
La respuesta de la UCR no se hizo esperar. A través de un comunicado, los senadores nacionales del partido calificaron el procedimiento como “arbitrario e ilegal”, advirtiendo que el uso de las fuerzas de seguridad para fines de “hostigamiento político” es inadmisible en democracia.
Por su parte, la propia Brizuela y Doria afirmó que este hecho constituye un "atropello más" en una provincia que parece estar "lejos del imperio de la ley", señalando directamente al gobierno de Ricardo Quintela por evidenciar un patrón de inseguridad jurídica.
El fallo judicial y el pedido de Jury
La situación legal dio un giro cuando la Cámara Tercera en lo Criminal intervino ante un hábeas corpus presentado por la abogada. El tribunal declaró “ilegítima y arbitraria” la detención de Bordón, criticó el operativo por estar “plagado de vicios” y ordenó su liberación inmediata.
Ante la gravedad de lo ocurrido, Brizuela y Doria adelantó que solicitará un jury de enjuiciamiento contra el fiscal González y el fiscal general, Javier Vallejo. Según la dirigente, el accionar judicial buscó amedrentarla en su ejercicio profesional.
La versión del Ministerio Público Fiscal
Desde el Ministerio Público Fiscal defendieron el operativo, argumentando que el accionar de la abogada “excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa”. Según el comunicado oficial, Brizuela y Doria habría desplegado una “oposición activa” que incluyó contacto físico con el personal policial, lo que motivó una intervención “preventiva y momentánea” para asegurar el procedimiento.
Una vez finalizado el incidente, no se impulsaron acciones penales autónomas contra la profesional.
