En agosto de 2002, el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó más de 4.000 documentos producidos por su embajada en Buenos Aires y otras agencias entre 1975 y 1984. Estos informes consistían en cables diplomáticos, memorandos e informes de inteligencia enviados desde Argentina a Washington durante los años de la dictadura.
Luego, entre 2016 y 2017, el gobierno estadounidense publicó otros dos mil documentos adicionales. Así, la colección total incluye 5.596 registros de 16 agencias diferentes.
Allí se puede encontrar información sobre listas de desaparecidos, estructuras de inteligencia, centros clandestinos de detención y métodos de represión, además de detalles sobre el Plan Cóndor.
En el caso de Córdoba, muchos de los documentos hacían referencia a la actividad represiva en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el entonces general Luciano Benjamín Menéndez. Desde allí se coordinó una red de persecución política, secuestros y torturas que tuvo como epicentro centros clandestinos como La Perla y Campo de la Ribera.
La primera tanda de 4.577 documentos se hicieron públicos en 2002, luego de un trabajo de dos años entre el National Security Archive y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Parte del informe fue traducido y publicado por La Voz el 25 de agosto de 2002. Algunos detalles de lo que allí se revelaba:
Sólo el Nuevo Testamento
Uno de los documenos reproduce una carta que la Liga Antidifamación de B’nai Brith envió en agosto de 1978 al embajador estadounidense, en la que comentaba que a los prisioneros en Córdoba y otras ciudades bajo la jurisdicción del general Menéndez no se les permitían visitas –salvo una vez al año, para Navidad– ni enviar o recibir correspondencia. “Porque estas regulaciones demuestran una crueldad medieval, le solicito verificar esta situación y hacer lo que esté a su alcance para mejorarla”, señalaban.
También se describían las condiciones en el pabellón tres de la Penitenciaría de Córdoba: “Permanente confinamiento en celdas, con 23 horas de inactividad”; “no se permite correspondencia”; “no se puede recibir alimento”, “está prohibida la lectura, excepto la del Nuevo Testamento”; “constantes castigos físicos y verbales”; o “insuficiente asistencia médica”, entre otras.
Con fuerte presencia opositora y críticas a Milei, la Plaza de Mayo fue el epicentro de la recordación
Justificar asesinatos en la cárcel de San Martín
El 31 de julio de 1976, un memo urgente de la Secretaría de Estado, firmado por Henry Kissinger, señalaba: “El Consejo Nacional de Iglesias reveló que las autoridades prepararon un túnel en la penitenciaría de Córdoba, en barrio San Martín. Dicen que el propósito es justificar el asesinato de presos este fin de semana, con el pretexto de un intento de fuga...”.
La Unidad Penal 1 -como se conocía a la excárcel- fue también un centro de detención y tortura. Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados allí 29 presos políticos.
Por esa causa, en 2010, la Justicia condenó a prisión perpetua al ex presidente de la Junta militar, Jorge Videla, y a Menéndez, entre otros funcionarios del gobierno de facto.
El Tribunal Superior, incómodo
En una visita a Córdoba en junio de 1978, el embajador estadounidense en Argentina, Raúl Castro, se reunió con los cinco miembros del Tribunal Superior de Córdoba: “El embajador expresó su interés por la falta de salida legal para los prisioneros bajo la órbita del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Ello puso a los jueces a la defensiva y resultó obvio que la pregunta no era bienvenida”, dice uno de los comunicados.
“Cuando el grupo de la embajada dejaba el Tribunal Superior, un empleado judicial dijo, sarcásticamente, que el único logro de ese cuerpo judicial había sido otorgar un permiso para el funcionamiento de una verdulería en el lobby”, finaliza el relato.
En noviembre de 1978, el Tribunal Superior de Córdoba estaba conformado por Osvaldo Tarditti (presidente), Marcelo Espinosa, José M. Alvarez, Víctor Reinaldi y José Víctor Mehan.
El caso de Liliana Vogler
En uno de los documentos, de julio de 1978, se transcribe un informe de Amnesty Internacional Estados Unidos a la Cámara de Representantes, que relata la historia de Liliana Vogler, entonces estudiante de 17 años detenida en 1975 en su hogar de Río Cuarto.
La joven fue torturada por la Policía de Córdoba y obligada a confesar que ella y dos amigos estaban envueltos en actividades políticas y que poseían literatura subversiva. Fue amenazada de muerte si no confirmaba la declaración ante un juez federal. El documento menciona una nota de La Voz del Interior, de octubre de 1975, que difundía las denuncias de sus familiares.
Liliana fue sentenciada a nueve años de prisión en marzo de 1978. Ningún abogado quiso tomar el caso: debió actuar un defensor oficial.
El 19 de junio de 1978, el embajador Raúl Castro comunicó al Congreso norteamericano su gran decepción al enterarse de que la Corte Federal de Apelaciones de Córdoba había confirmado la sentencia contra Vogler, que luego fue trasladada a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires.
Cumplió seis años de condena, fue liberada y vive en Buenos Aires.
El “caudillo” cordobés que no quería liberar a nadie
Otra mención a Menéndez aparece en una reseña de una reunión que mantuvieron en diciembre de 1977, en Washington, los capitanes de la Armada Joaquín Gómez y Enrique Montemayor, con el funcionario del Departamento de Estado Richard Feinberg.
Los capitanes, según escribió Feinberg en un memorándum secreto, plantearon “la necesidad de un cuarto hombre que le diera al gobierno argentino la unidad y dirección que necesita”.
“Pintaron a Videla incapaz para liderar, y advirtieron sobre las consecuencias de un posible vacío de poder que podía degenerar en una suerte de caudillismo, y se refirieron explícitamente a los generales Menéndez y Suárez Mason”, señalaba Feinberg. “Los capitanes reportaron que Massera, de quien son subordinados, propuso en la junta una lista de presos políticos a liberar pero que los comandantes regionales se niegan. Esto demuestra la incapacidad de Videla para imponer su voluntad”.
El cambio de rumbo y el “mini-holocausto”
Los documentos muestran el cambio de la política exterior estadounidense antes y después de 1977.
Cinco días después del golpe, por ejemplo, el embajador Robert Hill envió a Washington un documento en el que decía: “El golpe de Estado (…) puede ser juzgado como moderado… No fuimos acusados de estar detrás de este golpe y la embajada espera que continúe siendo así… Los mejores intereses para Argentina y para nosotros mismos descansan en el éxito de este gobierno moderado del general Videla… que nos prometió resolver varios de nuestros problemas de inversiones (Exxon, Chase Manhattan, Estándar electric y otras…)”.
Esto contrasta, por ejemplo, con un informe enviado en 1980 por la Wola (Washington Office of Latin America) al Departamento de Estado, en el que describe que lo sucedido en 1976 no fue una era violación a los derechos humanos: “Es un miniholocausto, perpetrado por los militares argentinos contra sus ciudadanos”.
