Avanzada. Reforma laboral: la CGT recusó a los jueces de la Cámara que validaron los cambios y pidió anular el fallo
La central obrera cuestionó a los magistrados Víctor Pesino y María Dora González por presunto "prejuzgamiento" y solicitó la nulidad de la sentencia que reactivó la reforma.
La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este lunes 27 de abril de 2026 una presentación judicial de alto impacto contra dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El objetivo de la entidad sindical es apartar a los jueces que, la semana pasada, dejaron sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
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La estrategia legal, llevada adelante por el abogado de la central obrera, Pablo Topet, busca invalidar la resolución reciente que habilitaba nuevamente los cambios en la normativa del trabajo.
El planteo sostiene que los magistrados Víctor Pesino y María Dora González habrían incurrido en una falta de imparcialidad al momento de dictar su veredicto.
Los fundamentos de la recusación
En el escrito presentado ante la Justicia, la CGT señaló de manera directa que los jueces Pesino y González "prejuzgaron al dictar el fallo". Para la representación legal de los trabajadores, la postura de los camaristas ya estaba definida antes de analizar en profundidad los argumentos de las partes involucradas.
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Además del presunto prejuzgamiento, el gremialismo apuntó contra la validez técnica de la decisión judicial que dio luz verde a la reforma.
Según la presentación, la sentencia que se intenta anular es arbitraria y no cumple con los requisitos mínimos de justificación legal.
"La resolución que se recurre carece de todo fundamento", afirmaron los representantes de la CGT en los párrafos centrales de la presentación,. Esta crítica técnica es la base principal para solicitar la nulidad absoluta de lo actuado por la Cámara la semana pasada.
Vínculos con el Poder Ejecutivo
Un punto crítico del reclamo sindical se centra en la figura del juez Víctor Pesino, uno de los magistrados cuestionados en el expediente. La central obrera sostiene que el magistrado habría obtenido un "beneficio de importancia por parte del Estado Nacional" en el ejercicio de sus funciones.
Este señalamiento coincide con las gestiones que el Gobierno nacional habría impulsado para que Pesino pueda continuar en su cargo. El magistrado está próximo a cumplir los 75 años, edad límite constitucional que requiere de un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en la magistratura.
Para la CGT, este trámite administrativo impulsado por el Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad del juez compromete su independencia de criterio,. Esta situación fue expuesta como una de las razones fundamentales para fundamentar el apartamiento del magistrado en esta causa específica.
El pedido de nulidad del fallo
Más allá de la recusación a las personas físicas de los jueces, la CGT fue un paso más allá y reclamó formalmente que se anule la totalidad de la sentencia dictada,. La central considera que el fallo afecta derechos fundamentales y debe ser revisado por una conformación distinta de la Cámara.
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La noticia, que se encuentra en pleno desarrollo en los tribunales de la Capital Federal, marca un nuevo capítulo de tensión entre el sindicalismo y el Poder Judicial,. La resolución de este conflicto definirá si la reforma laboral permanece vigente o vuelve a quedar en suspenso,.
Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte de los magistrados recusados ni del Ministerio de Justicia. Se espera que en los próximos días la Cámara defina el trámite de la recusación y si los jueces seguirán interviniendo en la causa.
