
Todos los chequeos al discurso de Javier Milei en el Congreso
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Redacción La Voz
La ley de modernización laboral se aprobó con rapidez y con mayorías firmes. Es un paquete amplio (con más de 200 artículos), pero sus ejes principales son claros: en lo central, no altera derechos individuales, sino que ordena reglas y aclara interpretaciones, para que haya menos juicios y menos decisiones “a criterio” según la provincia o el juzgado. También hay cambios en el plano colectivo: se busca que los acuerdos laborales puedan adaptarse mejor a la realidad de cada empresa y se fijan reglas más claras para resolver conflictos.
Hasta acá, el balance puede ser positivo. Pero la pregunta importante sigue en pie: ¿esto alcanza para bajar el empleo en negro, que ronda el 40% de los asalariados privados? Para responder, hay que mirar dónde está el problema.
Cuando se mira el empleo no registrado según el tamaño de la empresa, el mapa es muy desigual. Con datos del Indec (3º trimestre de 2025), empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 76% del empleo asalariado privado no registrado. Mientras que empresas de 10 a 40 explican el 14% y empresas de más de 40 reúnen el 10% restante.
En otras palabras: casi 9 de cada 10 puestos en negro están en empresas de menos de 40 trabajadores. Esto cambia el enfoque: si la informalidad está concentrada, la solución también tiene que enfocarse ahí.
En muchas pymes, el obstáculo no es la “mala intención” del que contrata. Es que formalizar cuesta y, con baja productividad, no siempre se puede pagar.
Un ejemplo simple: en varias actividades, el salario “de convenio” más bajo (el mínimo que marca el acuerdo del sector) supera el millón de pesos por mes. En cambio, según INDEC, el ingreso promedio de un trabajador informal ronda $550 mil en empresas de menos de 10 empleados y cerca de $800 mil en las de 10 a 40. Es decir, el piso salarial formal suele ubicarse muy por encima de la productividad e ingresos reales de muchas empresas.
Y hay otro punto que suele pasar desapercibido: lo que paga la empresa no es solo el sueldo bruto, sino que además están las contribuciones patronales. Por su parte, al trabajador le descuentan de su salario los aportes personales. Eso hace que el costo total del empleo en blanco sea bastante más caro que lo que llega al bolsillo del trabajador. En números de la OCDE: en Argentina ese costo extra ronda el 34,6% del salario, y es más alto que el promedio de América Latina (cerca de 21,7%).
Si se intentara resolver todo solo con más controles, sin resolver antes la brecha entre productividad y regulaciones, el resultado puede ser el contrario al buscado: más gente trabajando por su cuenta sin protección, menos empleo o empresas achicándose.
Si el objetivo es bajar la informalidad, el paso siguiente debería enfocarse en las micro y pequeñas empresas, con reglas más realistas:
La modernización laboral puede ser un hito. Pero si el empleo en negro se concentra en las empresas más chicas, la modernización empieza cuando la formalidad deja de ser una meta imposible para ese segmento. Sin ese capítulo, la reforma puede mejorar el mercado formal mientras la informalidad se mantiene casi intacta donde se origina.
