La aprobación de la reforma laboral fue presentada como un paso decisivo para ordenar el funcionamiento del mercado de trabajo. El Gobierno logró mayorías amplias y envió una señal política fuerte: hay voluntad de avanzar en cambios estructurales. La nueva normativa apunta a dar previsibilidad, reducir conflictos y estimular la contratación formal, especialmente en empresas medianas y grandes. Es probable que esos objetivos tengan efecto positivo. Un marco más claro puede facilitar decisiones de inversión y de contratación. Sin embargo, atribuirle a esta reforma la capacidad de resolver el desequilibrio previsional es sobredimensionar su alcance.
El sistema jubilatorio enfrenta un problema más profundo. No depende solo de la cantidad de trabajadores formales, sino de la dinámica acumulada del gasto, de las reglas que lo organizan y de decisiones adoptadas durante años que ampliaron compromisos sin asegurar financiamiento sostenible. En ese contexto, el desafío no es únicamente laboral, sino también estructural.
La magnitud del déficit previsional y los problemas de fondo
Para entender la magnitud del desafío, conviene mirar la evolución del gasto en las últimas dos décadas. Entre 2004 y 2024, el gasto público total –es decir, el gasto consolidado del Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal– pasó de representar el 25,4% al 33% del producto interno bruto. En términos simples, el Estado en su conjunto aumentó su peso sobre la economía en 7,6 puntos del PIB.
Una parte sustancial de ese crecimiento se explica por el sistema previsional. En ese período, el gasto previsional nacional aumentó 2,2 puntos del PIB, y el correspondiente a las provincias, a través de las cajas no transferidas, sumó otros 0,8 puntos. En conjunto, las jubilaciones y las pensiones concentraron cerca del 40% del incremento total del gasto público en las últimas dos décadas, lo que muestra su peso determinante dentro de la expansión del Estado.
Además, se trata de un gasto con escaso margen de ajuste. Las jubilaciones constituyen derechos adquiridos y su evolución está ligada tanto a mecanismos de actualización como a factores demográficos. El aumento sostenido de la expectativa de vida implica que el Estado debe financiar prestaciones durante más años por cada beneficiario, lo que agrega una presión estructural que no depende del ciclo económico.
A estos factores se suman decisiones adoptadas a lo largo de los años, como las moratorias previsionales y la proliferación de regímenes especiales, que ampliaron beneficios sin un financiamiento permanente y equivalente. Esa acumulación de medidas ayuda a entender por qué el gasto previsional creció por encima de la economía. El desequilibrio, entonces, no responde únicamente a la falta de ingresos, sino a la dinámica y a la estructura misma del sistema. Por eso, aun cuando la reforma laboral contribuya a dinamizar el empleo formal, su impacto resulta insuficiente frente a tensiones mucho más profundas.
Cómo hacer sostenible el sistema
El sistema previsional necesita un ordenamiento integral que redefina reglas y responsabilidades, tanto a nivel nacional como provincial. El principio básico debería ser claro: que el haber jubilatorio guarde relación con los aportes realizados durante la vida activa y con la expectativa de vida al momento del retiro. Un sistema con reglas homogéneas fortalecería la equidad y la sostenibilidad financiera.
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La protección frente a situaciones de vulnerabilidad puede mantenerse, pero diferenciada del esquema contributivo y con financiamiento explícito. Cuando se mezclan ambos planos, el sistema pierde coherencia y se vuelve más dependiente de recursos fiscales generales.
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También resulta necesario revisar la acumulación de excepciones. La expansión de moratorias y de regímenes especiales amplió el universo de beneficiarios sin una evaluación integral de su impacto de largo plazo. Ordenar implica fijar criterios claros hacia adelante y evitar nuevas ampliaciones sin respaldo financiero permanente.
Por último, el desafío es federal. Las cajas previsionales provinciales forman parte del esquema y requieren coordinación con la Nación para establecer pautas comunes y reducir desequilibrios. Sin una reforma integral que modere la dinámica del gasto y fortalezca la coherencia del sistema, la presión sobre las cuentas públicas persistirá más allá de cualquier mejora en el empleo formal.
