Además de muchos otros, el sistema político argentino enfrenta un problema de tamaño. Al 31 de marzo de 2026, la Cámara Nacional Electoral contabilizaba 45 partidos nacionales y 714 partidos de distrito en todo el país, una cifra que el gobierno de Javier Milei (y otros sectores del sistema) considera excesiva y que define como la más alta de América latina.
Con ese diagnóstico, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que, además de eliminar las Paso, endurece las condiciones para crear partidos políticos, eleva las exigencias para conservar la personería y modifica los criterios de supervivencia electoral. La iniciativa apunta a reducir la fragmentación del sistema y a desalentar la proliferación de estructuras partidarias pequeñas (los famosos "sellos") con escasa actividad política real.
En Córdoba, el impacto potencial sería alto. Con 3.125.183 electores habilitados –según el último padrón–, el distrito aparece entre los más afectados por los nuevos requisitos. Y es que si el proyecto se aprobara tal como fue redactado, hoy sólo cinco partidos cordobeses cumplirían con el nuevo umbral mínimo de afiliados.
La Ley Orgánica de Partidos Políticos vigente establece que para obtener personería jurídica definitiva una agrupación debe reunir afiliaciones equivalentes al 0,4% del padrón electoral del distrito, con un tope de cálculo de un millón de electores. En Córdoba, eso implica reunir unas cuatro mil afiliaciones válidas.
El proyecto eleva esa exigencia al 0,5% del padrón y duplica el tope de cálculo hasta los dos millones de electores. Para Córdoba, eso implica un salto brusco: el nuevo piso pasaría a ser de 10 mil afiliados. Dos veces y media más que en la actualidad.
A cambio, el plazo para reunir esas afiliaciones se extendería de 150 a 180 días corridos.
La reforma también modifica el procedimiento de creación partidaria. El reconocimiento provisorio ya no dependería inicialmente de reunir miles de adhesiones, sino de la presentación de al menos 50 fundadores ante la Justicia Electoral. Recién después de esa validación judicial, la agrupación quedaría habilitada para salir a recolectar afiliaciones.
El proyecto, además, incorpora nuevas exigencias formales. Los partidos en formación deberán informar un sitio web oficial, comunicar resoluciones internas a la Justicia Electoral, y publicar convocatorias a elecciones partidarias en medios locales y plataformas digitales.
Sistema de afiliaciones
Uno de los cambios más sensibles aparece en el sistema de afiliaciones. La reforma habilita mecanismos electrónicos y sistemas de autenticación biométrica para validar identidades. El objetivo es endurecer controles sobre un esquema que históricamente funcionó con verificación limitada.
Hoy, el sistema se apoya solo en fichas físicas y controles manuales. En la práctica, distintos dirigentes reconocen desde hace años que las afiliaciones suelen atravesar procesos de validación laxos. “Si llevás la ficha completa y la fotocopia del DNI, te asientan la afiliación. No hay ninguna verificación de autenticidad”, explicó meses atrás un dirigente de un partido grande de Córdoba y conocedor del funcionamiento interno del sistema.
Y agregó: “Fundar un partido es relativamente sencillo y cuatro mil firmas son muy pocas. Incluso hubo partidos que salieron a recolectar adhesiones entre desprevenidos en la peatonal”.
El proyecto busca precisamente atacar ese esquema artesanal de construcción partidaria (conocedores del sistema hablan de un "mercado negro de fotocopias de DNI", con los que se han realizado, épocas atrás, afiliaciones masivas).
Más exigente todavía es el nuevo criterio de supervivencia política. La reforma modifica las causales de caducidad previstas en el artículo 50 de la ley y eleva del 2% al 3% del padrón electoral el piso mínimo que los partidos deberán alcanzar en al menos una de cada dos elecciones nacionales consecutivas.
No se trata del 3% de los votos emitidos, sino del padrón total del distrito, una diferencia importante, porque endurece considerablemente la exigencia real.
Además, los partidos deberán seguir sosteniendo el mínimo de afiliados exigido por ley y continuar realizando elecciones internas de autoridades al menos cada cuatro años.
La reforma también introduce un cambio relevante para las alianzas electorales. Los partidos que compitan dentro de frentes deberán acordar previamente cómo se distribuirán los votos obtenidos entre las distintas fuerzas integrantes. Ese reparto será determinante para calcular si cada partido logra evitar la caducidad.
La modificación altera un mecanismo que durante años permitió que partidos pequeños conservaran existencia legal participando dentro de alianzas amplias sin acreditar un caudal electoral propio claramente identificable.
Mecanismo que, por un lado, ha permitido mantener el "sello" para ser alquilado al mejor postor y, tiempo atrás, para cobrar montos millonarios por la impresión de boletas (algo que con la Boleta Única de Papel ya no ocurre).
Córdoba fragmentada
Desde hace tiempo, Córdoba aparece como uno de los casos más extremos de fragmentación partidaria del país. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, hasta abril de este año existían 48 partidos políticos de distrito con personería vigente.
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La cifra ubica a Córdoba entre los tres distritos con más partidos del país, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque con un padrón considerablemente menor.
La dispersión tuvo una expresión concreta en las últimas elecciones legislativas nacionales. En Córdoba compitieron 18 listas y 270 candidatos para apenas nueve bancas de diputados nacionales. Fueron 30 aspirantes por cargo, uno de los índices más altos del país.
El dato más sensible es que, actualmente, 29 partidos en Córdoba tienen menos de cuatro mil afiliados; es decir, se encuentran por debajo del umbral legal necesario para sostenerse. En muchos casos, sobreviven gracias a procesos de regularización, apelaciones o actualizaciones pendientes, y a la buena voluntad de la Justicia Electoral que los mantiene vivos.
Pero más compleja es la pregunta que abre la reforma es cuántos de esos partidos podrían sobrevivir al nuevo esquema. Según registros oficiales, actualmente sólo cinco fuerzas políticas superan en Córdoba el umbral de 10 mil afiliados que exigiría el proyecto: la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el PRO, la Ucedé y Política Abierta para la Integridad Social (Pais).
La UCR encabeza el listado con 195.721 afiliados, seguida por el PJ con 177.061. Mucho más atrás aparecen el PRO, con 16.831; la Ucedé, con 13.581, y Pais, con 11.056.
La distancia entre los partidos tradicionales y el resto es marcada. Incluso fuerzas con protagonismo reciente, como La Libertad Avanza, apenas superan hoy los 5.000 afiliados en Córdoba.
Para mantenerse, entonces, deberían sumar a cinco mil personas en menos de un año. Número difícil en un contexto de afiliación históricamente baja, ya que el total nacional cayó a 7.937.948 inscriptos en 2024, el piso de dos décadas.
Debajo de ese umbral quedarían más de 40 partidos políticos, entre ellos, espacios con presencia legislativa, armado municipal o actividad electoral reciente.
El proyecto también endurece las condiciones para convertirse en partido nacional. Actualmente, se requieren cinco distritos con personería vigente. La reforma eleva ese número a 10 y además exige acreditar afiliaciones equivalentes al 0,1% del padrón nacional.
El Gobierno sostiene que Argentina tiene un número desproporcionado de partidos en comparación con otros países de la región. En los fundamentos del proyecto se menciona que México tiene seis partidos nacionales, Uruguay 12, Chile 14 y Brasil 30, frente a los 45 que actualmente registra Argentina.
La iniciativa fue enviada al Congreso en un año preelectoral y el Ejecutivo aclaró que las nuevas reglas se aplicarían hacia adelante, aunque otorgando plazo hasta junio de 2027 para que los partidos ya existentes se adapten a las nuevas exigencias.
El objetivo político de fondo es claro: reducir el número de partidos, forzar procesos de consolidación o fusión, y concentrar representación y financiamiento en menos estructuras. ¿Estará dispuesto el sistema a aceptar los cambios? Es una de las grandes dudas de cara a la iniciativa que se debate en el Congreso.
