El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa buscaría darle mayor autonomía, establecer como objetivo principal la defensa del valor de la moneda y prohibir que emita dinero para financiar el déficit del Estado.
En términos simples, un Banco Central independiente es aquel que puede tomar decisiones monetarias sin recibir órdenes del gobierno de turno. Su función central debería ser evitar que el peso pierda valor, en lugar de actuar como una fuente de financiamiento cuando al Tesoro le faltan recursos.
No se trata de una idea nueva para Argentina. Entre 1992 y 2001, la Carta Orgánica ya contemplaba una mayor autonomía y límites al financiamiento del Estado. Sin embargo, luego de la crisis de 2001 se habilitó nuevamente al Banco Central a prestarle dinero al Tesoro. En 2012, esos límites se flexibilizaron todavía más y se ampliaron los objetivos de la institución.
La consecuencia fue que, durante muchos años, la emisión funcionó como una salida aparentemente fácil para cubrir el déficit fiscal. Pero imprimir dinero no crea nuevos bienes ni aumenta la capacidad productiva del país. Cuando la cantidad de pesos crece mucho más rápido que la producción, el resultado termina siendo más inflación.
La experiencia peruana
Perú ofrece un antecedente interesante. En 1993 institucionalizó la independencia de su Banco Central, prohibió el financiamiento monetario del déficit y estableció límites a la imposición de restricciones cambiarias.
Lo destacable es que estas reglas sobrevivieron a numerosos cambios de gobierno y a períodos de mucha inestabilidad política. Mientras los presidentes y las coaliciones cambiaban, la conducción monetaria mantuvo una orientación relativamente estable.
Los resultados muestran un contraste importante. Durante los últimos 10 años, la inflación promedio anual fue de alrededor del 3,5% en Perú, frente al 66% de Argentina. En el mismo período, la economía peruana creció aproximadamente un 26%, mientras que la argentina apenas avanzó un 3%.
No todo el desempeño económico de un país puede explicarse por una única institución. Pero contar con una moneda más estable reduce la incertidumbre, permite planificar y favorece las inversiones de largo plazo. Una empresa difícilmente ampliará una fábrica o incorporará
trabajadores cuando no sabe cuánto valdrán sus ingresos, sus costos o sus ahorros dentro de algunos meses.
Al mismo tiempo, la falta de confianza también ayuda a entender por qué tantos argentinos prefieren guardar sus ahorros en dólares fuera del sistema financiero en lugar de invertirlos en viviendas, empresas, tecnología y empleo. La inversión en Argentina representa el 18% del producto, contra 24% en Perú.
El desafío federal
La independencia del Banco Central es una condición importante, pero no garantiza por sí sola la estabilidad. Una ley puede prohibir la emisión para financiar al Tesoro, pero otra ley posterior podría volver a autorizarla.
Para que la reforma sea creíble, debe estar acompañada por reglas que aseguren el equilibrio fiscal. Y allí aparece una diferencia clave con Perú: Argentina es un país federal.
La Nación, las provincias y los municipios recaudan, gastan y prestan servicios, muchas veces con funciones e impuestos superpuestos. Si alguno de estos niveles acumula déficits insostenibles, la presión para recurrir nuevamente al Banco Central reaparecerá.
La crisis de 2001 dejó una advertencia. Parte del desequilibrio se originó en las cuentas provinciales y terminó afectando a todo el sistema económico. Por eso, además de reformar el Banco Central, se necesita un acuerdo entre la Nación y las provincias que ordene responsabilidades, impuestos y gastos.
Dar autonomía al Banco Central y prohibir el financiamiento del déficit son pasos en la dirección correcta. También es razonable impedir que se utilicen controles cambiarios y múltiples tipos de cambio como respuestas permanentes.
Pero el verdadero desafío es más amplio: construir instituciones que obliguen a todos los niveles del Estado a administrar de manera responsable. Sin orden fiscal, la independencia puede quedar reducida a una promesa. Con cuentas públicas sostenibles, en cambio, puede convertirse en uno de los pilares para recuperar la confianza, aumentar la inversión y volver a crecer.
