El sector público nacional lleva dos años de estricta disciplina fiscal. De déficits fiscales crónicos y elevados se pasó a superávits financieros de 0,3% y 0,2% del PBI en 2024 y 2025, respectivamente. Esta situación se mantiene también en los dos primeros meses de 2026. La base de esta recomposición de las finanzas públicas nacionales fue la fuerte reducción del gasto público real en 2024 y su sostenimiento durante 2025 y lo que va de 2026. Pero esta calma en las finanzas nacionales no encuentra un correlato claro en las provincias.
¿Qué viene pasando con las provincias?
La situación de las provincias es más difícil de evaluar por las limitaciones y demoras en la difusión de la información. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Economía todavía no pudo recopilar los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Si bien en el marco del régimen federal las provincias son autónomas y responsables de las consecuencias de sus decisiones, la transparencia en la difusión de información completa y actualizada sobre las finanzas públicas es un tema de alta trascendencia que merece mayor cuidado y atención.
Debido a estas limitaciones, las tendencias en el gasto público provincial pueden trazarse tomando la información de los tres primeros trimestres de cada año para 23 provincias. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación, al observar los cambios en los principales componentes del gasto público provincial surge que el gasto en personal bajó 19% en 2024 y subió 10% en 2025; el gasto previsional cayó 17% en 2024 y aumentó 14% en 2025; y la inversión pública se redujo 52% en 2024 y luego creció 38% en 2025.
Estos datos muestran que en 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente en los primeros meses de ese año. Pero a medida que la inflación baja, ese proceso comienza a revertirse. La tendencia hace presumir que muchas provincias cerrarán 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, 2026 podría mostrar déficits en la mayoría de las jurisdicciones. Se trata de un fenómeno con derivaciones fuertes y riesgosas para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno nacional.
El frente pendiente de las finanzas provinciales
El antecedente de los últimos años de la convertibilidad deja una enseñanza clara: cuando los desequilibrios de las provincias se generalizan y se vuelven persistentes, terminan impactando en la macroeconomía. De incidencia más inmediata son los obstáculos que esta dinámica negativa de las finanzas públicas provinciales impone sobre la competitividad de la producción nacional. Con una situación fiscal precaria, lo más probable es que, en lugar de avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos, el impuesto sobre los Sellos y las tasas municipales sobre las ventas, la tendencia sea a incrementar estas imposiciones, agravando los problemas de competitividad. Además, las provincias son responsables de una parte importante de la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de la producción, que en las actuales condiciones fiscales difícilmente mejore.
La encrucijada que enfrentan las finanzas públicas provinciales y municipales no se resolverá de manera espontánea ni por la vía de la confrontación. Por eso, resulta clave un cambio de estrategia que induzca un profundo ordenamiento de la organización del sector público. Un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las provincias permitiría establecer una distribución más precisa y clara de las responsabilidades y de las potestades tributarias. Esto ayudaría a eliminar solapamientos, tanto de tributos como de gastos, que hoy constituyen una de las principales fuentes de ineficiencia. Los acuerdos deberían incluir también la coordinación de un ordenamiento previsional, ya que se trata de un componente del gasto desestabilizante tanto para la Nación como para la mayoría de las provincias.
Preservar el equilibrio fiscal y aumentar la competitividad son claves para el éxito del programa económico. Para esto no alcanza con cambios a nivel nacional. Necesariamente hay que involucrar a los tres niveles de gobierno. Esto no se logrará con excusas ni imputando culpas, sino con una inteligente estructuración de políticas públicas coordinadas.
