Descentralización vial. La Provincia se concentra en la 19: no tomará a su cargo otras rutas nacionales

La semana pasada se publicó el decreto 253/2026, a través del cual el gobierno de Javier Milei habilitó un esquema de descentralización de la gestión de rutas nacionales en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

El objetivo de la Nación no es “transferir” las rutas, sino delegar por 30 años funciones operativas y habilitar concesiones provinciales de esas rutas nacionales: una suerte de descentralización funcional, donde la Nación se corre de la gestión directa.

En los hechos, la Nación se corrió de su obligación de mantener la red vial nacional el 10 de diciembre de 2023: desde el inicio de la gestión libertaria no hubo nuevas obras y solo se realizó mantenimiento mínimo y muy sectorizado. Hace más de un año se anunció la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que todavía no termina de implementarse, y ahora Milei propone que las provincias apliquen esquemas de peaje y concesión definidos localmente sobre esas rutas que Vialidad Nacional no atiende.

El Gobierno de Santa Fe consideró positiva y necesaria esa posibilidad, aunque advirtió sobre la falta de precisiones sobre el financiamiento. En cambio, la respuesta del gobierno de Martín Llaryora a la consulta sobre la posible aplicación de ese esquema en Córdoba fue negativa: la Provincia ya asumió a su costo la finalización de la autopista de la ruta 19 y no analiza, por ahora, la posibilidad de asumir el mantenimiento de otras rutas que son responsabilidad de la Nación.

Recalcaron que el decreto reciente habla de convenios individuales por tramos concretos con Vialidad Nacional y no menciona en ningún momento la participación nacional en el financiamiento de las obras de acondicionamiento de las rutas, que serán millonarias dado el estado de deterioro que presentan muchas de ellas.

El esquema solo sería factible atado a una negociación que garantice los recursos necesarios, de lo contrario es imposible porque la Provincia ya asume numerosas responsabilidades de la Nación sin la correspondiente transferencia de fondos", indicaron desde el Panal.

Reiteraron, además, el reclamo por la distribución de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación debe destinar a las rutas y de los recursos vinculados a fideicomisos de infraestructura. En ambos casos, se trata de fondos que desde 2024 quedan mayormente en manos de la Nación, mientras las rutas se deterioran.

Córdoba fue la primera provincia que, hace casi dos años, firmó con la gestión Milei un convenio a los fines de completar con recursos provinciales la autopista Córdoba-San Francisco (RN19), iniciada por la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y luego abandonada. La construcción de esos 62,9 kilómetros faltantes tiene un costo de $ 191.166 millones, está siendo financiada por la Provincia y depende operativamente de Caminos de las Sierras.

En la provincia consideran que el reciente decreto de Milei podría servir para terminar de regularizar la situación de esa ruta nacional, que en los papeles no fue transferida, pero donde Córdoba está haciendo una inversión millonaria ante el abandono de la obra por parte de la Nación.

A poco de asumir, Milei anunció un plan para pasar a manos privadas –o renovar las concesiones existentes– 9.000 kilómetros de rutas, entre ellas, todas las de alto tránsito. Lo real es que ese proyecto se encuentra aún en etapa preliminar, con avances normativos y, en algunos casos, con licitaciones, pero sin despliegue operativo que implique una mejora concreta en el estado de las rutas.

Días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las obras para la mejora de esos 9.000 kilómetros comenzarán a mediados de año y también anunció que en breve serán licitados otros 12.000 kilómetros de rutas para el mantenimiento a través del cobro de peajes.