Naranjitas. La propuesta de la Iglesia: zonas habilitadas, pago al final y cooperativas
Santiago Oliva, delegado de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, expuso ante los legisladores en la Unicameral. La posutra no fue una oposición cerrada al proyecto, sino que se aportaron alternativas.
La Iglesia Católica de Córdoba expuso este lunes en la Comisión de Seguridad de la Legislatura y fijó una posición crítica frente al proyecto que busca prohibir la actividad de los naranjitas ilegales y limpiavidrios. Pero no fue una postura cerrada, sino que se propusieron algunas alternativas para que la actividad siga adelante.
La intervención estuvo a cargo de Santiago Oliva, delegado de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, quien planteó que la iniciativa no resuelve el problema de fondo y advirtió que puede agravar la exclusión social.
Oliva habló en nombre de un trabajo previo que la Iglesia realizó junto a la Vicaría de los Pobres, con participación de legisladores, organizaciones sociales, cooperativas y trabajadores de la vía pública. Desde ese recorrido, sostuvo que el fenómeno debe ser abordado de manera integral, con eje en los sectores más vulnerables y no desde una lógica de prohibición general.
El diagnóstico que presentó ante los legisladores partió de un contexto más amplio. Señaló que existe una cantidad creciente de personas que quedan fuera del sistema económico y social y que encuentran en estas actividades una forma de subsistencia.
En ese marco, ubicó a los naranjitas como parte de una problemática estructural que excede a una gestión y que se vincula con décadas de dificultades para generar inclusión sostenida.
El representante de la Iglesia reconoció que en la actividad existen situaciones de conflicto, con casos de extorsión, abusos y delitos. Sin embargo, dejó en claro que esos hechos no pueden justificar una prohibición total. Sostuvo que las conductas ilegales deben ser perseguidas por la Policía y la Justicia, pero sin trasladar esa lógica a todos los trabajadores.
También subrayó que, para muchas personas, se trata de su única fuente de ingresos y que en numerosos casos se realiza con responsabilidad.
Esquema de regulación
Frente a ese escenario, Oliva propuso avanzar en un esquema de regulación clara y transparente, con reglas conocidas para todos los actores. Enumeró una serie de criterios que, según planteó, permitirían ordenar la convivencia en el espacio público.
Entre ellos, definir zonas habilitadas para el cobro, establecer montos, identificar a los trabajadores, fijar horarios y evitar superposiciones de sistemas.
También planteó la necesidad de que el pago se realice al final del estacionamiento, de establecer topes en eventos masivos y de garantizar canales ágiles de denuncia.
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La propuesta incluyó un rol activo del Estado en el control, pero también en la construcción de alternativas. En ese punto, la Iglesia puso el foco en las cooperativas como herramienta de organización del trabajo y de inclusión social. Oliva señaló que estos esquemas permiten acceso a beneficios, capacitación y una mayor integración comunitaria, al tiempo que ordenan la prestación del servicio.
El planteo fue más allá de la regulación y avanzó sobre el perfil del propio trabajador. La Pastoral Social propuso una reconversión del rol del naranjita hacia una figura con funciones ampliadas en la vida urbana. En esa línea, se mencionó la posibilidad de que actúen como nexo con servicios públicos, fuerzas de seguridad y sistemas de emergencia, transformándose en actores con capacidad de aportar valor en el territorio.
Oliva también hizo hincapié en la necesidad de acompañamiento social. Sostuvo que muchos de los trabajadores atraviesan situaciones complejas, vinculadas al consumo problemático, la falta de redes familiares o la salida reciente de contextos de marginalidad. En ese sentido, advirtió que los procesos de capacitación e inserción laboral no son lineales y que requieren un trabajo sostenido.
Planteó que, sin ese abordaje, la prohibición puede dejar a más personas en una situación límite.
Prohibir no soluciona
En el tramo final de la exposición, el delegado de la Pastoral Social fue explícito. Señaló que la prohibición no es una solución y que el riesgo es generar mayor cantidad de personas acorraladas, sin alternativas reales de subsistencia. Insistió en que el abordaje debe ser comunitario y orientado a la inclusión, con participación de distintos actores sociales.
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La intervención de la Iglesia reeditó un antecedente cercano. En diciembre pasado, el posicionamiento del Arzobispado ya había incidido en el freno de una iniciativa similar, cuando el Gobierno provincial decidió dar marcha atrás con el tratamiento. Ese antecedente volvió a proyectarse sobre el debate actual, que el oficialismo busca cerrar esta semana con la aprobación de la ley impulsada por el legislador Oscar Agost Carreño.
El proyecto mantiene la idea de prohibir la actividad por defecto, aunque habilita a los municipios a definir esquemas de regulación. También prevé incorporar un capítulo social, en respuesta a críticas como las que volvió a plantear la Iglesia.
Con ese telón de fondo, la exposición de Oliva no solo fijó una postura institucional sino que volvió a instalar el eje de la discusión. La tensión entre orden público y contención social quedó nuevamente en el centro del debate legislativo.
