Naranjitas. Llaryora tiene los votos para "prohibirlos", pero deberá escuchar las críticas de la Iglesia

Este lunes comenzará a tratarse en la Legislatura provincial la ley para prohibir la actividad de los “naranjitas” ilegales y limpiavidrios, una problemática que afecta particularmente a la ciudad de Córdoba.

El plan del Gobierno provincial es que la sanción se dé el miércoles próximo, con una mayoría sostenida. De hecho, el principal proyecto que llegará el recinto es el impulsado por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, el que será compatibilizado con otras iniciativas similares.

Más allá de lo que suceda en el recinto, la Iglesia Católica cordobesa expondrá sus críticas a la prohibición y reclamará una mirada amplia sobre la problemática que suele incluir situaciones de extrema vulnerabilidad y adicciones.

Fue la Iglesia la que a fines del año pasado hizo retroceder a Llaryora en su pretensión de prohibir a los naranjitas. Como se recordará, el gobernador habilitó el tratamiento de la ley, pero hizo marcha atrás cuando las comisiones estaban reunidas.

Ahora, el oficialismo le incorporaría un “capitulo social” a la normativa, aunque la letra chica del alcance de la prohibición y la regulación del estacionamiento medido quedará a cargo de los municipios.

En ese sentido, el pasado domingo a la tarde, cuando Llaryora anunció que habilitaba el tratamiento de la ley, dijo que “serán los municipios los que definan si autorizan o no la actividad de los naranjitas en sus jurisdicciones”.

El legislador Agost Carreño (PRO) y el vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco, participaron del programa Voz y Voto que es emitirá este sábado por El Doce (desde las 19.45); un adelanto de los argumentos que expondrán los impulsores de la nueva normativa y la Iglesia cordobesa entre el lunes y el miércoles.

En ese marco, Agost Carreño detalló que el proyecto de ley que llegaría al debate prohíbe la actividad por defecto, pero deja abierta la posibilidad a cada ciudad para regular –vía ordenanza– el cobro del estacionamiento medido, incluyendo la posibilidad de hacerlo mediante el pago a personas.

“Los municipios deben resolver el ordenamiento del espacio público. La ciudad de Córdoba ya tiene una ordenanza que regula la actividad de los naranjitas, pero la ley le dará a la Policía herramientas para resolver este conflicto al prohibir el pago voluntario que estableció oportunamente el peronismo y abrió una zona gris conflictiva”, dijo Agost Carreño al explicar el corazón de su proyecto.

Agost Carreño adelantó que el texto final tendría un “capítulo social” para atender a los cientos de limpiavidrios y naranjitas ilegales.

Munir Bracco, vocero del Arzobispado cordobés, opinó que “la prohibición total no es una solución de nada” y adelantó que la Iglesia propondrá un marco regulatorio en el cual “esté claro cuáles son las zonas, qué identificación deben tener los naranjitas, un registro de quiénes son, cómo será el cobro y cuál el monto”.

“Con las cooperativas no hay problemas. No es lo mismo dejar el auto donde hay un naranjita de donde no lo hay. En los barrios, en instituciones, en clubes, la gente los conoce y cumplen una función y dan un servicio”, dijo Bracco.

Y remarcó: “Sabemos que hay extorsión y delitos, lo sabemos. Pero ese tema debe ser abordado desde la Justicia y la Policía, es un tema social, porque el delito está en los naranjitas, en la política, en el periodismo, en la AFA, en ámbitos religiosos. No vamos a creer que sacando a los naranjitas se va a eliminar el delito. Si hay delito, si hay corrupción, deben intervenir la Policía y la Justicia; pero no se puede meter a todos en la misma bolsa”.

Además, Bracco reflexionó sobre el pago por el uso del espacio público: “A veces me quejo de darle un mango a alguien, pero no me quejo de pagar el ‘parquímetro’ (por la aplicación)”.

Aunque el legislador del PRO valoró la coincidencia con el sacerdote respecto de la “necesidad de ordenar y sacar al mal naranjita”, aprovechó para facturarle al PJ el “error” que cometió el oficialismo al habilitar el “pago voluntario” a los naranjitas ilegales en el actual Código de Convivencia.

“Se cayó en un gris porque el peronismo quiso esconder el problema social debajo de la alfombra” –dijo Agost Carreño– “hoy la crisis nacional impacta en el bolsillo, hay desempleo, y mucha gente sale a bancarse como puede”.

Por lo pronto, aunque la ley sea aprobada por la Unicameral, el debate seguirá en el Concejo Deliberante respecto la habilitación de los naranjitas.

De hecho, Llaryora anticipó que “en los casos en que se permita, deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control;donde no estén autorizados, la actividad estará prohibida”.

En un mismo sentido, Agost Carreño dijo que “no es lo mismo ciudad de Córdoba con su conflictividad social que un balneario que tiene actividad turística tres meses al año; es un ordenamiento que deben hacer los concejos deliberantes”.

“Una cosa es la crisis social, donde el Gobierno tiene que actuar con la asistencia social, y otra cosa es el orden público. Ordenar es para saber quién está haciendo las cosas bien y quién las está haciendo mal. Pero no podemos ‘fingir demencia’ con una situación que está pasando en las calles”, agregó.

Pensando en lo que viene, Agost Carreño advirtió que Daniel Passerini deberá hacerse cargo de promover una ordenanza que regule el espacio público y de pedirle a la Policía que actúe para ordenarle la vida a la gente”.