Usurpación. Procesaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón y le trabaron un embargo
El juez federal Sebastián Ramos lo procesó por presunta violación de domicilio y resistencia a la autoridad en la causa por la ocupación del edificio en junio de 2025. También dispuso un embargo de $ 5 millones.
El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois fue procesado por el juez federal Sebastián Ramos en la causa que investiga la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio de 2025. Además, la Justicia ordenó un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.
La resolución alcanza también al militante Valentín Peralta y considera acreditado, en esta etapa del proceso, que ambos ingresaron sin autorización al edificio que dependía del Ministerio de Capital Humano y permanecieron allí durante el operativo de desalojo.
Según la investigación judicial, durante la ocupación se registraron incidentes con efectivos de la Policía Federal, daños en las instalaciones y policías que sufrieron lesiones.
Los delitos por los que fue procesado
El magistrado procesó a Grabois por los presuntos delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, al considerar que existen pruebas suficientes para avanzar con la causa.
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En la resolución, basada en testimonios, fotografías y registros audiovisuales, el juez sostuvo que el dirigente permaneció en el edificio durante aproximadamente dos horas e "incitó a la permanencia ilegítima y a la agresión al personal policial", hechos que deberán seguir siendo analizados durante el proceso judicial.
Respecto de Peralta, el fallo le atribuye haber agredido físicamente a efectivos que participaban del desalojo.
Qué respondió la defensa
Los abogados de Grabois rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el dirigente se encontraba en el lugar únicamente en su condición de abogado de la Cooperativa de Trabajo "Lo de Néstor", que administraba el bar "Un Café con Perón", ubicado junto al instituto.
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También afirmaron que no participó de ninguna toma del edificio y durante la investigación promovieron distintos planteos de nulidad y apelaciones contra las medidas adoptadas por el juzgado.
La defensa mantiene, además, un recurso pendiente ante la Corte Suprema vinculado al teléfono celular secuestrado durante la detención del dirigente, cuya apertura fue solicitada por la fiscalía para analizar las comunicaciones relacionadas con los hechos investigados.
Cómo sigue la causa
La denuncia fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano tras la ocupación del edificio, que había sido disuelto por decisión del Gobierno nacional.
La cartera conducida por Sandra Pettovello continúa solicitando medidas de prueba para identificar a otros participantes del episodio ocurrido en junio de 2025.
El procesamiento no implica una condena, sino que representa una decisión judicial que considera reunidos elementos suficientes para continuar la investigación hacia una eventual instancia de juicio, mientras la causa sigue su trámite en la Justicia Federal.
