Elecciones. El PRO empieza a discutir cuál será su estrategia electoral para retener Marcos Juárez

Comienzan las negociaciones en el partido amarillo para definir si habrá alianza con La Libertad Avanza y resolver la pelea entre Pedro Dellarossa y Sara Majorel.

26 de mayo de 2026 a las 04:26 p. m.
El PRO empieza a discutir cuál será su estrategia electoral para retener Marcos Juárez
Pedro Dellarossa, Luis Juez y Sara Majorel, en 2022.

A 43 días del vencimiento del plazo para inscribir las alianzas electorales que competirán en la elección municipal de Marcos Juárez, trámite que debe cumplimentarse el 8 de julio, el PRO debe definir qué hará en la ciudad que, al menos por ahora, es su bastión.

Resuelta la compleja interna partidaria, Oscar Agost Carreño y Laura Rodríguez Machado sentaron en el sillón de la presidencia partidaria a Oscar Tamis, en un acuerdo que tiene como denominador común morigerar la incidencia de Mauricio Macri en Córdoba.

Aunque se trata de una elección municipal, la estrategia está en manos del Congreso Provincial del PRO, que es el órgano partidario que define los términos de un eventual acuerdo con La Libertad Avanza, el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical.

O, por el contrario, podría optar por "una patriada" y decida reorganizar en torno al sello PRO al sistema que orbitó como Juntos por el Cambios. Una lista pura amarilla.

Las dos peceras

Sara Majorel y Pedro Dellarossa, en 2022.
Sara Majorel y Pedro Dellarossa, en 2022. (La Voz)

En las dos últimas elecciones municipales, el peronismo de Marcos Juárez cosechó el 37,5 por ciento de los votos. 6.208 con Eduardo Foresi y 6.257 por ciento con Verónica Crescente, en 2022.

De la misma manera, el esquema no peronista, aquel que gobierna la ciudad del sudeste, obtuvo 52,5 por ciento: fueron 8.648 con Pedro Dellarossa y 8.965 con Sara Majorel, la actual intendenta. Los números hablan por sí solos.

La incógnita es si el electorado no peronista de Marcos Juárez se quiebra. Por eso es clave la fecha de 8 de julio y la ingeniería que se arme hasta esta fecha. Luego, habrá un mes para definir los candidatos: la fecha límite para inscribirlos es el 7 de agosto.

Desde la conducción del PRO delegaron en Francisco Iser, el intendente de General Roca, el inicio de gestiones para buscar un entendimiento entre Dellarossa y Majorel, quienes se distanciaron cuando el primero se incorporó al esquema del Gobierno provincial, como ministro de Industria y director del Banco de Córdoba.

Para Laura Rodríguez Machado, tropa de Patricia Bullrich y socia en la conducción del PRO Córdoba, el foco está en la ingeniería electoral: "Tenemos que hacer un esfuerzo de ir todos juntos. Quienes no lo hagan, estarán facilitando al peronismo un eventual triunfo. Quizá la estrategia del peronismo sea dividirnos vía la discusión sobre quién debe ser el candidato, si Pedro o Sara".

Aunque Oscar Agost Carreño guarda silencio, de sus movimientos se desprende que para él lo primordial en esta etapa es que Dellarossa y Majorel estén en la misma sintonía, una condición que le permitiría al PRO negociar en mejor relación de fuerza los términos de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (y el Frente Cívico).

Aquí sobrevuela una discusión entre los dos socios: Rodríguez Machado parece más proclive a integrar el frente con La Libertad Avanza como marca, mientras que Agost Carreño propicia "ni libertarios, ni peronistas".

El peronismo, otra incógnita

Verónica Crecente, de Marcos Juárez.
Verónica Crecente, de Marcos Juárez. (La Voz)

El peronismo asoma como probable candidato German Font, secretario de Coordinación y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Producción. Sin embargo, el riesgo es dividir el voto peronista de aquella ciudad. El objetivo de El Panal es que la oposición provincial (que es oficialismo en Marcos Juárez) no celebre, y Verónica Crescente aparece con la base electoral para cumplir esa misión.

Por ahora, sí hay una embestida del Gobierno provincial contra dos cuestiones concretas que pegan en la línea de flotación de La Libertad Avanza en el sur provincial: la tensión que genera la crisis del Pami con sus prestadores y la modificación del régimen de zonas frías.