Medida. Privatización de Aysa: el Gobierno aprobó el nuevo contrato para la concesión del servicio
A través de la Resolución 543, se oficializó el modelo de contrato que cede el control del 51% de las acciones estatales. El plazo de explotación es de 30 años en el Amba.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) mediante la aprobación de los nuevos contratos de concesión y transferencia de acciones. La medida fue oficializada este martes con la publicación de la Resolución 543 en el Boletín Oficial.
El documento establece que el Estado Nacional se desprenderá de la mayoría accionaria de la firma que presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El proceso se enmarca en lo definido por la Ley Bases de 2024, que facultó al Ejecutivo para avanzar en la privatización de la entidad.
Alcance y plazos de la concesión
El nuevo contrato estipula un plazo de concesión de 30 años para la provisión del servicio público, con la posibilidad de una prórroga adicional de hasta 10 años. Durante este periodo, la empresa mantendrá la explotación exclusiva en el área regulada, que incluye la Ciudad de Buenos Aires.
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Además de la Capital Federal, la concesión abarca a 26 municipios del conurbano bonaerense, entre los que se destacan La Matanza, Quilmes, Avellaneda y Lomas de Zamora. También se incluyen distritos como General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
El esquema de privatización prevé una transferencia por etapas del paquete accionario que actualmente posee el Estado, equivalente al 90% del total de la compañía. En esta primera instancia, el proceso se centrará en el 51% de las acciones que otorgan el control operativo al nuevo prestador.
Venta de acciones en la Bolsa
Para una segunda etapa, el Gobierno tiene planificado lanzar una oferta pública inicial (IPO) con el objetivo de colocar el 39% restante de las acciones estatales en la Bolsa. El 10% restante de la propiedad de la empresa continuará en manos de los trabajadores a través del programa de propiedad participada.
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Con la aprobación de este documento, Aysa queda obligada a cumplir estrictamente con el Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta el cierre del presente año. Aquellas metas u obligaciones que no se logren concretar deberán ser incorporadas al primer ciclo tarifario proyectado para el periodo 2027/31.
Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la prioridad absoluta de la iniciativa es asegurar la continuidad ininterrumpida de la prestación del servicio. La cartera económica deberá dictar todas las normas complementarias necesarias para que la privatización no afecte a los usuarios.
