Al amparo del creciente influjo mundialista, en Córdoba se estableció una dinámica que por momentos equilibró escándalos, acciones impresentables, avances políticos sobre la Justicia e irregularidades de primer orden al amparo del poder, en una secuencia que distribuyó impacto político entre el peronismo cordobés y sus opositores. Con Manuel Adorni en escena, los interesados en suceder a Martín Llaryora tuvieron las lenguas trabadas. Eso cambiará, tras la renuncia del funcionario nacional.
En el último mes, hubo una larga y degradante pulseada por el impacto de dos hechos de magnitud política extraordinaria: la exasperante tolerancia que mostró el presidente Javier Milei ante la turbia situación patrimonial de su ahora exjefe de Gabinete y el submundo político que dejó a la vista en Córdoba el atroz femicidio de Agostina Vega.
Un permanente empate de calamidades, en el que cada sector intentó eludir responsabilidades propias señalando las ajenas. El resultado de esa dinámica es el peor posible: los desastres propios se relativizan por los dislates mayores que muestra el adversario; o los que provocó en el pasado. Y en cada una de esas justificaciones amañadas, la escena se degrada más. Después de tres meses y medio, Milei busca dar un corte a ese proceso con la salida de Adorni; hay que ver si lo logra a nivel nacional.
En la política de Córdoba, esa decisión tiene alto impacto: respiran los aliados cordobeses del Gobierno libertario, y también los que aspiran a serlo. Podrán salir otra vez a cuestionar a Martín Llaryora y a los 27 años de peronismo cordobés sin recibir sistemáticas objeciones por no cuestionar a Adorni. Se preocupan los peronistas: será más difícil buscar el empate en la discusión pública sin los goles en contra el exvocero presidencial.
Lo real es que, ahora sin Adorni, igual se multiplican en Córdoba los frentes donde los hechos son tan impresentables de un lado como del otro. Repasemos tres episodios de esta semana.
Cada cual con su Justicia
El avance político del llaryorismo sobre el Poder Judicial de Córdoba se observa por varias vías. La creación de nuevos cargos de máxima jerarquía y los movimientos para cubrir esos cargos tienen objetivos estratégicos, y uno de los principales es tomar el control del Ministerio Público Fiscal. Llaryora propuso al actual fiscal General, Carlos Lezcano, y ahora –al ascender a Bettina Croppi al flamante sillón de la Procuración Penitenciaria– nombró al sanfrancisqueño Néstor Gómez como fiscal adjunto.
No son tantos los llaryoristas de origen. Gómez sí lo es: acompaña al actual gobernador desde su paso por el municipio de San Francisco. También designó como defensor general adjunto a Jorge Folloni, quien llegó a la función pública con Llaryora. Hay gran expectativa en el Panal por la cobertura del Juzgado Electoral y son incesantes las designaciones asociadas a la creación de nuevas fiscalías. El remanido chascarrillo sobre la coincidencia de iniciales entre Poder Judicial y Partido Justicialista nunca se usó tantas veces.
Pero también hay movimientos muy importantes en la Justicia federal de Córdoba, y en ese caso la oposición actúa como si la política nada tuviera que ver con esas decisiones. Ya fueron al Senado el pliego para la designación de Facundo Cortés Olmedo como integrante de la Cámara Federal de Córdoba, y también el de María Soledad Mancini. Ambos lograron el aval de Karina Milei, pero Cortés Olmedo además viene de ser apoderado del Comité Provincia de la UCR y representante del radicalismo en el Ersep, y goza de una coincidencia familiar sorprendente: dará el salto poco después que su primo, el diputado libertario Gonzalo Roca, quien integra el Consejo de la Magistratura, al igual que el senador Luis Juez.
Las críticas constantes –y certeras– de la oposición sobre "el PJ" de Córdoba serían mucho más convincentes si en ese edificio del Parque Sarmiento no abundaran los hijos o parientes de muchos de ellos. La transparencia es selectiva. También es selectiva la Policía Caminera: se le pasó por alto informar la existencia de una camioneta que quedó abandonada tras protagonizar un siniestro en Circunvalación y Camino a San Carlos, en el sur de la Capital provincial, y que era conducida por el camarista Abel Sánchez Torres. Se suceden los escándalos en el principal tribunal federal de Córdoba.
La precariedad de hoy y el acomodo de ayer
El otro frente donde lo que se hace y lo que se cuestiona terminan con frecuencia en el mismo lodo es el empleo en el municipio capitalino. Mientras sea Luis Juez quien lleve la batuta por la radiografía de precariedad y descontrol que evidenció el paso del presunto femicida Claudio Barrelier por el municipio, Daniel Passerini tendrá argumentos para cambiar de tema.
Con el planificado descontrol de la noche cordobesa, que lleva décadas, pasa algo muy parecido: se impone la dialéctica de lo malo contra lo peor. El peronismo abusa de esa metodología a menudo, y el jueves pasado eso ocurrió en el Concejo Deliberante capitalino: el oficialismo presentó dos pedidos de informes dirigidos a la Justicia Electoral para conocer quiénes financiaron las campañas electorales de Juez en 2003 y 2007, a los efectos de vincularlo con empresarios de la noche que dicen haber colaborado. El peronismo retrocedió cuando el juecismo tomó la delantera para que se aprueben los pedidos de informes: el oficialismo no tiene margen para la picardía.
¿Créditos para todos?
Llaryora no habló de Adorni ni se entusiamó con los pedidos de renuncia que encabezó Juan Schiaretti en nombre de los legisladores cordobesistas (tres de ellos faltaron en la sesión clave en Diputados). El diputado libertario Gabriel Bornoroni, casi seguro candidato a gobernador por La Libertad Avanza, tampoco suele sumarse a las críticas juecistas y deloredistas al peronismo cordobés: tan sólo cuestiona la presión impositiva.
La semana pasada Bornoroni mostró otra carta de su armado territorial: una inédita postal que incluyó a la cúpula del Banco Nación ofreciendo créditos y soluciones de gestión a intendentes cercanos a La Libertad Avanza. El comunicado anunciaba "hasta 300 millones de pesos por municipio" y no aclaraba si esos beneficios están disponibles para todos los municipios y comunas o sólo para los intendentes que trabajarán para Bornoroni. ¿Se viene un “plan platita” libertario? ¿No estaba mal cuando lo hacía el kirchnerismo?
Con la renuncia de Adorni, se altera el equilibrio entre lo malo y lo peor en la discusión pública. Todo lo demás sigue igual en la política de Córdoba: no está fácil la prueba de la blancura.
