Violencia de género. El polémico proyecto sobre falsas denuncias fue modificado y apuntan a votarlo el 6 de agosto

El polémico proyecto de la senadora radical Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, violencia familiar contra menores y delitos contra la integridad sexual fue modificado y el oficialismo quiere votarlo el 6 de agosto, al regreso del receso invernal. La autora de la iniciativa confía en que los cambios ayudarán a reunir los votos, aunque no consigue apoyo dentro de su propio partido, la UCR.

El texto tiene dictamen de comisión desde el 8 de abril, pero estaba trabado por falta de acuerdos. Losada negoció con Patricia Bullrich y otros senadores de distintos bloques una nueva versión, a la que accedió La Voz, que incluye agravantes por falsas denuncias en delitos dolosos (no solo violencia de género) y si tienen como consecuencia que el acusado haya ido preso o haya sido desvinculado de sus hijos.

El delito de falsa denuncia a nivel general ya está contemplado en el artículo 245 del Código Penal, con prisión de dos meses a un año o una multa mínima. El nuevo proyecto de Losada mantiene la idea de elevar esa pena de uno a tres años de cárcel, y agrega una multa que no estaba en la versión original, equivalente a 75 salarios mínimos vitales y móviles (unos $27.930.000 a valores de julio).

Pero además, en la nueva redacción aparecen dos escalas de agravantes. En primer lugar, cuando la imputación se refiera a “delitos dolosos graves” o que tengan como víctimas a menores de edad o “personas vulnerables”, la pena será de dos a cinco años de prisión. Aunque no se menciona, los críticos del proyecto interpretan que la penalidad está dirigida a las denuncias de violencia de género y de las “madres protectoras” hacia los progenitores abusadores.

La segunda escala de agravantes que se agregó aplica una pena de tres a seis años de prisión (no excarcelable) “si la falsa denuncia hubiese resultado en la detención de la persona ofendida, o si hubiere implicado la restricción judicial de derechos de carácter patrimonial o familiar como consecuencia de ello”.

“Siempre tiene que ver con la intencionalidad, o sea, se tiene que demostrar que se mintió a propósito para hacer un daño directo a la otra persona. De tres a seis años es para cuando esa persona falsamente imputada a partir de esa falsa denuncia, hubiera ido a prisión, visto afectado su patrimonio o sido desvinculado de los hijos”, explicó Losada a La Voz.

Complementariamente, el proyecto aumenta las penas por falso testimonio (artículo 275 del Código Penal) de uno a cuatro años (hoy van de un mes a cuatro años) al “testigo, perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad, o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Además, “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de reclusión o prisión; excepto que haya sido cometido en causas criminales por delitos dolosos graves, o que tengan como víctimas a menores de edad o personas vulnerables, o hubieren tenido por consecuencia la detención del inculpado, en cuyo caso la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión”.

Losada destaca que la nueva redacción es superadora de la anterior y que consolida los votos de cara a la sesión prevista para el 6 de agosto. No obstante, en la propia Oficina de Violencia de Género (OVG) de la UCR dijeron a La Voz que los cambios “empeoraron” el proyecto, que de por sí ya rechazaban. Preocupados por el desenlace en el recinto, reclaman una discusión a la luz pública y con participación de expertos.

“El Código Penal argentino ya contempla sanciones para quienes formulen denuncias falsas, y no existe ninguna evidencia que justifique la incorporación de un agravante específico vinculado a casos de violencia de género o contra personas menores de edad”, sostuvo la OVG en un documento que firmaron más de 1.500 dirigentes radicales de todo el país.

Las denuncias falsas representan, según ONU Mujeres (2024), menos del 1% de los casos a nivel mundial. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó que en 2025 sólo el 18% de las mujeres que fueron asesinadas había denunciado al victimario, y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho. “Las víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o falta de acceso a la Justicia”, subrayó el organismo de género de la UCR.

Los detractores del proyecto de Losada advierten sobre “una creencia de que las mujeres que denuncian falsamente, y sobre todo las ‘madres protectoras’, o sea las que han tenido problemas con abuso, violación o violencia familiar contra sus hijos, han denunciado y han conseguido condenas por esas denuncias”. Las sospechas apuntan al lobby de la organización antifeminista “Varones Unidos”.

Otra de las advertencias es que el proyecto de Losada “desfigura” la ley que en 2018 declaró al abuso sexual infantil como un delito de orden público, con lo cual hoy el deber de denunciar ya no recae solo al interior de la familia sino que puede hacerlo un profesional (una maestra o un psicólogo, por ejemplo) que advierta la situación. Pronostican que ante el temor de un diagnóstico errado o de no reunir las pruebas suficientes, habrá aún menos denuncias.