Dictadura en Argentina. Pidieron 25 años de prisión para un exoficial de inteligencia por el secuestro de 179 personas en la Esma

El fiscal Félix Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y la auxiliar fiscal de esa dependencia, Marcela Obetko, solicitaron 25 años de prisión para el exoficial de inteligencia de la Prefectura e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada Gonzalo “Chispa” Sánchez por haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Durante el alegato, consideraron al imputado como autor de la privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por haber sido por cometido por funcionario público, por mediar violencias y amenazas y por su duración de más de un mes, perpetrado en forma reiterada en 179 hechos.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, integrado por la jueza Adriana Palliotti y los magistrados Daniel Obligado y Germán Castelli, mientras que como cuarto juez se encuentra Néstor Guillermo Costabel, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Crous y Obetko sostuvieron que Sánchez, quien estuvo varios años prófugo, “participó de modo directo” en los crímenes que se cometieron en el centro clandestino de detención y detallaron que el acusado fue un destacado y notorio miembro del grupo operativo. Además, indicaron que cumplió la función de enlace entre la Prefectura y la Armada entre 1976 y 1978.

En la audiencia del 25 de marzo, había descripto la organización de la Armada y la metodología utilizada por el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la Esma para secuestrar, torturar y asesinar. La exposición del MPF desarrolló particularmente el rol estructural de la Prefectura en el circuito represivo.

En esa misma línea, los fiscales citaron los juicios previos donde se juzgaron hechos cometidos en la Esma y resultaron condenados otros integrantes de la fuerza que actuaron en el grupo de tareas como Jorge Manuel Díaz Smith y Juan Antonio Azic y mencionaron también a imputados fallecidos, entre ellos Héctor Antonio Febres y Roberto Carnot.

Asimismo, recordaron la condena de los pilotos Alejandro Domingo D´Agostino y Mario Daniel Arru de la Prefectura en los denominados “vuelos de la muerte” por el hecho del Grupo de la Iglesia Santa Cruz en un vuelo realizado en un avión Skyvan.

En relación a la responsabilidad del acusado, la fiscalía sostuvo que se acreditó a través de pruebas documentales y testimoniales que Sánchez, alias “Chispa u Omar” formó parte del grupo operativo del Grupo de Tareas 3.3 de la Esma.

En cuanto a su carrera, marcaron que surgió de sus legajos que ingresó en la Prefectura a los 23 años, el 1 de enero de 1975, y que luego se desempeñó en dependencias de policía de seguridad e inteligencia de dicha fuerza, en esa época bajo el comando de la Armada.

Los fiscales detallaron que, conforme surge de las calificaciones realizadas por sus superiores —oficiales de los Servicios de Inteligencia tanto de la Prefectura como de la Armada— Sánchez era “un miembro confiable, leal, con un excelente desempeño”. Sus evaluadores destacaron “su vocación para el servicio y el cumplimiento del deber y su disposición para cumplir con sus obligaciones”.

Los fiscales destacaron que al menos 33 sobrevivientes de la Esma dieron cuenta de la presencia y desempeño de Sánchez en el centro clandestino. Los relatos coincidieron en las características físicas del imputado, la descripción de su temperamento, el rol que tenía en la Esma, los comentarios que les hacía a los cautivos y sus opiniones. Además, los testigos señalaron que fue uno de los integrantes de Grupo de Tareas que les hizo saber a los cautivos cuál era el destino final de las víctimas: asesinadas mediante los “vuelos de la muerte” o ahorcadas en el Dorado.

De este modo, los representantes del MPF tuvieron por acreditado que Sánchez integró la estructura criminal del grupo de tareas que operó en la Esma. Ratificaron que sus tareas específicas fueron las operativas -es decir el área encargada de los secuestros de las víctimas- habiendo sido identificado en varios operativos concretos. También señalaron que participó de interrogatorios bajo tortura, según lo relataron algunos testigos que lo padecieron personalmente; que controló a las víctimas en distintas salidas; y que también cumplió con la función de enlace entre la Prefectura y la Armada.

Sánchez fue acusado, conforme los límites de la extradición dispuesta por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal de Brasil, al concederla en calidad de coautor del delito de privación ilegal de la libertad.