Caso Agostina. Paros, protestas y malestar por los bajos salarios y falta de personal en la Justicia de Córdoba
Mientras crecen las críticas por la actuación judicial en el femicidio de Agostina, empleados del Poder Judicial realizan paros y denuncian falta de personal, salarios que no pasan la línea de pobreza y dificultades para cubrir cargos clave en fiscalías y unidades judiciales.
La tensión por el conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba escaló esta semana con nuevas medidas de fuerza impulsadas por trabajadores que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo, falta de personal y dificultades para cubrir cargos en áreas sensibles del sistema penal.
El conflicto se desarrolla en un contexto especialmente delicado. La actuación de la Justicia en el caso del femicidio de Agostina Vega generó fuertes críticas públicas y abrió un debate sobre la capacidad de respuesta del sistema judicial. En ese escenario, muchos trabajadores sostienen que detrás de los errores o demoras que observa la sociedad existe un problema estructural vinculado con la escasez de recursos humanos y los salarios.
En ese contexto, los empleados judiciales llevan adelante un paro de 60 horas que se extenderá hasta el sábado y ya tienen previstas nuevas medidas para la próxima semana. Además, anunciaron una movilización hacia el Centro Cívico.
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Dentro del gremio existen diferencias sobre los reclamos prioritarios. Mientras la conducción sindical impulsa el adelantamiento de las cuotas pendientes del acuerdo de equiparación salarial firmado el año pasado, otros sectores consideran que esa medida resulta insuficiente y reclaman una recomposición más amplia que recupere la pérdida salarial acumulada en los últimos años.
Principales conflictos
Uno de los principales puntos de conflicto es la situación de los ingresantes. Según plantea Pedro Boaglio, delegado de la Defensa Pública, y representante de la agrupación gremial La Judicial, los salarios iniciales quedaron por debajo del costo de vida actual.
El dirigente afirman que existen cientos de empleados judiciales cuyos ingresos se ubican cerca o por debajo de esa línea.
La situación tendría consecuencias concretas en el funcionamiento cotidiano de tribunales y fiscalías. Según describe, cada vez resulta más difícil cubrir vacantes y algunos postulantes rechazan los cargos cuando conocen la remuneración ofrecida. También se señala que numerosas renuncias y traslados no fueron reemplazados.
Las dificultades se observan especialmente en las unidades judiciales y fiscalías, donde se receptan denuncias y se realizan las primeras actuaciones de las causas penales. Como ejemplo mencionan el funcionamiento de la Unidad Fiscal 13, donde trabajan alrededor de cinco personas por turno durante el día.
Sin embargo, durante la madrugada, los fines de semana y los feriados suele quedar un único sumariante de guardia para atender todas las situaciones que se presenten. Los trabajadores sostienen que esa estructura resulta insuficiente cuando coinciden hechos graves o se acumulan múltiples intervenciones.
Algo que, probablemente, sucedió cuando Melisa, la mamá de Agostina, fue a hacer la denuncia por la desaparición de la menor.
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La figura del sumariante ocupa un lugar central en el sistema penal. Es quien recibe denuncias, toma declaraciones, confecciona actuaciones y articula gran parte del trabajo inicial de una investigación.
Por eso, los empleados consideran que el nivel salarial de esos puestos no guarda relación con las responsabilidades que asumen.
Por ejemplo, un recibo de sueldo correspondiente a un auxiliar que ingresó al Poder Judicial en febrero de este año permite dimensionar la discusión. El documento muestra un salario neto de bolsillo de $ 1.498.599 en mayo de 2026.
Sin embargo, ese monto incluye un adicional por dedicación exclusiva de Policía Judicial que supera los $ 439.000.
Desde la representación gremial sostienen que, si se descuenta ese concepto específico, un empleado de similares características en tribunales ordinarios percibe alrededor de un millón de pesos mensuales, una cifra que consideran insuficiente para las exigencias del cargo.
El recibo también refleja el peso de los descuentos obligatorios. Sobre haberes brutos superiores a los $ 2,4 millones, las deducciones previsionales, de obra social y otros aportes representan más de $ 900.000.
Equiparación
Otro foco del reclamo está vinculado con la llamada equiparación salarial con la Justicia Federal. Según explican los trabajadores, la ley prevé que los salarios provinciales alcancen el 90% de los ingresos netos de sus pares federales. Sin embargo, afirman que ese objetivo nunca se cumplió.
El cuadro de equiparación correspondiente al acuerdo firmado el año pasado muestra porcentajes pendientes de pago para distintas categorías. Por ejemplo, un auxiliar tiene todavía un saldo de 4,64 puntos porcentuales por cobrar, mientras que categorías superiores acumulan diferencias aún mayores. El esquema prevé completar esos incrementos entre 2026 y 2028.
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Los empleados también cuestionan que los aumentos salariales lleguen con retraso. Según sostienen, en Córdoba se replican las mejoras con varios meses de demora respecto de otros sectores estatales, lo que genera una pérdida adicional frente a la inflación.
La combinación de salarios bajos, demoras en la actualización de haberes y falta de cobertura de vacantes es presentada por los trabajadores como una explicación de los problemas operativos que atraviesa el sistema judicial.
