Final. Las repercusiones del caso Agostina Vega: finalmente, renunció Ricardo Moreno en el Concejo
El edil había sido reemplazado por decisión del intendente, Daniel Passerini, por el exsecretario Raúl la Cava. Sin embargo, Moreno seguía en la lista de los concejales suplentes del peronismo.
Finalmente este jueves, el abogado penalista Ricardo Moreno renunció en el Concejo Deliberante a su lugar en la lista del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, en carácter de edil suplente.
Cabe recordar que por decisión del intendente, Daniel Passerini, fue reemplazado por el ahora exfuncionario de su gestión, Raúl La Cava.
De acuerdo con lo que pudo conocer La Voz, Moreno habría dimitido de manera telefónica y ahora resta el trámite administrativo de rigor.
La confirmación oficial
Martín Simonian, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, fue el encargado de anunciar la dimisión en una conferencia de prensa en el Palacio 6 de Julio.
Según explicó Simonian, el proceso de salida de Moreno se inició el pasado domingo por instrucción directa del intendente. "El exconcejal no estuvo de acuerdo, no entendió la postura del intendente y de la totalidad del bloque", señaló Simonian durante su contacto con los medios.
La decisión de optar por la renuncia en lugar de un proceso de expulsión se fundamentó en los plazos legales que establece la Carta Orgánica Municipal.
Recambio legislativo y técnica legislativa
La banca vacante será ocupada de forma inmediata por Raúl La Cava, quien se desempeñaba como secretario de Políticas Sociales del gabinete municipal. La Cava, que ostentaba el carácter de concejal titular en la lista oficialista, regresará al cuerpo legislativo para garantizar la operatividad del bloque.
Desde el oficialismo justificaron la celeridad del cambio para evitar que el Concejo se transformara en un ámbito de disputa judicial. Una expulsión formal, amparada en el artículo 130 de la Carta Orgánica, habría demorado entre 45 y 50 días debido a los plazos procesales y la necesidad de conformar comisiones acusadoras.
"La respuesta de ese artículo iba a significar que el Concejo Deliberante se transformara más que en un órgano legislativo actuara como si fuera un miembro del Poder Judicial", argumentó el titular de la bancada oficialista ante la prensa.
Nuevos controles para empleados municipales
En paralelo a la salida de Moreno, el Ejecutivo municipal envió un proyecto de ordenanza para profundizar los controles sobre el personal de la administración pública. La iniciativa surge tras los cuestionamientos sobre cómo Barrelier, el principal sospechoso en el caso Agostina, logró ingresar a la planta municipal pese a contar con antecedentes penales.
La nueva normativa establece que la presentación de certificados de antecedentes penales ya no será cada cuatro años, sino de manera semestral. Además, se requerirá de forma obligatoria que los agentes no figuren en el registro de deudores alimentarios ni en el de delitos contra la integridad sexual.
Un cambio sustancial será la extensión del "narcotest", que hasta el momento solo era obligatorio para los funcionarios de alto rango. Con la nueva ordenanza, este control se aplicará a diversos estratos de la administración pública para elevar los estándares de transparencia y seguridad.
Polémica por el legajo de Barrelier
La situación de Barrelier, quien habría pasado a planta permanente o bajo la modalidad de "Artículo 8" en mayo de este año, generó fuertes cruces en el recinto. Aunque Simonian evitó confirmar el estatus laboral exacto del sospechoso al momento del crimen, aseguró que ya no pertenece a la municipalidad "en ninguna categoría laboral".
"La ordenanza establecía la presentación del certificado de antecedente al ingreso y la reiteración cada cuatro años. Para evitar estas cuestiones en el futuro, se va a hacer de forma semestral", detalló el vocero del oficialismo para explicar los fallos en los filtros previos.
La oposición, por su parte, mantiene pedidos de informes activos para investigar cómo se gestionó el ingreso y la permanencia de personas con antecedentes en áreas sensibles del municipio. Desde el PJ tildaron estos planteos de "electoralistas", acusando a ciertos sectores de querer desviar la atención del hecho criminal.
La sesión de este jueves, que inició con demora tras los anuncios, estuvo marcada por un clima de confrontación. Mientras el oficialismo busca cerrar la crisis con la asunción de La Cava, las voces críticas de la sociedad y de los bloques opositores exigen mayores precisiones sobre las designaciones políticas.
Las polémicas declaraciones de Ricardo Moreno
En diálogo con el streaming La Voz en Vivo, Moreno había confirmado este lunes que recomendó el ingreso de Claudio Barrelier, único detenido, a la planta municipal en el año 2021.
El dirigente peronista explicó que presentó a Barrelier a instancias de un gremio de delivery. En aquel momento, aseguró que el sospechoso no registraba antecedentes penales.
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Moreno detalló que el vínculo con el detenido se limitaba a la militancia política en la seccional séptima. "Era un militante activo que representaba a un sector de los delivery que él estaba liderando", señaló el edil sobre el perfil del imputado.
El concejal minimizó su responsabilidad en la contratación al asegurar que Barrelier entró en la categoría más baja del escalafón. "Entró a pintar cordones, el lugar más bajo de precariedad laboral", afirmó en diálogo con este medio.
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Ante la consulta sobre los métodos de selección, Moreno sostuvo que se trata de una "práctica habitual" dentro del sistema político actual. "Ante la crisis, no he hecho entrar a más de 15 personas en los últimos años", justificó.
El antecedente penal de Barrelier
Moreno fue el abogado defensor de Barrelier en una causa de 2025 por privación ilegítima de la libertad. En esa oportunidad, el sospechoso estuvo detenido 20 días tras una denuncia de su expareja.
Respecto a la liberación en aquel expediente, el concejal defendió el desempeño del fiscal Iván Rodríguez. "El fiscal actuó de acuerdo a derecho; no había tentativa de violación como dicen los medios", aseguró el abogado.
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Según su visión, la falla principal fue del área de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. "Deben tomar cartas en el asunto cuando una persona no asiste a trabajar por 20 días por estar presa", disparó.
Tras el femicidio de Agostina Vega, Moreno decidió renunciar al patrocinio legal de Claudio Barrelier. "No podíamos defender a una alimaña humana de esta naturaleza; es un hecho repudiable y asqueroso", expresó.
Por otro lado, calificó como "trucho" y "apócrifo" un audio viralizado donde se lo vincula con gestiones masivas de cargos públicos. Atribuyó la difusión a una estrategia de sectores opositores para solicitar su sanción.
El bloque del radicalismo, encabezado por Rodrigo de Loredo, ya solicitó la expulsión de Moreno del Concejo Deliberante. El concejal descartó renunciar y aseguró que su labor como abogado no genera un conflicto de intereses legal.
