Opositores presionan para bajar Ganancias

Buenos Aires. La semana que comienza amenaza poner contra las cuerdas a la política impositiva de Cristina Fernández, más específicamente a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, que, por efecto de la inflación y las paralelas subas de sueldos, abarca a cada vez más asalariados, que deben tributar una porción siempre creciente de sus ingresos al fisco. El tema ya fue el principal reclamo con que se embanderaron las centrales obreras opositoras al Gobierno que convocaron al paro general del 10 de abril. Y es una piedra en el zapato cada vez más incómoda en la relación de la administración kirchnerista con los sindicatos que aún permanecen fieles.El secretario General de la llamada "CGT Balcarce", Antonio Caló, mandó publicar una solicitada el 1° de mayo en la que dejó por escrito el reclamo de una reforma para morigerar lo que llamó un "impuesto al sueldo".En esa línea, la recientemente presentada alianza Frente Amplio Unen (FAU), se sumará esta semana a la presión al pedirle al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, una sesión especial para el miércoles con el fin de tratar una modificación del Impuesto a las Ganancias que, entre otras cosas, suba el mínimo no imponible, el nivel por debajo del cual un salario no puede ser alcanzado por el tributo.El FAU no es el único sector que pide lo mismo, aunque hasta ahora es el que mayor can­tidad de legisladores puede ­reunir. Propuestas similares han hecho en las últimas se­manas los legisladores que ­siguen a Sergio Massa (llevar el mínimo no imponible a 19.200 pesos mensuales y permitir que se deduzcan de la base im­po­nible los pagos de alquileres de vivienda única por hasta 60 mil pesos al año) y por di­putados como el cordobés Juan Schiaretti. Esta propuesta, más abarcadora, incluye un esquema de ajuste automático, modificación de las escalas para evitar saltos abruptos y aumentos en las deducciones no sólo para empleados en relación de dependencia sino también para autónomos, entre otros aspectos, que garantizarían que la carga impositiva sobre el salario fuera equivalente a la que existía en diciembre de 1999.El embate pluriopositor en el Congreso, sumado al malestar creciente de los "gremios propios" puede llegar a ser demasiado costoso para un Gobierno que algunos sectores empiezan a observar como "el partido del ajuste" desde la devaluación de enero, la disparada de la inflación del primer bimestre y el encarecimiento del crédito que ha determinado una caída del consumo. Aunque los opositores no tengan los votos ni la unidad de criterio necesarios para imponer un cambio al impuesto desde el Congreso.Tal vez, la declaración más importante de la última semana en este sentido fue la del gremialista más fiel al Gobierno, el secretario General de la Central de los Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, que el jueves dijo: "La elevación del mínimo no imponible se tendría que anunciar de aquí a 15 días, al igual que el aumento inmediato de la Asignación Universal por Hijo". Por provenir de Yasky, nadie interpretó esa afirmación como un ultimatum a Cristina Fernández, sino más bien como una filtración de una promesa hecha desde la Casa Rosada al gremialista. Para los sindicatos oficialistas es cada vez más insostenible justificar que, en plena inflación, el Impuesto a las Ganancias no sólo no se modifique en su estructura sino que ni siquiera se ajuste en los montos a deducir y, por esa vía, en el mínimo no imponible.La presión el Congreso, piensan­ muchos, podría acelerar una decisión oficial. "No tiene mucho sentido regalarles el teatro del Congreso y de los medios a los opositores durante dos semanas para recién después terminar haciendo lo que los opositores exigen, como si ellos o el sindicalismo opositor impusieran la agenda", razonó un analista.

Por otro lado, los diputados kirch­neristas impulsarán mañana la eximición del impuesto a los combustibles sobre el biodiésel. La alícuota actual es del 22 por ciento y la quita del impuesto busca aliviar la situación de los productores del “gasoil a base de soja”, en particular los más chicos, que vieron cómo se derrumbaba su principal mercado de exportación luego de que España aplicara restricciones a la importación en represalia por la confiscación de YPF de manos de Repsol.

En aquel momento, Cristina Fernández se refirió irónicamente al hecho diciendo que España tendría que adecuarse y afrontar mayores costos.

Lo cierto es que el complejo del biodiésel, para el cual se hicieron fuertes inversiones previas, ha quedado golpeado. Mañana el oficialismo espera sacar un rápido dictamen a la eximición para aprobarla posteriormente en el recinto.