Morosidad récord. La oposición impulsa en Diputados proyectos para aliviar a familias sobreendeudadas

La tasa de morosidad de las familias trepó a más del 11% en febrero y marcó el peor nivel desde hace más de dos décadas. Por si fuera poco, las deudas con billeteras digitales y entidades no bancarias rozaron el 30% el mismo mes. Los datos, provenientes del Banco Central y sistematizados por la consultora de economía y finanzas 1816, desnudan un drama que ya alcanza al consumo cotidiano de miles de argentinos.

La oposición tomó nota y buscará instalar la problemática en la Cámara de Diputados. En una reunión prevista para este miércoles a las 10, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el sindicalista Hugo Yasky, comenzará a debatir casi una veintena de proyectos de ley de distintos bloques políticos que crean esquemas de regularización de deudas originadas en el consumo.

El avance de las iniciativas no será fácil porque también fueron giradas a otras comisiones, como la de Presupuesto y Hacienda, que el oficialismo solo abre para tratar los proyectos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la oposición quiere instalar el tema y busca acuerdos para emplazar a las comisiones desde el recinto, como hizo con otras leyes de impacto fiscal, como las de universidades y discapacidad.

“Lo que proponemos es la posibilidad de reestructurar las deudas de las familias, fundamentalmente las que están orientadas al consumo. La inflación en Córdoba este mes ha sido del 3,3% y el 88,3% de las familias cordobesas tuvieron que endeudarse para poder comprar alimentos”, advirtió la diputada cordobesa Gabriela Estévez (Unión por la Patria), co-autora de un proyecto de “segunda oportunidad para hogares endeudados”.

La iniciativa crea un sistema administrativo y gratuito para que las personas puedan renegociar sus deudas de forma más justa, rápida y sin ir a juicio. Las partes deberían llegar a un acuerdo en un plazo de entre 30 y 45 días, con cuotas máximas equivalentes al 30% de los ingresos (20% si son personas “vulnerables”), intereses limitados y un plazo de hasta cinco años para pagar. Mientras dure el trámite, se frenan embargos y juicios y se congelan intereses por mora.

El proyecto abarca a entidades de crédito financieras, como bancos, y no financieras, como son las billeteras virtuales. Estas últimas, entre las cuales se encuentran Mercado Pago, Ualá o Naranja X, “registran tasas reales que superan el 5% mensual y exponen un porcentaje de deuda en situación irregular del 18%, muy superiores a las de las entidades financieras por estar sujetas a menos regulación”.

El programa abarcaría deudas contraídas desde el 10 de diciembre de 2023 en adelante, es decir, desde la asunción de Javier Milei. “La responsabilidad absoluta del nivel de endeudamiento de las familias la tiene el gobierno por la caída del poder adquisitivo del salario”, denunció la camporista Estévez.

También hay proyectos del exdiputado y actual legislador cordobés Oscar Agost Carreño (PRO), Mónica Frade (Coalición Cívica), Marcela Pagano (Coherencia), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Raquel “Kelly” Olmos (Unión por la Patria), entre otros.

El de Agost Carreño, presentado en 2025, tiene elementos que luego recogió Estévez: establece una instancia de mediación administrativa para llegar a un acuerdo gratuito con los acreedores sobre planes de pago de hasta cinco años, con intereses limitados. Si no hay acuerdo, el deudor podrá ir a la Justicia y solicitar un plan de pagos, también de hasta cinco años, con topes de hasta el 35% de sus ingresos.

Según consignó el exdiputado, hoy existen herramientas dadas por la jurisprudencia, pero “no existe un procedimiento nacional que garantice un camino ordenado de rehabilitación para los deudores que de buena fe y por genuinos problemas económicos han caído en esta situación”.

Otra propuesta, de la diputada Frade, es la de “tarjetas de crédito autocontroladas”: que los propios usuarios puedan fijarse a sí mismos límites de gasto, más bajos que los que les da el banco. Se deberá dar aviso cuando el usuario llega al 50% del límite elegido, y bloquear compras si se supera ese límite.

“La lógica del mecanismo es sencilla: muchas personas desean gastar menos de lo que finalmente terminan gastando. El sistema permite que el propio usuario establezca previamente una regla que lo ayude a cumplir ese objetivo, reduciendo el riesgo de decisiones impulsivas”, explicó la legisladora de la Coalición Cívica.

Todas las iniciativas estarán sobre la mesa en la reunión de este miércoles, donde además expondrán invitados de organizaciones y entidades como ADDUC (Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores), DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario, y la Defensoría del Pueblo de CABA.