Opciones escasas y difíciles luego del duro revés judicial

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció con el peor escenario posible para Argentina y, ahora, el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, queda firme ya que es cuestión de tiempo para que se levante la cautelar ( stay ) que lo había suspendido. De hecho, ayer ya hubo un pedido formal del fondo NML Capital para que se ejecute en forma inmediata la sentencia de Griesa (ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York) que obliga al país a pagar en efectivo la totalidad de los 1.330 millones de dólares reclamados por una parte de los holdouts (los tenedores de bonos que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010), o "fondos buitre".Lo que más preocupa es que la decisión de Griesa habilita el embargo de los fondos que Argentina deposite en bancos de Nueva York para cancelar los vencimientos de la deuda en situación normal ( performing ).El próximo pago es el 30 de junio, cuando vencen los intereses de los bonos Discount. De los 907 millones de dólares que se deben pagar, 228 millones deben abonarse en Nueva York. Si Griesa toma estos fondos para pagar a los holdouts , el país entrará en default técnico. Los caminos abiertos Las opciones son, básicamente, políticas: o el Gobierno acata el fallo de Griesa y paga, contra su voluntad, a los fondos buitre, o insiste en no abonarles un solo peso y entra en default . Ayer, la presidenta Cristina Fernández pareció inclinarse por la segunda alternativa (en línea con el discurso de los últimos años), pero se cuidó de no cerrar del todo las puertas a la primera opción.De todos modos, dentro de estas dos variantes, hay distintas graduaciones: 1. Pagar el juicio de 1.330 millones de dólares como lo planteó Griesa, en efectivo. En este caso, habría que arreglar con el resto de los holdouts y pagar unos 15 mil millones de dólares. Como las reservas no alcanzan, se debería ofrecer el pago en bonos. La Presidenta lo negó. 2. Negociar con Griesa otra forma de pago. Permitiría ganar tiempo para pasar el vencimiento de fin de junio y se podría "patear" la cancelación con los holdouts para más adelante. El juez abrió esta posibilidad hace un par de semanas. Aunque la mandataria dijo ayer que "no va a someter al país a una extorsión" como este fallo, en rigor, nunca dijo que va a incumplir la sentencia. 3. Pedir una reconsideración ( rehearing ) a la Corte. Es un alternativa débil, pero permitiría ganar un poco de tiempo. 4. Default técnico. Si Argentina se planta y no acata el fallo de Griesa, cualquier movida implicaría una cesación de pagos. Dejando fuera la posibilidad de pagar en Nueva York, lo que aparece como lo más probable, según el discurso de Cristina Fernández de anoche es que el país intente cambiar el lugar de pago de los bonos y ofrecer que los holdouts ingresen al canje, aunque es difícil de implementar. Ya lo había anunciado la Presidenta el año pasado, aunque nunca fue puesto en práctica. La reapertura del canje fue aprobada por el Congreso, pero no instrumentada y la mandataria insistió en esta opción. 5. Default de toda la deuda. La jefa del Estado lo descartó. Si Argentina decide pagar (de alguna forma) a los "fondos buitre", deberá resignar su discurso actual y tendría un costo en reservas o más deuda, pero podría cerrar un capítulo complicado y, en el futuro, pensar en volver a los mercados.En cambio, si se opta por un default (aunque sea técnico), se mantendrá el relato contra los buitres, pero la estrategia de reinsertarse en el mercado internacional (arreglo con el Ciadi, Repsol y el Club de París) habrá sido en vano.En este caso, se dificultaría el ingreso de dólares frescos al país y la economía encarará un ajuste más severo.

Cláusula Rufo. Es la sigla en inglés de "derechos sobre deuda futura". Implica que los bonistas que aceptaron el canje tienen derecho a las mismas condiciones si hay una mejora de la oferta. Vence en diciembre.

¿Rige o no? Está sujeto a interpretación. Algunos sostienen que, si se negocia el pago con los holdouts, el resto de los acreedores apelará a esta cláusula. Otros dicen que se evitaría si no hay una nueva oferta del país sino una orden de pago de la Justicia.

Cambio de jurisdicción. La opción que más seduce al Gobierno es difícil de instrumentar. La consultora Elypsis, dirigida por Eduardo Levy Yeyati, explica que un cambio de las condiciones contractuales requiere la aprobación del 85 por ciento de los tenedores de bonos. Además, muchos tenedores institucionales de Estados Unidos no podrían cambiar los bonos en contra de una orden judicial de ese país.