Legislatura de Córdoba. El oficialismo provincial redobla críticas a la Nación y la oposición pone el foco en la inseguridad

La Legislatura de Córdoba retomará este martes las sesiones ordinarias, después de que la tensión estuviera puesta en el inicio de las jornadas del jury de enjuiciamiento a los fiscales del caso Nora Dalmasso. El debate se centrará en proyectos del oficialismo que apuntan a cuestionar políticas del Gobierno nacional y en pedidos de informe de la oposición por la seguridad en Córdoba.

Los legisladores oficialistas Matías Chamorro y Mariano Lorenzo abrirán el juego al debate para que se trate un proyecto de declaración que expresa la preocupación por el tratamiento en el ámbito nacional de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que –según aseguraron– tendrá repercusiones en los barrios populares.

“El Senado de la Nación comenzó a debatir en comisiones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se propone la modificación de leyes fundamentales para la protección de nuestra soberanía, la defensa del medio ambiente y la promoción de derechos de las familias que viven en barrios populares”, afirmaron los legisladores en el proyecto.

“Nuestra provincia cuenta con 318 barrios populares, según el Renabap. Durante la implementación de las políticas de integración socio urbana se realizaron, con los Fondos de Integración Socio urbana nacionales, 52 obras en 40 barrios del territorio provincial entre 2020 y 2023. Sobre el total, 34 obras fueron ejecutadas por entidades de la economía popular, como asociaciones civiles y cooperativas, 10 por el Gobierno provincial y 6 por el gobierno nacional”, recordaron.

“Estas modificaciones del proyecto nacional dejan sin operatividad a los programas de integración socio urbana, en consonancia con las acciones que viene llevando adelante el Gobierno nacional sin fondos”, aseguraron.

Sobre este tema, ambos legisladores del bloque Hacemos Unidos por Córdoba recibieron días atrás en la Unicameral a integrantes de la Mesa Provincial de Barrios Populares y los acompañaron en una conferencia de prensa, en la que expresaron la preocupación por el “desmantelamiento de políticas habitacionales nacionales" y rechazaron los cambios en la ley.

Chamorro explicó que presentaron una declaración en repudio que “significa un grave retroceso ya que pone en riesgo derechos conquistados". "Elimina herramientas de regularización dominial, habilita desalojos a inquilinos de manera exprés y excluye a cooperativas y organizaciones de la economía popular de los procesos de urbanización", expresó.

Además, el legislador Lorenzo pedirá que se trate una declaración de repudio por el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta forma, una vez más en el recinto el oficialismo provincial buscará los votos para diferenciarse de la administración de Javier Milei.

Ya en la sesión anterior, el justicialismo acompañó un proyecto del radical disidente Dante Rossi en el que se pidió la renuncia del titular del Pami Córdoba, Eduardo Frayre.

Desde el arco opositor también lanzarán fuego cruzado. El bloque del Frente Cívico llegará con una batería de proyectos que apuntan a pedir explicaciones y cuestionar las políticas de seguridad del Gobierno de Martín Llaryora.

Además de pedido de información sobre “el alcance de la necesidad de contar con elementos objetivos que permitan evaluar la razonabilidad del gasto institucional, la eficiencia en la asignación de recursos y la consistencia entre la estructura operativa del Banco de Córdoba”, entre otros temas.

En lo que hace a la seguridad, la legisladora juecista Nancy Almada tiene tres proyectos que el bloque pedirá que sean tratados en el recinto: la adquisición de domos y dispositivos de videovigilancia por parte de la Provincia; vehículos afectados a tareas de seguridad; y la incorporación de armas menos letales al equipamiento policial.

En la bancada radical, se insistirá sobre pedidos de informe sobre el número de inmuebles que alquila la provincia para uso de organismos y dependencias; y cumplimiento de una resolución que busca identificar a las plataformas de juego clandestino.