Senado. Novedoso proyecto de Luis Juez para regular las redes sociales y reforzar la protección de niños
La iniciativa crea un marco integral para las plataformas digitales y las empresas de telecomunicaciones. Establece verificación obligatoria de edad, control parental, restricciones a funciones consideradas adictivas y un régimen de responsabilidad civil por daños derivados de recomendaciones algorítmicas.
El senador nacional Luis Juez presentó un proyecto de ley que propone una regulación integral del uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa busca establecer obligaciones para las redes sociales, los servicios digitales y las empresas de telecomunicaciones con el objetivo de reducir la exposición de menores a contenidos considerados de alto riesgo y limitar mecanismos de diseño que, según el texto, favorecen conductas adictivas.
El proyecto, integrado por 33 artículos, crea un régimen que alcanza tanto a las plataformas digitales que operan en Argentina como a las prestadoras de servicios móviles y de acceso a internet.
Entre sus objetivos aparecen la protección de la salud mental de los menores, la implementación obligatoria de herramientas de control parental, la verificación escalonada de edad y la introducción de un sistema de responsabilidad civil para las empresas cuyos algoritmos recomienden contenidos dañinos.
Uno de los ejes centrales consiste en obligar a las plataformas a adoptar un "diseño seguro por defecto" para todas las cuentas pertenecientes a menores de edad. Eso implica que los perfiles deberán configurarse inicialmente con estándares de protección elevados y que cualquier flexibilización sólo podrá realizarse con autorización expresa de los padres o tutores, dejando registro de esa modificación.
Determinadas funcionalidades
El texto también prohíbe determinadas funcionalidades para usuarios menores. Entre ellas figuran el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática de videos, las notificaciones automáticas durante la madrugada (salvo situaciones de emergencia) y la visualización permanente de métricas de aprobación social, como los tradicionales "me gusta".
La autoridad de aplicación deberá definir posteriormente los estándares técnicos para implementar esas restricciones.
Otro de los capítulos incorpora un esquema obligatorio de verificación de edad. Los menores de 13 años no podrán acceder a las plataformas alcanzadas por la ley. Entre los 13 y los 15 años el registro requerirá consentimiento parental verificable, mientras que los adolescentes de 16 y 17 años deberán acreditar su identidad mediante documentación oficial.
El proyecto aclara además que los datos biométricos utilizados para esa validación sólo podrán emplearse con ese fin específico y no podrán almacenarse una vez concluido el proceso.
Responsabilidad civil algorítmica
La iniciativa avanza además sobre un terreno novedoso en la legislación argentina al establecer un régimen de responsabilidad civil algorítmica. Las plataformas podrían ser consideradas objetivamente responsables por daños psicológicos, emocionales o físicos sufridos por menores cuando esos perjuicios deriven de la exposición reiterada a contenidos de alto riesgo promovidos mediante sistemas automatizados de recomendación.
Entre los daños indemnizables se incluyen tratamientos médicos y psicológicos, daño moral y los gastos derivados de los procesos judiciales.
En paralelo, el proyecto obliga a las plataformas radicadas en el exterior que tengan más de un millón de usuarios activos en Argentina a designar un representante legal en el país con facultades suficientes para responder administrativa y judicialmente.
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Las empresas de telecomunicaciones también asumirían nuevas obligaciones. Las compañías de telefonía móvil deberán ofrecer gratuitamente una Línea Protegida para Menores, mientras que los proveedores de internet deberán incorporar herramientas gratuitas de filtrado de contenidos.
El texto prevé además que el Ente Nacional de Comunicaciones elabore y actualice periódicamente las listas de dominios que deberán bloquearse, incluyendo contenidos vinculados con autolesiones, trastornos alimentarios, consumo de drogas, vapeo, grooming y otros materiales definidos como de alto riesgo.
Paneles de control
Para las familias, la propuesta exige que los prestadores ofrezcan paneles de control parental con herramientas para limitar el uso de datos, establecer horarios de bloqueo, activar o desactivar filtros y consultar informes generales sobre la utilización del servicio por parte de los menores.
El régimen incorpora además un esquema de sanciones. Las plataformas que incumplan las obligaciones previstas podrán recibir apercibimientos, multas de hasta el 10% de su facturación anual o incluso la suspensión temporal del servicio mediante orden judicial. Las prestadoras de telecomunicaciones también podrán ser sancionadas conforme a la normativa vigente.
El proyecto crea asimismo un Fondo de Protección Digital de Niños, Niñas y Adolescentes destinado a financiar auditorías técnicas, campañas de educación digital y programas vinculados con la salud mental. Ese fondo se integrará con recursos provenientes de multas, partidas presupuestarias, donaciones y programas de responsabilidad social empresaria.
En los fundamentos, Juez sostiene que las redes sociales y las plataformas digitales modificaron profundamente la forma en que interactúan los adolescentes, pero advierte que la ausencia de regulaciones específicas frente a los algoritmos de recomendación y a los sistemas de diseño persuasivo incrementó los riesgos para la salud mental y el desarrollo psicosocial de los menores.
También afirma que distintas investigaciones internacionales vinculan determinadas funciones, como el scroll infinito y la reproducción automática, con un aumento del uso compulsivo durante etapas de desarrollo. Sobre esa base, propone una regulación inspirada en antecedentes europeos y de otros países, adaptada al ordenamiento jurídico argentino.
