Nisman pide inconstitucionalidad del acuerdo Argentina-Irán
El fiscal sostiene que el memorando es una grave afrenta a la independencia de la Justicia.
El fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, pidió ayer que se declare inconstitucional el memorando firmado por los gobiernos de la Argentina y de Irán para colaborar en el esclarecimiento del atentado terrorista a la mutual judía, que en 1994 causó 85 muertos.
Diez meses después de firmado el convenio que la presidenta Cristina Fernández y los funcionarios defienden y es rechazado por las entidades comunitarias Daia y Amia, el funcionario del Ministerio Público presentó su dictamen al juez federal que lleva la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
El memorando Buenos Aires-Teherán, según el acusador, es “una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia” y “un avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.
En ese sentido, Nisman recordó que los tratados que se firmen con gobiernos extranjeros deben respetar los “principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados por el memorando”.
El denominado oficialmente Memorandum de entendimiento fue firmado el 27 de enero último en Addis Abeba, Etiopía, por los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi.
La Presidenta, vía Twitter, lo calificó de “un hecho histórico”; luego dio un mensaje por cadena nacional y defendió el pacto: “¿Con quién quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar para conseguir estas cosas es con Irán”.
Luego, el acuerdo fue aprobado en tiempo récord en el Congreso, mientras el entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, lo rubricó sin pasar por el Parlamento.
El dictamen de Nisman, de 75 páginas, denunció la “indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial”, y advirtió sobre el “serio riesgo” para el Estado Argentino de ser sancionado por organismos internacionales de Derechos Humanos.
La “comisión de la verdad” creada por el acuerdo es –dijo– “flagrantemente inconstitucional por tratarse de un órgano político que arrebata temporariamente la causa a su juez natural”.
