Resta la confirmación de la fecha, pero en la agenda del expresidente Mauricio Macri, Córdoba figura como una de las principales paradas de la gira nacional de relanzamiento del PRO denominada “El Próximo Paso”.
Hace dos semanas, cuando los principales dirigentes “amarillos” del país se reunieron en la ciudad de Santa Fe, la macrista y concejala cordobesa Soher El Sukaria terminó de confirmar los planes del exjefe del Estado en Córdoba, aunque todavía no se definió la fecha exacta.
Sin embargo, la edil tiene previsto iniciar una gira por distintos puntos de la provincia como una manera de ir calentando motores para el encuentro con Macri, que se descuenta será en la Capital.
Aunque en Córdoba la realidad del partido sigue siendo compleja, por la disputa judicial por la titularidad legal del sello, Macri bajó una idea fuerte que incluye a la provincia: posicionarse fuerte para el mapa electoral 2027. Esa estrategia apunta a presentar alrededor de 150 candidatos independientes en las principales ciudades del país.
Prunotto mira la Capital
La vicegobernadora Myrian Prunotto volvió a intensificar las visitas a barrios de Córdoba capital con la mirada puesta en una eventual candidatura a intendenta. Entre sus militantes, ya circulan videos en los que la presentan como la dirigente que más conoce la ciudad.
Incluso mostraron por las redes sociales sondeos con los que aseguran que es la dirigenta más elegida en una elección municipal. La muestran primera, seguida de la diputada Natalia de la Sota y de Verónica Sikora, que tiene su espacio libertario.
Cada vez que a Prunotto se le pregunta si le gustaría ser candidata, su respuesta es: “Seria un lindo desafío; mi proyecto de gestión hoy es Martín Llaryora”.
El Comupro se aferra a la ayuda del Panal
Sin respuestas de parte del Gobierno nacional, la veintena de intendentes que forman para del Comupro –en su mayoría independientes y vecinalistas– volvieron a mirar hacia el Panal en busca de soluciones y con la expectativa de recibir ayuda en medio de un contexto financiero cada vez más complejo para los jefes municipales.
“Hace tres años que asumió el presidente Milei y ningún funcionario de su gabinete nos atendió”, lanzó Elías Balduzzi, jefe comunal de Costa Sacate y al frente del Comupro.
Balduzzi y sus pares mantuvieron días atrás un encuentro con funcionarios llaryoristas.
“Parece que al Gobierno nacional no le interesara cómo se vive tierra adentro. Todo lo contrario sucede con los funcionarios del equipo del gobernador Llaryora, quienes desde el primer día de gestión nos abrieron las puertas para que trabajemos codo a codo”, cerró Balduzzi tras el encuentro.
Conflicto judicial: esperan una oferta de Llaryora
En el marco de una conciliación voluntaria, el gremio de los judiciales provinciales decidió suspender las medidas de fuerza hasta fin de mes y retomar las negociaciones con representantes del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, tanto el sindicato como las autoridades judiciales coinciden en un punto: la solución definitiva depende del gobernador Martín Llaryora, quien debe incrementar el presupuesto del Poder Judicial para habilitar cualquier mejora salarial.
En rigor, dentro de la Justicia provincial conviven dos sectores con reclamos distintos, aunque originados en una misma causa: la Ley de Equidad impulsada por el Gobierno provincial, que aumentó los aportes personales. Por un lado, el gremio que representa a los empleados; por el otro, magistrados y funcionarios judiciales.
La organización sindical que conduce Federico Cortelletti exige adelantar el plan de equiparación salarial con la Justicia federal. Ese esquema fue dividido en cuatro etapas, pero las dos últimas recién se completarían en 2027 y 2028. Los funcionarios y magistrados, en tanto, sostienen que la reforma previsional aprobada por la Legislatura les provocó una pérdida cercana al 15% en sus ingresos de bolsillo.
En el Centro Cívico aseguran que la principal oferta oficial consistirá en reducir dos puntos los aportes personales, una alternativa que ya recibió un aval indirecto del Tribunal Superior de Justicia, al resolver favorablemente el amparo presentado por un jubilado.
El problema es que el gremio reclama algo más: un incremento promedio del 5% para todos los trabajadores judiciales, adicional a los aumentos por inflación que perciben a través del mecanismo de enganche con los salarios federales.
La distancia entre las posiciones sigue siendo considerable. Y el tiempo apremia: quedan apenas 10 días hábiles para encontrar una salida. Mientras tanto, el gremio ya anunció un paro de tres días para los primeros días de julio. La cuenta regresiva está en marcha.
