La Voz En Vivo. "Baja el delito, pero crece la violencia": el diagnóstico del ministro Javier Alonso en la cumbre de Seguridad
El titular de Seguridad bonaerense destacó a La Voz En Vivo una caída histórica en los robos en Buenos Aires, pero advirtió sobre la agresividad social y reclamó fondos para la ley de imputabilidad.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, participa de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba junto a sus pares de todo el país. Durante su visita, el funcionario trazó un crudo diagnóstico sobre el escenario criminal actual, marcado por el descenso de los robos tradicionales y un alarmante incremento de la violencia interpersonal.
Menos robos, más agresividad social
Según detalló Alonso a La Voz En Vivo, el territorio bonaerense alcanzó su nivel más bajo de homicidios en ocasión de robo en su historia, con 89 casos registrados el año pasado. Asimismo, el número total de crímenes descendió a 751 en el mismo período, consolidando una tendencia a la baja.
Pese a esta mejora estadística, el funcionario advirtió sobre un fuerte cambio en la dinámica social. "Lo que vemos es un incremento fuerte de la violencia; tenés menos delitos, pero mucha más violencia", explicó el ministro durante una entrevista.
Esta nueva agresividad se refleja de forma directa en los conflictos cotidianos de los ciudadanos. El titular de la cartera enumeró tragedias originadas por discusiones de medianera, conflictos intrafamiliares o simples peleas de tránsito que culminan trágicamente con el uso de armas de fuego.
El rol del ciberdelito y el control de las cárceles
El robo de teléfonos celulares también mutó su perfil histórico y se trasladó a la esfera virtual. Alonso advirtió que los dispositivos ya no se sustraen por el aparato en sí, sino para acceder a las cuentas bancarias y utilizar la información personal para concretar estafas.
Sobre la compleja situación carcelaria, el ministro detalló que Buenos Aires aloja actualmente a 56.000 presos. Pese a la sobrepoblación existente, destacó que la gestión actual logró encarcelar a 12.000 nuevos detenidos, incrementando un 25% el nivel de encierro.
Respecto al polémico uso de celulares dentro de los penales, el funcionario deslindó de inmediato las responsabilidades del Poder Ejecutivo. "Los jueces de garantía son los que dan los teléfonos, el servicio penitenciario administra las medidas que toma un juez", sentenció de manera contundente.
Baja de imputabilidad y crisis salarial
Consultado sobre la inminente baja de la edad de imputabilidad, el ministro expuso datos alarmantes sobre los menores en conflicto con la ley. "El año pasado encerramos en institutos a 40 menores de 12 años que cometieron delitos con armas de fuego", precisó.
Aunque consideró que la modificación legislativa servirá para frenar la impunidad, advirtió sobre las dificultades de su aplicación. "La gran deficiencia que tiene esta ley es que no hay financiamiento claro", cuestionó, reclamando fondos para crear juzgados y equipos interdisciplinarios.
En el plano administrativo, Alonso también reconoció el complejo escenario económico que atraviesan las fuerzas de seguridad. Precisó que un agente inicial percibe hoy 1.100.000 pesos de bolsillo, una cifra que resulta insuficiente frente a los actuales niveles de inflación y costo de vida.
Mientras se definen nuevos protocolos de actuación conjunta con la Nación, el desafío inmediato de las carteras de seguridad será articular recursos concretos para frenar la captación de jóvenes vulnerables por parte del crimen organizado.
