Javier Milei tiene una idea personal inconmovible de lo que ocurrió en el primer tramo de su mandato con la economía y con la política. Cuando la expone sin desgraciarse con su temperamento, suele explicarlo con datos y detalles.
En lo económico, sostiene que el programa de estabilización venía en un camino virtuoso de desinflación con crecimiento hasta que la campaña electoral de 2025 provocó una crisis de confianza y una explosión en la demanda de dólares, cuyo efecto diferido fue el rebrote inflacionario de este año.
En lo político, Milei remarca que sólo la cadena de vetos firmados ante la ofensiva opositora en el Congreso contra el equilibrio fiscal salvó al Gobierno de una derrota electoral.
Dicho en otros términos, Milei está convencido de que, sin aquella firmeza, su gestión hubiese naufragado a mitad del río. Sus adversarios califican esa actitud de manera opuesta: a la tenacidad, la consideran obstinación, cuando no crueldad. La elección de medio término saldó de manera provisoria esa discusión.
Si el curso de los procesos sociales fuese lineal y predecible, podría decirse que, con sólo repetir esa receta, Milei cabalgaría holgado a su reelección. Pero nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Las aguas no son las mismas; tampoco la persona que baja.
El Gobierno se reunió para acelerar su agenda parlamentaria en medio de la Marcha Universitaria
La protesta por el financiamiento de las universidades públicas no comenzó en el año electoral. La primera marcha fue al comienzo de la gestión Milei, en abril de 2024. Tan prehistórica que Cristina Kirchner, entonces libre, la saludó desde los balcones del Instituto Patria.
Se trata de un conflicto que tiene una lógica propia: cada vez que las paritarias gremiales universitarias desbordan a los rectores, los rectores se ponen a la cabeza de una marcha gremial contra el Ejecutivo.
Sólo la tercera marcha universitaria estuvo cerca de las elecciones generales, en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el conflicto tiene un componente nuevo: el Ejecutivo corre con una sentencia judicial en contra que validó el procedimiento de sanción de la ley.
Una caracterización simple de esa novedad quedó expuesta en el intercambio que tuvieron ayer en redes sociales dos dirigentes de la misma raíz política.
Silvia Lospenatto, dirigente nacional del PRO, dijo: "En una república, las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho". Federico Pinedo, macrista de bastón histórico, le respondió: "En una república, como tiene dicho la Corte Suprema, la iniciativa de gasto público corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto".
Aunque previsible, esta vez la controversia con los rectores encontró al Gobierno procesando a duras penas la crisis por la "emocionalidad importante" (para decirlo en términos de Patricia Bullrich) con la cual Milei se obstinó en la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tardanza
La acción comunicativa del Gobierno apareció sobre la hora. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunció un portal de datos para transparentar ante la población los gastos de las universidades.
Le agregó un ingrediente a la judicialización del debate: recordó que la Universidad de Buenos Aires interpuso una medida cautelar para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación, dependiente de la Casa Rosada.
Desde las universidades, dicen que los gastos tienen que ser controlados por la Auditoría General de la Nación, que hoy preside Juan Manuel Olmos, referente del PJ porteño. En ese trasiego, la transparencia del gasto universitario corre el riesgo de demorarse tanto o más que la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni.
Pero el Gobierno corre el riesgo de confundirse si registra la judicialización del conflicto como única novedad.
Desde la perspectiva del programa fiscal, la Casa Rosada adoptó antes de la marcha una adaptación preventiva: recortó recursos para las universidades en una proporción similar a lo que debería aportar para cumplir con la Ley de Financiamiento.
Esa anticipación presupuestaria no salva una novedad de fondo: el rebrote inflacionario que Milei admite como rezago ha depreciado los sueldos universitarios por debajo de los umbrales mínimos que el Estado registra como situación de pobreza.
En ese aspecto, el conflicto universitario comparte los síntomas de impaciencia frente al ajuste que hasta las encuestas encargadas por Santiago Caputo le están informando a Milei. Esa tolerancia social, cada vez más frágil, está aguijoneada además por la certeza (durante la primera marcha universitaria de 2024 no existía) sobre opacidades graves del Gobierno nacional.
Un informe del Ministerio de Salud, entregado a la Justicia, detectó sobreprecios de hasta 4.200% en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que administraba el abogado Diego Spagnuolo. En 2025, Adorni era el vocero que defendía la gestión de Spagnuolo.
Las aguas del proceso social a las que baja Milei han cambiado, como cambió la credibilidad del Gobierno. El principal riesgo que afronta Milei es desafiar con la misma receta circunstancias distintas.
