Más designaciones en la Justicia federal

Festejos y también algunas caras largas hubo ayer en el ámbito de la Justicia federal al conocerse que la secretaria penal del Juzgado Federal N° 1, Liliana Navarro, junto con Graciela Montessi y Eduardo Ávalos, habían sido propuestos al Senado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ocupar las tres vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Montessi y Ávalos se venían desempeñando como secretarios de esa Cámara.

El jueves último ingresaron los tres pliegos a la Cámara Alta del Congreso. Si, como se da por hecho, los pliegos son aprobados, los nuevos camaristas asumirían a principios de 2015.

Fue una jornada de sentimientos encontrados en la torre de 13 pisos donde funcionan los Tribunales federales. En los máximos niveles, se escucharon voces de desaprobación y algunas –muchas menos– de aprobación hacia la propuesta presidencial.

Lo cierto es que, más allá de las luchas intestinas que caracterizan a la Justicia federal de Córdoba, el nombramiento de Navarro, Montessi y Ávalos 
regulará una situación de acefalía de varios años que ha llevado al estancamiento de causas muy importantes y a la prescripción de delitos de guante blanco.

En 2008 se empezaron los trámites para concursar las tres vacantes y en 2009 se armaron las ternas de candidatos. A principios de 2010 ingresaron las ternas a la Casa Rosada y debieron transcurrir más de cuatro años y medio para que la presidencia Cristina Fernández tomara una decisión.

A partir del alejamiento de Guillermo Becerra Ferrer, la Cámara quedó reducida a la mitad de sus miembros, y para funcionar se alternaron jueces de los dos tribunales orales para las salas A y B.

La realización de los juicios de lesa humanidad se concentró en el Tribunal Oral Federal 
N° 1. Allí se juzgan casi con exclusividad militares y miembros de fuerzas de seguridad que cometieron crímenes en la época de la dictadura.

Con esta realidad, la mayoría de las otras causas se fueron remitiendo al Tribunal Oral Federal N° 2. Así, hay casos de importancia, como el juzgamiento de varios policías federales, incluido un extitular de la delegación local, que extorsionaban a empresarios y comerciantes para darles seguridad.

También aguarda tratamiento el accidente del avión del equipo Toyota en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba.

Por si esto fuera poco, José Vicente Muscará, del Tribunal Oral Nº 1, y los vocales Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo, del Oral 2, debieron cubrir vacantes en las salas de la Cámara Federal, con lo que se agregaron nuevas demoras en juicios que debieron postergarse, en algunos casos, por más de uno, dos, y hasta por tres años.

Además de todos esos inconvenientes que afectan el servicio de justicia, tanto Pérez Villalobo como el actual presidente del Tribunal Oral 2, José Fabián Asís, han tenido que integrar tribunales en La Rioja y Tucumán, donde también se juzgan casos de lesa humanidad.

Pero aún falta mucho trecho por andar para que la Justicia federal vuelva a la normalidad por la falta de fiscales, jueces y las vacantes de tres secretarios que dejan sus cargos para asumir como miembros de 
la Cámara Federal de Apelaciones.

Han pasado años desde que fue aprobada la creación del Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba, y aún ni siquiera se llamó a concurso para jueces. La ultrakirchnerista procuradora General de la Nación, Alejandro Gils Carbó, ya eligió el candidato para fiscal: Gabriel Pérez Barberá, hasta ahora camarista en la Justicia provincial.

Gils Carbó ya designó a Carlos Gonella como fiscal del Oral Federal N° 2, pero no se sabe cuándo asumirá, ya que sigue al frente de la Procuraduría

Otro abogado de explícita militancia en favor del gobierno kirchnerista es Hugo Vaca Narvaja, quien será titular del Juzgado Federal N° 3, a cargo interinamente de Alejandro Sánchez Freytes, del Juzgado N° 2.