La Voz En Vivo. Manuel Adorni bajo la lupa judicial: Guillermo Tiscornia advirtió sobre posibles delitos de enriquecimiento y lavado
En una entrevista realizada en La Voz En Vivo, el exjuez federal analizó las inconsistencias en las declaraciones del funcionario y el impacto de su reciente rectificación patrimonial.
El exjuez federal Guillermo Tiscornia analizó técnicamente la situación judicial de Manuel Adorni tras las recientes rectificaciones en sus declaraciones juradas.
Según el magistrado, el escenario actual sugiere posibles infracciones al artículo 268 del Código Penal, que reprime el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Durante su participación en La Voz En Vivo, Tiscornia señaló que también se observa un posible lavado de dinero bajo el artículo 303.
El análisis técnico destacó una "contradicción flagrante" entre las declaraciones previas del funcionario y sus movimientos actuales ante los organismos de control.
En marzo y abril, Adorni aseguraba públicamente que sus activos estaban correctamente declarados y que su situación no admitía fisuras.
Sin embargo, la presentación de declaraciones juradas rectificativas representa un "giro copernicano" que el exjuez calificó como un rapto de sinceridad cuestionable.
El impacto de los criptoactivos y la falta de trazabilidad
La situación se complejiza por el origen de los fondos declarados, que incluyen una supuesta inversión inicial de 200.000 dólares en criptoactivos. Según los datos aportados por el propio funcionario, dicha inversión habría derivado en una ganancia de 500.000 dólares.
Tiscornia subrayó que Adorni deberá acreditar la trazabilidad de cada operación realizada en el mercado de activos digitales. El exjuez enfatizó que pasar de una inversión en Bitcoin a una "convencional" en pesos requiere formalidades que resultan difíciles de probar.
La credibilidad del funcionario en sede judicial se ve afectada por sus propias declaraciones previas sobre la volatilidad y los riesgos de las criptomonedas. En entrevistas de años anteriores, Adorni manifestaba dudas sobre la conveniencia de invertir en estos activos, lo que genera un "circuito de contradicción".
Consecuencias penales e intervención judicial
Para Tiscornia, las rectificaciones presentadas le han facilitado el trabajo al fiscal federal Gerardo Pollicita y al juez federal Ariel Lijo. Al admitir que ocultó dinero inicialmente, el funcionario evita la necesidad de realizar peritajes contables complejos para probar la omisión.
“Usted tiene la oportunidad de acreditar toda su evolución patrimonial, pero si esto está en un circuito marginal, no lo va a poder acreditar”, sentenció el exjuez. El magistrado retirado considera que la situación es "muy compleja" debido a la dificultad de justificar movimientos de dinero en negro.
Respecto al asesoramiento recibido por Adorni, Tiscornia fue tajante al afirmar que no existe estrategia legal consistente frente a tales inconsistencias. El exjuez comparó la situación con un "tratamiento paliativo" ante un escenario judicial terminal para la defensa del funcionario.
El blanqueo y el contexto internacional
El funcionario se acogió a la denominada Ley de Medidas Fiscales, herramienta que Tiscornia describió como un "blanqueo" que no exime de sanciones penales. Si bien puede aliviar cargos por evasión tributaria, no anula las acusaciones por enriquecimiento ilícito.
El exmagistrado criticó la existencia de cláusulas que permiten a funcionarios públicos utilizar estos mecanismos de regularización fiscal. Comparó esta salida con la "probation", la cual está taxativamente prohibida para quienes ejercen cargos públicos según la ley procesal.
“Es intolerable que un funcionario, que tiene el deber de transparentar su situación por la Ley de Ética Pública, utilice estas herramientas de fuga”, afirmó Tiscornia. Además, señaló que otros funcionarios, como el titular de Arca, Andrés Vázquez, también se acogieron a este régimen.
Riesgos para la calificación de Argentina ante el Gafi
La situación personal de Adorni y la aplicación de la ley de inocencia fiscal podrían tener repercusiones diplomáticas y financieras para el país. En los próximos días, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunirá en París para evaluar los estándares de prevención de lavado de dinero.
Tiscornia advirtió que la Argentina podría entrar en una "zona negra" tras haber salido recientemente de la zona gris en las calificaciones internacionales. El impacto de estos episodios en medios internacionales, como en Alemania y Francia, debilita la posición del Ministerio de Justicia.
Finalmente, el análisis concluyó que el nivel de vida y los gastos corrientes de Adorni entre 2013 y 2018 no coinciden con su atesoramiento declarado. El crecimiento exponencial de sus activos en los últimos dos años resulta, para el exjuez, difícil de sostener técnicamente.
