Llega a su fin otro juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba

La causa Pino Cano, el primero de los juicios públicos por delitos de lesa humanidad que lleva adelante este año la Justicia federal en Córdoba, está a punto de concluir: el miércoles o jueves próximos, una vez que los imputados pronuncien su última palabra, el tribunal presidido por Julián 
Falcucci dará la sentencia.

Lo que está bajo la lupa son los asesinatos de 13 personas en cinco episodios durante la dictadura. En todos los casos, ocurridos en 1976, se trató de presos recluidos en la vieja cárcel de barrio San Martín (UP N° 1), y que fueron retirados de allí en forma regular con diferentes excusas para ser fusilados.

Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi fueron muertos el 20 de agosto; Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Cevallos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, el 11 de octubre. A Carlos Alberto Sgandurra y a José Ángel Pucheta los asesinaron el 28 de mayo, y a Hugo Vaca Narvaja, Carlos Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto.

Las responsabilidades mediatas por estos hechos ya fueron juzgadas en el proceso por la causa Videla, en 2010, en el que fueron condenados a prisión perpetua Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

En este juicio, planteado para adjudicar responsabilidades más inmediatas, los imputados son el exjefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II Víctor Pino Cano; el exteniente de esa misma unidad Enrique Pedro 
Mones Ruiz, y el exsubteniente Luis Alberto López.

Hasta aquí, y una vez concluida la etapa de los alegatos, los elementos recogidos a través de los testimonios planteados en 2010 y en este breve proceso que comenzó el 8 de marzo no parecen presentar una contundencia generalizada.

La fiscalía, encabezada por Maximiliano Hairabedian junto con Facundo Trotta, sólo pidió perpetua para Pino Cano por uno de los hechos (asesinatos de Sgandurra y Pucheta) y la absolución de Mones Ruiz por falta de pruebas. Sobre López, que retiró a Sgandurra y a Pucheta de la cárcel y dejó su firma en el documento, se extendió Trotta y pidió 12 años por cómplice secundario.

En cuanto a los querellantes, Lyllan Luque y Claudio Orosz, en representación de la familia Balustra, plantearon la absolución par falta de pruebas de Pino Cano, y al momento de hacerlo remarcaron que los organismos de derechos humanos en su larga lucha nunca reclamaron venganza, sino justicia. Así, con emoción, recordaron la figura de Emi D’Ambra, fallecida el día antes del comienzo del juicio.

Mientras, Adriana Gentile, querellante en representación de Raquel Altamira de Vaca y Gabriela Bautista de Elba Pucheta, pidió perpetua para Pino Cano y Mones Ruiz y 15 años de prisión para López.

De las defensas, la que más tiempo se tomó en exponer su alegato fue la de López, Gerardo Ibáñez y Rita Elena Genise, para salir al cruce de lo señalado por Trotta. Aspectos de argumentos se verán otra vez en las réplicas y dúplicas del miércoles.

En cuanto al comienzo de la denominada causa de los magistrados, que expondrá sobre una parte de la actuación de la Justicia federal de Córdoba en la dictadura –que estaba previsto para el jueves 27 de abril–, está en duda. Es que uno de los miembros del tribunal que también presidirá Falcucci, Carlos Reynaga, se encuentra abocado a otro proceso en la provincia de La Rioja. Frente a eso, el tribunal ha solicitado a la Cámara de Casación Penal un reemplazante, y falta conocer el resultado de estos trámites.