A confesión de parte, relevo de prueba. El ministro de Comunicación del Gobierno de Córdoba, Daniel Pastore, encendió el debate días atrás cuando, en el programa Voz y Voto, reconoció que el municipio recibido en 2019 era “totalmente inmanejable” con el personal de planta permanente: como tenían la estabilidad garantizada, no laburaban y hasta “boicoteaban” las decisiones del recién llegado y peronista Martín Llaryora.
La forma de resolver el funcionamiento del municipio, según reconoció Pastore, fue “precarizando el trabajo con monotributos y becarios”. Un atajo al sistema. Fin, podría ser el cierre de la enunciación.
Pero el punto es que tiene razón, al menos en el primer golpe de vista: el municipio recibido por Llaryora tenía 11.900 empleados, contando también Tamse y Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop). La figura del becario (servidor urbano cuando los inauguró Luis Juez) se aplicaba a las cooperativas de naranjitas y carreros, que sumaban entre ambos 600 personas.
El Suoem, al igual que el todopoderoso gremio de Luz y Fuerza en Epec, tenía las llaves maestras de la administración. Cogobernaban, a fuerza de administrar horas extras, licencias, contratos, extensiones, contratistas y varias concesiones más, incluso por encima de lo que establecía el convenio colectivo. Juan Schiaretti leyó a tiempo que las cada vez más abultadas tarifas de energía (en tiempos de luz barata "para todes") podían llevárselo puesto en la elección de medio término de 2017 y los puso en caja.
Les quitó cargos y horas extras, aplicó a rajatabla el convenio y llevó al debate público los privilegios de los kilovatios ilimitados y la bolsa de trabajo. La opinión ciudadana (y la Justicia, por defraudación y malversación de fondos de los sindicalistas a su gremio) hicieron el resto. Hoy Epec se enderezó y le saca incluso varias cabezas en innovación a distribuidoras privadas.
Llaryora hizo otra lectura. Entendió que limitar al Suoem podría ser una cantera de buenas nuevas para congraciarse con los siempre esquivos cordobeses de Capital. Sin horas extras en el 2020 de pandemia, les licuó salarios. Les sacó la séptima hora y les redujo 10% el sueldo. Confinados en sus casas, les quitó las claves del sistema y ya no pudieron cogobernar.. Aplauso, medalla y beso de la tribuna.
Pero cerró una puerta y abrió otra: congeló el ingreso de planta permanente pero habilitó la de becarios y monotributistas. El mecanismo acordado fue tan nefasto como injusto: pasado determinado tiempo de “precariedad”, serían puestos como contratados (el famoso artículo 8), puente inicial para escalar luego a artículo 9 y después, coronar siendo empleado de planta. Largo el caminito (cinco años estándar) pero con la tierra prometida al final.
El punto es que esa puerta que Pastore sostiene que sirvió para hacer “funcionar” a la Municipalidad, pronto se desvirtuó. Llaryora fingió demencia y dejó hacer. Punteros, hijos de políticos y barrabravas se repitieron en todas las áreas.
Así como entró gente que hace bien su trabajo, entraron los tipo Barrelier (que acostumbraba a faltar lunes y martes, después de que jugara Instituto, por ejemplo) o las Puli Moreno, que jamás pisaron la Municipalidad y aún así llevaban cobrando cinco años como monotributistas.
Mucha gente cobrando poco y haciendo nada. Al fin y al cabo, carísimos: como la paga es poca, el Estado como empleador no les exige y del otro, se creen con derecho a “servirse” del Estado en compensación de la plata que no se les da. Como no reportan a un jefe directo, sino a quien los nombró, no acatan órdenes o, directamente, no van a trabajar.
El Suoem se queja para la tribuna –“no aceptamos y denunciamos la precarización que suponen los becarios”, dicen en voz alta- pero por lo bajo arreglaron una especie “de bolsa de trabajo precarizada”: 70% nombrados por el Suoem, 30% elegidos por los secretarios de “despacho”, como le dicen en la jerga. A veces, la lista fue 50 y 50. Las manos porosas de algunos funcionarios se entendieron rápido con los delegados de las áreas más críticas, manejando ciertos negocios y hasta la gran caja de la noche que el triste femicidio de Agostina amenaza con destapar.
Es cierto hoy que el municipio tiene, en planta permanente, uno de los niveles más bajos de su historia: 8.966 declarados, al menos según figura en el portal de datos de la Caja de Jubilaciones. Pero hay otro municipio paralelo más del que desconocemos cifras: becarios y monotributistas, pero además Tamse, Biocórdoba, Coys y varios entes más.
Siguiendo el razonamiento de Pastore, la decisión de precarizar el trabajo en la Municipalidad fue para burlar el boicot estable del Suoem y hacer que ese gran submarino a pedal que es el municipio, funcione. La pregunta inevitable que sigue es: ¿funciona? Porque hoy tenemos una planta estable cara y otra planta precarizada, más barata, pero así y todo los bienes y servicios públicos que se supone debe prestar el municipio a sus ciudadanos dejan mucho que desear.
¿Y entonces? El propio Pastore reconoció que era necesario habilitar “el debate sobre el futuro” de estos trabajos precarizados. ¿Qué sería eso? ¿Foja cero para todos? ¿Finalización abrupta de becas y contratos? ¿Concurso? ¿Blanqueo obligatorio, al menos para saber cuántos son?
Un escándalo similar se destapó el año pasado después del caso Kraisman: quiso cobrar el sueldo de una nobel empleada que denunció no estar ni enterada de su contrato y aparecieron cientos similares cuyas tareas asignadas se desconocen. Hoy se siguen pagando 1.055 contratos y 425 monotributistas, 50% más que hace un año.
Acá los funcionarios esperan que pase lo mismo: que el tiempo haga bajar la espuma. O el Mundial, u otro escándalo que sirva para tapar el anterior. Y que todo siga igual.
