La semana pasada, el gobernador Martín Llaryora viajó a Buenos Aires para estampar la firma en el nuevo acuerdo con la Anses, por el que la Caja de Jubilaciones de la Provincia cobrará $ 10 mil millones mensuales hasta mayo de 2027, el doble de lo que recibe hoy. Por el lado de la Nación, quien rubricó el convenio fue su director ejecutivo, Fernando Bearzi.
La negociación entre el equipo económico del Gobierno de Córdoba y la administración libertaria llevó meses. De esa faena participó el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y contó con el seguimiento de Martín Menem, brazo derecho de Karina Milei y presidente de la Cámara Baja. La idea en el Panal era esperar unas semanas antes de hacer público el entendimiento. Pero el lunes el ministro de Economía lo confirmó ante una consulta puntual que le hizo La Voz luego de que el funcionario disertara en Córdoba, invitado por la Fundación Mediterránea.
Llaryora tenía varios motivos para pausar la oficialización del acuerdo. Prefería evitar lo obvio: que se relacionara directamente el acuerdo con la Anses con el acompañamiento que exhibieron los legisladores nacionales en la aprobación de la reforma laboral, acaso la victoria política más resonante del Gobierno desde que está en el poder.
Llaryora dio “libertad de acción” a sus representantes en el Congreso, pero se preocupó de que ese supuesto libre albedrío no interfiriera con los planes del oficialismo. Lo mismo había hecho en diciembre pasado, cuando también en extraordinarias el llaryorismo acompañó en general el Presupuesto 2026, pese a que la “ley de leyes” no contemplaba la asistencia nacional para las cajas no transferidas, como es el caso de la cordobesa.
El gobernador cambió el apoyo al oficialismo nacional por fondos para aliviar el peso que ejerce la Caja sobre las cuentas públicas y sobre una mayoría de cordobeses que la financian sin recibir nada a cambio.
El agujero fiscal del sistema previsional se calcula en aproximadamente $ 600 mil millones para este año. Los $ 60 mil millones extra que llegarán desde mayo, divididos en cuotas mensuales, nunca serán suficientes, pero mejoran la ecuación en la hoja de cálculo del Panal.
Llaryora replicó la conducta que adoptaron otros gobernadores peronistas del norte. Para ellos, hubo aportes del Tesoro nacional (ATN) y promesas de obras. Se trata de la más elemental y vieja transacción de la política. Nada nuevo. Para este momento Llaryora quería sumar bancas en el Congreso. Política real, pura y dura.
Seguramente esa no será una explicación que satisfaga a los sindicalistas cordobeses, que le pidieron rechazar en público los cambios en las leyes laborales.
Llaryora transitó con incomodidad la sanción de la reforma. Dijo que eran necesarios cambios que modernizaran la legislación, pero el límite –había asegurado– sería la afectación de derechos de los trabajadores, un punto este último que hasta los libertarios reconocen por su impacto. Llaryora fingió demencia y dejó hacer a los suyos.
“Siempre que puedo les doy una mano; ellos lo valoran y yo también, porque cuando ellos pueden me dan una mano a mí”, blanqueó Caputo sobre la relación con el Panal.
El Panal también buscó postergar el anuncio del acuerdo por otro motivo, también sensible y donde está en juego la salud de las cuentas públicas. Llaryora no quería que elementos externos intoxicaran el discurso oficial –y plenamente real– de caída de recursos propios y de envíos nacionales en baja, justo en el momento en que negocia la paritaria con los docentes, el sector más numeroso de los empleados públicos. Los fondos extra con los que contará la Provincia a través de la Caja se convirtieron ya en un argumento nuevo en contra del Panal, al que apelará la cúpula de la UEPC.
Margen estrecho y desafiante
Llaryora vive un momento crucial. Su gestión transcurre el tercer año, la fase bisagra para cualquier administrador con ansias de seguir en el poder. Es la etapa en la que está obligado a acelerar antes de someter su cargo a la siempre peligrosa voluntad de las urnas.
Condicionado por el clima de época que lo cubrió todo tras la amplia victoria libertaria en octubre, el gobernador regeneró a finales de 2025 su discurso respecto de la Nación, buscando alinear en parte su posición con el electorado cordobés que votó con fuerza a La Libertad Avanza.
En esa línea, dejó de calificar de “fracaso” al modelo económico y buscó convencerse de una realidad en la que no cree: la reactivación económica que pregona Milei. Así armó un presupuesto propio atado al crecimiento proyectado por el Presidente y Caputo. Y se contuvo a la hora de actualizar los impuestos, tras las críticas del año anterior. Con esos parámetros, forzados por la realidad, estructuró su plan de gobierno, que sólo encontró oxígeno real con la colocación externa de deuda por 800 millones de dólares, concretada hace dos meses.
El ahorro corriente que históricamente exhibió el peronismo como balance y muestra de eficiencia en la administración debe convivir ahora con nueva toma de deuda, un reflejo evidente del impacto producido por el ajuste nacional y por el cambio de condiciones generales.
Llaryora lo sabe: administrar ya no es lo que era antes.
