La quimera de un ministerio invisible

Por estas horas de aguas agitadas en el Gobierno provincial, por el escándalo de los policías detenidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, algunos funcionarios delasotistas hablan de la “salida Schiaretti” para esta espinosa cuestión, que preocupa por su impacto político, tanto al Centro Cívico como al comando electoral Unión por Córdoba.

En noviembre de 2007, ya consagrado gobernador electo, después del polémico escrutinio que incluyó denuncias de fraude por parte del juecismo, Juan Schiaretti anunció en un reportaje a este diario que eliminaría el Ministerio de Seguridad que había creado su antecesor José Manuel de la Sota.

Por ese sillón habían pasado distintos dirigentes del peronismo provincial, como Héctor David, Carlos Alesandri, Sergio Busso y Juan Carlos Massei. En el caso de David, fue ministro de Justicia y Seguridad, con una secretaría específica que ocupó el exjefe de Policía Jorge Rodríguez.

Aunque el entonces gobernador electo lo dijo con otras palabras, el análisis que hizo su equipo para tomar la decisión de eliminar el Ministerio de Seguridad se podía resumir con una definición: en cuestión de seguridad es imposible tener éxito y poner a un ministro es para que sea un fusible político ante un hecho delictivo grave o escándalo que envuelva a la Policía. Es lo que sucedió ahora con Alejo Paredes, por el escándalo de los policías de la División Drogas Peligrosas.

También le ocurrió a Carlos Alesandri, quien debió alejarse poco después del sangriento motín de la cárcel de barrio San Martín, en febrero de 2005, que tuvo el trágico saldo de ocho muertos y 40 heridos.

Según la lectura que hacen ahora muchos delasotistas, Schiaretti tuvo la virtud de invisibilizar el tema seguridad. Quedó como una secretaría, bajo la órbita del ministro de Gobierno que ocupó Carlos Caserio.

Durante los cuatro años de gestión schiarettista, cada sofocón que hubo por la inseguridad, los cañones apuntaron hacia la jefatura de Policía, sin que se convirtiera en un problema político.

Cuando De la Sota asumió su tercer mandato, en diciembre de 2011, anunció la creación de un gabinete multitudinario “a la brasileña”, que incluyó el Ministerio de Seguridad.

El flamante mandatario copió la estructura del Gobierno de Brasil, que tiene 23 ministros. Llevó las 10 carteras que tenía Schiare­tti a las actuales 16, con la nueva figura del jefe de Gabinete.

Por el escándalo de la detención de policías, De la Sota se vio obligado a desprenderse de Paredes.

Entre los dirigentes del peronismo no había ninguno con perfil para ocupar esa cartera.

Entonces, De la Sota recurrió a Alejandra Monteoliva, una colaboradora directa del ministro caído en desgracia.Al poner a la primera mujer al frente de la Seguridad, el gobernador trató de afrontar el cimbrón político que causó un nuevo cambio en su gabinete.

De la Sota intentó otra salida para tapar el escándalo. Que el jefe de Drogas Peligrosas surgiera con respaldo de la Legislatura. Envió un proyecto de ley, pero la salida se convirtió en un bumerán: de este modo incentivaba la discusión política, en medio de la campaña y debió dar marcha atrás, con el pretexto de volver a girarlo después de las elecciones legislativas. En medio de cambios de estrategias del Gobierno, que fue de una dura embestida contra la Justicia federal, al discurso actual de “todos a disposición de los jueces”, el gobernador designó al comisario general y abogado Miguel Ángel Pizarro como nuevo director General de Lucha contra Narcotráfico. Otro hombre de confianza de Paredes.

La designación incluyó el dato de color: cuando oficializó su designación, De la Sota no recordó el nombre del nuevo funcionario.

En medio de la campaña, al delasotismo le gustaría “invisibilizar” el Ministerio de Seguridad. Una quimera, en medio de la campaña y de las críticas opositoras.