La Justicia rechazó un amparo y autorizó a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo
No hizo lugar a una demanda de Felipe Solá, sobre quien consideró no tiene “legitimidad” como amparista. En el fallo, la jueza Biotti no analizó la cuestión de fondo.
- No hizo lugar a una demanda de Felipe Solá, sobre quien consideró no tiene "legitimidad" como amparista.
- En el fallo, la jueza Biotti no analizó la cuestión de fondo.
La Justicia, en un fallo de primera instancia, rechazó analizar la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial que permitió que familiares de funcionarios ingresen al blanqueo de capitales por entender que el demandante, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, carece de "legitimidad" como amparista porque la norma cuestionada no lo afecta "de manera expresa y concreta".
"La mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan (a Solá) legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta, como lo sostuvo el señor Fiscal Federal en su dictamen", expresó la jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti.
En este sentido, fuentes judiciales indicaron que la resolución adoptada por la magistrada, que tomó los argumentos planteados en el expediente el Ministerio Público Fiscal, se sumó a una resolución adoptada semanas atrás por otro integrante de ese fuero, el juez Ernesto Marinelli, quien se opuso al dictado de una medida cautelar que suspendiera los efectos del Decreto 1206/16.
En esta ocasión, sin analizar la cuestión de fondo, que era si esa norma viola o no la Constitución Nacional, la jueza Alejandra Biotti rechazó la demanda del diputado Felipe Solá por considerar que no se daban los requisitos para la existencia de una "causa judicial" y que el legislador no estaba legitimado para hacer ese reclamo.
El pedido había sido formulado, mediante una "acción de amparo" por Solá, quien argumentó que el decreto 1206/16, "bajo la excusa de reglamentar" artículos de la Ley 27.260 (que estableció el denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal), había introducido "modificaciones sustantivas" a esa norma, sancionada por el Congreso Nacional.
Para Solá, con el artículo 6 del decreto presidencial, se concretó una reglamentación "que en verdad se aparta de la expresa voluntad del Poder Legislativo", porque habilitó al "blanqueo" a quienes, según el diputado, estaban expresamente excluidos. Al contestar la demanda, el Estado Nacional había argumentado que el decreto había sido dictado en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, que la reglamentación se ajusta al espíritu de la Ley 27.260 y que habilita al sinceramiento cuando los valores hayan sido adquiridos antes que sus parientes ingresen a la función pública.
Biotti, en coincidencia con un dictamen fiscal, expuso que "en la presente acción de amparo no se advierte la existencia de caso o causa judicial, por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto 1206/16".
