Fallo. La Justicia ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio pero el Gobierno apelará

El Gobierno nacional anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para impedir que la expresidenta, Cristina Kirchner, vuelva a recibir la pensión por viudez de Néstor Kirchner. La decisión se tomó luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara un recurso extraordinario presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La disputa legal se centra en la validez de las asignaciones vitalicias que percibe la exmandataria tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Ante este nuevo escenario judicial, la administración central busca agotar todas las instancias para frenar el pago de los beneficios de privilegio.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, confirmó que interpondrá un recurso de queja ante el máximo tribunal de la Nación. Esta medida apunta a que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti intervengan directamente en la discusión.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimó los planteos del organismo previsional, dejando firme la medida cautelar que favorece a la exjefa de Estado. El tribunal consideró que la Anses no posee facultades para dar de baja el beneficio de forma administrativa, sino únicamente para suspenderlo.

En su resolución, los magistrados Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo votaron a favor de la restitución del beneficio de viudez. Por su parte, la jueza Nora Dorado no participó de la decisión por encontrarse de licencia en el momento de la firma.

El fallo distingue entre las dos prestaciones que percibía Kirchner: la pensión como viuda de un expresidente y su propia jubilación por el cargo desempeñado. Mientras que la pensión debe ser restituida según esta orden, la jubilación de privilegio continuará suspendida debido a la condena judicial vigente.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la decisión de la Cámara omite la prohibición expresa del cobro ante una condena e inhabilitación absoluta. Para el Ministerio de Capital Humano, el fallo incurre en una "manifiesta errónea aplicación del derecho" al no considerar el perfil de la contraprestación.

Anses alegó que estas contribuciones, reguladas por la ley 24.018, se otorgan como una contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. Bajo esta lógica, el organismo considera que la condena penal por administración fraudulenta invalida el acceso a dichos fondos públicos.

La defensa de la expresidenta inició la causa judicial argumentando que la ley sólo permite revocar estas jubilaciones en caso de un juicio político previo. Al no haber ocurrido este proceso, sostienen que la quita de los beneficios de privilegio resulta ilegal e inconstitucional.

Asimismo, los abogados de la exmandataria señalaron que estas asignaciones constituyen su "único ingreso que le permite subsistir". Recordaron que, debido a las diversas causas penales en su contra, la totalidad de sus bienes y cuentas bancarias se encuentran actualmente inhibidos por la justicia.

A fines de 2024, el Gobierno de Javier Milei había derogado ambas prestaciones tras la confirmación de la sentencia de seis años de prisión por parte de la Cámara de Casación. En aquel momento, la medida se fundamentó en la pérdida de las condiciones de honorabilidad requeridas por la normativa.