Los jubilados lo viven todos los días: la jubilación no alcanza y el acceso a la salud se vuelve cada vez más difícil. Detrás de esos reclamos hay problemas de gestión y recursos, pero también una explicación de fondo que suele quedar fuera de la discusión: los sistemas jubilatorios y de salud fueron diseñados para un país mucho más joven.
Cuando nacieron las primeras cajas previsionales, solo el 4% de la población tenía más de 60 años. En 2026 esa proporción llega al 16% y para 2050 se proyecta que alcanzará el 26%. Hay más personas que llegan a edades avanzadas, viven más años y nacen menos niños.
Ese cambio altera la base sobre la que fueron organizados ambos sistemas. El previsional nació para pagar jubilaciones en una sociedad con pocos adultos mayores y menor sobrevida. El de salud para jubilados se estructuró cuando la vejez tenía mucho menos peso demográfico y sanitario. Por eso, para entender las tensiones actuales hay que mirar primero cómo fueron diseñados y qué tan lejos quedaron de la población que hoy deben cubrir.
El caso del sistema previsional
El sistema previsional argentino nació en 1904, con la caja para empleados públicos nacionales. Los requisitos originales eran 60 años de edad y 30 años de servicios continuos. Luego se expandió a ferroviarios, servicios públicos y bancarios. Desde la década del ’50 comenzó un proceso de unificación inconcluso.
Hoy el régimen general fija edades jubilatorias de 60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes. Pero alrededor conviven regímenes especiales, diferenciales, cajas provinciales, municipales, profesionales y esquemas propios de las fuerzas de seguridad. En general, ofrecen condiciones más beneficiosas que el régimen general.
Cuando se crearon las primeras cajas, había una persona mayor de 60 años por cada 25 habitantes. Hoy hay una por cada 6 y se proyecta que dentro de poco más de dos décadas haya una por cada 4.
También cambió la sobrevida. En 1914, una persona que alcanzaba los 60 años vivía, en promedio, unos 15 años más. En la actualidad, vive alrededor de 25 años más. El sistema debe pagar jubilaciones durante más tiempo y con una base de aportantes relativamente menor. La caída de la natalidad refuerza esa tendencia.
El caso del sistema del PAMI
El mismo desajuste aparece en la cobertura de salud. El PAMI fue creado en 1971, cuando las personas mayores de 60 años representaban cerca del 11% de la población. Para 2050, serán el 26%. En términos absolutos, se pasa de unos 2,5 millones de mayores de 60 años a una proyección de 12,5 millones.
El envejecimiento aumenta la cantidad de beneficiarios y cambia la demanda médica: crecen las enfermedades crónicas, los medicamentos, los cuidados prolongados, la geriatría, la discapacidad y la atención de personas de muy avanzada edad.
Sin embargo, la regla de financiamiento quedó desactualizada. La salud de los trabajadores activos se financia con el 9% del salario del asalariado privado registrado. La salud de los jubilados se financia con 5%. Se asigna menos financiamiento relativo a la etapa en la que la demanda médica es más alta.
La base de aportantes también es limitada. Los asalariados privados registrados son unos 6,2 millones, el 32% del total de trabajadores. Los informales, unos 6,7 millones, no aportan. Monotributistas y personal doméstico, cerca de 2,8 millones, realizan aportes reducidos.
El PAMI cubre a 5,5 millones de afiliados con una cápita cercana a $125.000 mensuales. El 43% va a prestadores médicos y el 32% a medicamentos. Geriatría representa 4%, discapacidad 2% y asistencia social 1%. La atención primaria recibe apenas 2% de la cápita. El PAMI fue pensado para una población con menos adultos mayores y una demanda sanitaria menos intensa.
¿Qué hacer frente a este cambio?
El envejecimiento poblacional es intenso y previsible, pero las reglas previsionales y de salud siguen casi intactas. Esa falta de adaptación ya tiene consecuencias: en jubilaciones, pérdida de poder adquisitivo; en salud, demoras, restricciones de acceso y subfinanciamiento de prestaciones críticas.
Reducir la informalidad laboral es necesario, pero no alcanza. En previsión, una alternativa es avanzar hacia cuentas nocionales, donde el haber se calcule según aportes acumulados y expectativa de vida al retiro. Cuanto más se aporte y más tarde sea el retiro, mayor será el haber.
En salud, corresponde integrar mejor la cobertura de la vida activa con la de la vejez. Mantenerla al jubilarse permitiría reducir fragmentaciones y ordenar el financiamiento a lo largo del ciclo de vida.
La demografía ya cambió. Los sistemas no pueden seguir funcionando como si nada hubiera pasado.
