Argentina. Ingresos Brutos, un impuesto que castiga a la economía formal

En Argentina, el comercio electrónico tiene un peso cada vez mayor. Forma parte de la vida cotidiana de más de 25 millones de consumidores y de la estrategia comercial de grandes empresas, pymes y pequeños emprendedores. El país se posiciona como el tercer mercado de e-commerce más grande de la región, con una facturación equivalente al 4% del PBI.

Sin embargo, este avance plantea grandes desafíos. Un reciente estudio realizado por Idesa para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) advierte que el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) se convirtió en una de las principales trabas para el crecimiento del comercio electrónico, un canal clave para avanzar en la digitalización y formalización de la economía.

El estudio señala varias fallas en el diseño de Ingresos Brutos. Una de las más conocidas es el “efecto cascada”. A diferencia del IVA, el IIBB no permite descontar costos en las distintas etapas del proceso productivo. Por eso, el impuesto se va acumulando en cada eslabón de la cadena y termina encareciendo el precio final.

Pero, según el estudio, el problema más grave no es ese. El principal obstáculo señalado es la maraña de regímenes de retención y percepción de impuestos. En la práctica, un comercio que vende online puede sufrir retenciones bancarias, percepciones de plataformas digitales y billeteras virtuales, retenciones de tarjetas y pagos a cuenta aplicados por proveedores.

Además, como cada provincia define sus propias reglas, alícuotas y criterios, el mismo impuesto se cobra por distintas vías y con distintos procedimientos. El resultado es un sistema extremadamente complejo, en el que conviven más de 70 regímenes de pagos anticipados.

Estos regímenes generan muchos problemas. Por un lado, imponen una pesada carga administrativa sobre los comercios, especialmente sobre aquellos que son designados como agentes de retención o percepción y deben recaudar impuestos en nombre del Estado. Por otro lado, producen un fuerte impacto financiero, porque muchas veces los pagos a cuenta superan el impuesto que corresponde pagar. Según el estudio, estos “saldos a favor” del contribuyente pueden tardar meses en recuperarse o quedar directamente inmovilizados.

Los resultados son paradójicos. Una venta digital, formal y trazable activa automáticamente mecanismos de cobro anticipado. En cambio, una operación en efectivo, menos transparente y más difícil de fiscalizar, queda fuera de todos estos controles. Así, el sistema termina favoreciendo el canal menos formal.

También genera fuertes asimetrías entre empresas. Por un lado, porque las grandes firmas tienen mayor capacidad para administrar saldos a favor que los comercios más pequeños. Para estos, cada retención automática afecta el flujo de caja diario, lo que les quita capital para pagar proveedores, salarios, logística o reponer mercadería. Por otro lado, porque las empresas que deben recaudar el impuesto en nombre del fisco enfrentan costos administrativos mucho más altos que aquellas que no tienen esa obligación.

El impacto también afecta a los consumidores, quienes deben pagar precios más altos. Cuando una firma vende online a todo el país, suele aplicar un único precio sin importar dónde resida el consumidor. Pero como la carga de Ingresos Brutos no es igual en todas las provincias, los consumidores de jurisdicciones con menor presión fiscal terminan pagando parte del costo tributario de provincias más caras. Son “subsidios” cruzados invisibles, incorporados dentro del precio final.

Por último, se señala que IIBB genera pérdidas de eficiencia en la recaudación. Al penalizar la trazabilidad, Ingresos Brutos empuja parte del comercio hacia la informalidad. De este modo, se debilita la capacidad del Estado de recaudar y fiscalizar.

Frente a este diagnóstico, Idesa y Cace proponen dos cambios centrales. El primero es avanzar hacia la unificación de los impuestos sobre las ventas. La propuesta es que el IVA, un impuesto más transparente y menos distorsivo, absorba a Ingresos Brutos y a las tasas municipales. La idea no es aumentar la presión tributaria, sino ordenar la que ya existe.

La segunda reforma que se propone es transformar los actuales regímenes de retención y percepción en mecanismos de captura de información, eliminando la obligación del pago adelantado o "a cuenta" que descapitaliza a las empresas.

El estudio muestra que Ingresos Brutos se convirtió en un obstáculo central para la digitalización y la formalización de la economía argentina. Por esta razón, la reforma tributaria es un tema que no puede seguir postergándose y que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.