Argentina enfrenta en 2026 un brote significativo de tos convulsa. El número de casos pasó de 87 en los primeros meses de 2025 a 215 en igual período de 2026; es decir, más del doble.
La tos convulsa es una enfermedad altamente contagiosa y especialmente peligrosa en niños pequeños, pero que puede prevenirse con vacunas. Por eso, el aumento de casos muestra que algo está fallando en el sistema de vacunación.
Y los datos confirman la gravedad del problema. El porcentaje de menores de 2 años con vacunación completa contra la tos convulsa supera el 90% en apenas cuatro provincias. En el resto predominan coberturas bajas, con algunas jurisdicciones donde menos de la mitad de los niños tienen el esquema completo. Como resultado, el promedio nacional de cobertura es de apenas el 68%.
Quién es responsable de vacunar
En Argentina, la vacunación de la población es responsabilidad de las provincias. Esto es así porque la Constitución Nacional no delegó en el Estado nacional las funciones de promoción y prevención de la salud, mientras que las constituciones provinciales contemplan expresamente estas responsabilidades.
Sin embargo, por ley, el Ministerio de Salud de la Nación tiene la obligación de comprar vacunas y distribuirlas entre las provincias. El resultado es que hay dos niveles de gobierno involucrados en la vacunación.
Este diseño genera burocracia, ineficiencias, gastos duplicados y escaso control. Cuando muchos organismos públicos intervienen en una misma política, pero ninguno asume plenamente la responsabilidad por el resultado, la gestión se debilita.
Fallas de control generalizadas
La baja vacunación también expone fallas en los controles de distintos organismos públicos que deberían contribuir a verificar el cumplimiento del calendario obligatorio.
Un ejemplo es la seguridad social. La AUH se cobra en un 80% de manera automática, mientras que el 20% restante está condicionado a que la familia acredite asistencia escolar, vacunación y controles médicos de los hijos. En teoría, este requisito debería permitir verificar que los más de cuatro millones de beneficiarios tengan el esquema de vacunación completo.
Pero el mecanismo no parece estar funcionando. El control está basado en un formulario en papel que las familias deben completar en escuelas y en establecimientos sanitarios para luego presentar ante Anses. Se trata de un esquema altamente burocrático que genera información de baja calidad. La alta proporción de niños sin vacunación completa muestra que el requisito formal no necesariamente se traduce en un control efectivo.
Pero el problema no se limita a la seguridad social. La baja cobertura de vacunación en jurisdicciones de alto poder adquisitivo, como Caba, sugiere que también fallan los controles sobre los niños que no reciben prestaciones sociales. En esos casos, el seguimiento debería realizarse en conjunto entre las escuelas –en nombre de cada provincia– y los sistemas provinciales de salud.
Qué se puede hacer
El brote de tos convulsa muestra mucho más que una falla sanitaria. Expone un problema de organización del Estado.
Por eso, es necesario eliminar la superposición de funciones entre niveles de gobierno. Las provincias deben ser las responsables tanto de comprar como de aplicar las vacunas, mientras que la Nación debe concentrarse en medir resultados y transparentar la información para que cada jurisdicción rinda cuentas por su desempeño.
También hay que mejorar los datos de vacunación. Esto exige avanzar hacia registros digitales completos e integrados que articulen la información de hospitales públicos, prestadores privados, escuelas y organismos de la seguridad social. Este cruce de datos permitiría simplificar los controles por parte del Estado, reducir trámites innecesarios para las familias y mejorar la gestión de beneficios sociales como la AUH.
