Neuquén. Investigan irregularidades en el Ministerio de Salud por más de $ 100 millones: la directora fue apartada
La Fiscalía de Delitos Económicos amplió la investigación tras una auditoría interna. Analizan la posible formulación de cargos contra la ahora exdirectora.
La investigación por una presunta malversación de fondos en el Ministerio de Salud de Neuquén avanzó en las últimas semanas y el monto bajo sospecha pasó de los $ 21 millones informados inicialmente a cerca de $ 100 millones, según los datos preliminares de la causa a los que accedió LM Neuquén.
El expediente está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, que reúne pruebas para determinar si existió una maniobra de defraudación mediante un sistema de presuntas "auto compras", en el que una misma funcionaria habría solicitado gastos, autorizado pagos y transferido fondos a cuentas vinculadas a ella.
La principal investigada es la exdirectora de Prestaciones y Recupero Financiero, quien fue apartada de su cargo luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en compras y contrataciones.
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Cómo comenzó la investigación
El 10 de junio, el Gobierno de Neuquén informó la separación de la funcionaria tras conocerse los resultados de una auditoría realizada dentro del Ministerio de Salud.
Posteriormente, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal y se constituyó como querellante para impulsar la investigación judicial.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por el fiscal Pablo Vignaroli, que comenzó a reunir documentación bancaria y testimonios de empleados del área para reconstruir el funcionamiento administrativo de la dependencia.
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Los informes bancarios
La fiscalía solicitó información a distintas entidades financieras para seguir el recorrido del dinero. Según la información del mismo medio, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ya entregó la documentación requerida, mientras que aún resta recibir un informe de una entidad bancaria privada.
Con esa información, los investigadores buscarán determinar el alcance de las operaciones, establecer desde cuándo se habrían realizado las maniobras y definir si existen elementos suficientes para avanzar con una formulación de cargos.
Además, los movimientos bancarios permitirán establecer si hubo hechos anteriores a los detectados inicialmente por la auditoría interna.
Las irregularidades detectadas
El perjuicio económico bajo análisis asciende actualmente a casi $100 millones, muy por encima de los $21 millones informados al inicio de la investigación.
Entre las irregularidades detectadas figuran la utilización de presuntas facturas y recibos apócrifos para justificar movimientos de fondos.
La investigación también apunta a un supuesto intento de eliminar expedientes digitales relacionados con las operaciones. Según trascendió, esa documentación pudo ser recuperada por la Fiscalía mediante los sistemas de respaldo informático del Poder Ejecutivo provincial.
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Qué observó la auditoría
El informe elaborado por los auditores internos detectó múltiples incumplimientos en los procedimientos administrativos.
Entre las principales observaciones figuran la falta de autorizaciones jerárquicas, la ausencia de fundamentos para utilizar mecanismos excepcionales de anticipo de fondos, la concentración de distintas funciones en una misma persona y la inexistencia de documentación bancaria suficiente para acreditar pagos a proveedores.
En otro expediente analizado también se advirtió que la solicitud, intervención y autorización de determinados pagos habrían sido realizadas por la misma funcionaria, sin los controles internos previstos.
Asimismo, los auditores identificaron facturas con descripciones genéricas, ausencia de remitos, falta de constancias sobre los servicios presuntamente prestados y documentación insuficiente para verificar el destino efectivo de los recursos públicos.
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La hipótesis de la fiscalía
Según surge de la denuncia presentada ante la Justicia, la principal hipótesis es que parte de los fondos públicos habría quedado bajo disponibilidad de la exfuncionaria y que posteriormente se intentó justificar su utilización mediante documentación cuya relación con servicios efectivamente prestados no pudo ser acreditada durante la auditoría.
