Rojo, amarillo y verde. En un tablero en el Panal, los colores del semáforo ordenan –sin eufemismos– el vínculo de los 427 intendentes cordobeses con el poder provincial.
Los verdes son propios o aliados dóciles del peronismo.
Los amarillos, pragmáticos: no son del PJ, pero orbitan cerca y pueden "cerrar" su adhesión el año que viene.
Los rojos, directamente juegan enfrente. Con ellos no hay seducción posible: se convive y se los enfrenta en las urnas.

La lógica es simple, aunque para algunos algo brutal. Es el método que eligió el oficialismo para disciplinar la política territorial después del fallido experimento del “partido cordobés”, maquillado bajo Provincias Unidas y que encontró una dura derrota en las urnas el último octubre.
Martín Llaryora acusó recibo, volvió al manual del PJ y pasó el peine fino. La regla ahora es clara: la ayuda extra –por fuera de la coparticipación y los convenios– es sólo para los verdes. Los amarillos entran en zona gris: cada pedido se audita y se paga con compromiso político a futuro.

El modo “no hay plata” dejó de ser una consigna sólo mileísta. “Para los rojos, ni agua. Que le pidan a (Gabriel) Bornoroni”, suelta, sin rodeos, un llaryorista.
El problema es que la política no se ordena sola cuando la caja está rota. Y ese es el primer frente: el económico-social. Sin importar el tamaño del municipio, los intendentes empiezan a hablar el mismo idioma: asfixia.
Las cuentas ya venían golpeadas desde fines del año pasado –menos ingresos, más demanda de servicios; por ende, más gasto–, pero 2026 aceleró todo. Ahora ya no hay metáforas: hay jefes comunales que piden auxilio. Muchos lo hacían en privado; hoy la palabra “crisis” circula sin pudor en los grupos de WhatsApp. Junio asoma como una prueba de fuego: el medio aguinaldo. Algunos ya admiten, por lo bajo, que podría pagarse en cuotas.
Supervivencia y después
Ese ahogo se mezcla con el otro frente: el político. Quienes tienen reelección posible corren con ventaja, pero igual mastican arena: gobernar sin plata es desgaste puro. Su obsesión es estirar el poder hasta 2027.
El verdadero drama lo tienen quienes están en salida obligada: la Ley Orgánica Municipal de la Provincia (8.102), con la reforma empujada por Juan Schiaretti antes de irse en 2023, y todas las cartas orgánicas locales les bajan la persiana si ganaron en 2019 y repitieron en 2023. Son más de 100 en toda la provincia.
Ahí aparecen los nombres propios. Marcos Ferrer, jefe de la UCR y dueño del sillón en Río Tercero, es uno de los casos testigo. Sin reelección, busca su salida. Siempre miró al Congreso, pero hay radicales que le sugieren un aterrizaje más seguro: la Unicameral. Socio de Rodrigo de Loredo, sabe que el margen de error es mínimo.

En el peronismo, el operativo contención ya empezó. Marcos Torres dejó Alta Gracia y aterrizó en Desarrollo Social; Fabricio Díaz hizo lo propio desde Capilla del Monte. El mensaje es claro: nadie con peso territorial se queda sin red. El premio consuelo, para todos, es el mismo: un lugar en la Legislatura desde diciembre de 2027.
Libertarios a la caza
Pero mientras el PJ intenta ordenarse para el año próximo, otro jugador mete ruido. Como el juecismo tras su irrupción en 2003, La Libertad Avanza juega en el interior con lógica de caza. Bornoroni empezó hace meses un trabajo fino de reclutamiento. Todos son bienvenidos. Si es intendente, mejor.
La condición es clara: pintarse de violeta. La cosecha, por ahora, es promesa. Como en el campo, dependerá del clima político: si Javier Milei llega firme a 2027, la ola crecerá; si se pincha, muchos volverán sobre sus pasos.
Algún síntoma ya apareció. La semana pasada, Bornoroni se anotó un pase ruidoso en el sur: el médico Gabriel Abrile, figura del radicalismo en Río Cuarto, cruzó de vereda. El impacto fue inmediato: su propio partido le exigió que devolviera la banca de concejal que consiguió como parte de la fórmula con Gonzalo Parodi.
En esa foto también estaba Soledad Carrizo, hoy en el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Ese es su nuevo cargo formal. En realidad, su misión es netamente política: pescar radicales para el universo libertario.
En la UCR, el ruido ya se escucha. “Nos están cazando uno por uno”, admite un boina blanca. La presión es directa: o se integran o podrían enfrentar listas libertarias en sus localidades. Y eso puede ser dinamita. El riesgo no es sólo radical. En el peronismo también hacen cuentas: nadie sabe cuánto puede perforar La Libertad Avanza en el mapa municipal del interior. Están, ya son parte del paisaje.
Ser intendente siempre fue un oficio de riesgo. Ahora, además, es un juego sin red.

