Senado. Ingresó una tanda de pliegos judiciales con dos candidatos objetados por sus vínculos familiares

El Gobierno dio el primer paso en su cruzada para cubrir cientos de vacantes en la Justicia. En una sesión sin sobresaltos, el Senado dio ingreso formal a una tanda de más de 70 pliegos que incluye dos candidatos objetados por sus vínculos familiares: por un lado Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y por otro Ana Juan, esposa del juez del caso $Libra, Marcelo Martínez de Giorgi.

Los pliegos tomaron estado parlamentario dentro de un paquete y continuarán su recorrido en la Comisión de Acuerdos, donde todos los postulantes a ocupar cargos en distintos juzgados, fiscalías y defensorías deberán presentarse para responder preguntas de los senadores. Esas audiencias públicas comenzarían a fin de mes y seguirían durante los primeros días de mayo.

Los pliegos de Rosatti y Juan prometen una fuerte discusión. En el caso de Rosatti, candidato al Tribunal Oral Nro. 1 de Santa Fe, hay un manto de sospechas sobre el concurso realizado en el Consejo de la Magistratura: terminó primero en la terna después de la instancia de entrevista personal con el jurado, a pesar de no haber obtenido las mejores calificaciones en los exámenes. En ese concurso no intervino su padre, Horacio Rosatti, quien preside el Consejo además de la Corte.

Ana Juan, en tanto, busca hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. La aparición de su nombre en el listado sugirió un posible intento del Gobierno por congraciarse con el juez Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa de la “criptoestafa” $Libra.

Otro caso de vínculos familiares es el de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Solicitó al Senado un nuevo acuerdo para renovar por cinco años su vocalía en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal, ya que en noviembre cumple la edad límite de 75 años para continuar en el cargo.

Ese pliego ingresó al Senado en la sesión pasada y Mahiques tiene cita en la Comisión de Acuerdos el 16 de abril. En las últimas horas, la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) impugnaron el pliego al advertir que Mahiques llegó a la Cámara de Casación luego de un traslado “irregular” efectuado en 2018.

Según recordaron las asociaciones, cuatro años después de haber sido designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, “y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo”, el entonces presidente Mauricio Macri decretó su traslado a la Cámara de Casación Penal. El traslado fue avalado por el Senado en 2018.

Además de ingresar los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, el Senado aprobó una serie de ascensos en las Fuerzas Armadas y la designación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá. Su pliego recibió 45 votos positivos (de La Libertad Avanza y todos sus aliados) y 26 negativos, del interbloque peronista.

El kirchnerismo volvió a acusar a Crexell de haber canjeado en 2024 su pasaporte (en ese momento, a la Unesco) por su voto a favor de la Ley Bases de Milei, pese a que la candidata lo negó en la audiencia pública. “La postulación de Crexell no es ni más ni menos que el perfeccionamiento del delito de cohecho, soborno o coima”, sentenció la senadora riojana Florencia López.

Asimismo, denunció que “la voluntad de esta senadora estuvo viciada, no era libre” porque tuvo un “evidente cambio de opinión” al avalar la delegación de facultades al presidente, algo que decía rechazar. López también citó declaraciones periodísticas de Crexell donde habría afirmado que en el gabinete de Milei hay “gente incapacitada para gobernar”.

El kirchnerismo subió la apuesta: la senadora Anabel Fernández Sagasti anunció que ahora que el Senado aprobó el pliego, pedirán el desarchivo de la causa judicial contra Crexell porque “se ha consumado el delito”. Se trata de la denuncia que fue desestimada por el juez Daniel Rafecas en abril de 2025 por “inexistencia de delito”.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, rechazó las acusaciones al sostener que el voto de un legislador “no es judicializable”. Según la versión de Crexell, su apoyo a la Ley Bases había sido negociado entre el Gobierno nacional y el mandatario neuquino Rolando Figueroa, mientras que su nombramiento en una embajada estaba acordado con Bullrich desde que ésta era candidata a presidenta.

Por fuera del abultado paquete de pliegos que el Senado tiene para analizar, la próxima sesión estaría dedicada a dos proyectos de ley. Por un lado, la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que este miércoles defendió en comisiones el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger. El proyecto, que introduce reformas en materia de expropiaciones, venta de tierras rurales y su uso con posterioridad a incendios, está próximo al dictamen.

Por otra parte, está listo para ser votado en la próxima sesión un proyecto de Carolina Losada (UCR) que propone modificaciones al Código Penal en materia de falsas denuncias. La iniciativa, criticada por el movimiento feminista, busca endurecer las penas previstas, elevándolas de tres a seis años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.