Cada tanto, un escándalo nos recuerda algunas opacidades en la administración del Estado, en especial por la manera en que se utiliza el empleo público como botín de militancia política rentada.
Han pasado y siguen pasando gestiones de diferentes signos políticos en los distintos estamentos y el reparto de puestos se mantiene como una facultad discrecional de los gobernantes para consolidar sus proyectos, sin importar necesidades, idoneidades ni aptitudes.
En Córdoba, tenemos sin aclarar aún la aparición de “fantasmas” en la Legislatura provincial, allá por enero de 2025. Empleados que no sólo no iban, sino que un cacique partidario territorial les cobraba el sueldo en su nombre.
Una causa que lleva un año y medio y está orientada como si fuese una simple cuestión entre particulares, sin la intervención de funcionario alguno que haga el nombramiento estatal.
Franco Mondino –uno de los fiscales Anticorrupción, que antes fue asesor del oficialismo en la Legislatura– decidió sólo analizar la conducta del dirigente Guillermo Kraisman, de su ladera y empleada municipal Luciana Castro y de la “fantasma” Virginia Martínez.
Al parecer, según el fiscal, nadie firmó la resolución que nombró a esta última para cumplir X tarea.
Esta semana, La Voz publicó un listado de archivos de causas que hizo Mondino en los últimos días, como para que nadie que tenga una mínima cuota de poder sienta incomodidad alguna.
Pero aquel hecho dejó al desnudo lo conocido pero no admitido: la recomendación del puntero, cacique o dirigente es el requisito más importante para acceder a un cargo público. Y es claro que hay una especie de “cuotas” que cada uno tiene, en función de determinados aportes a la causa.
Reo en ascenso
Se renueva por estas horas en Córdoba la constatación de esa lógica política con el caso de la desaparición de la adolescente Agostina Vera.
Al conocerse la primera detención del caso, surgió como dato que el imputado Claudio Barrelier se desempeñaba desde 2021 en la Municipalidad de Córdoba.
No fue necesario hacer un rastrillaje muy profundo para dar con que Barrelier era un puntero del peronismo capitalino, enrolado en el sector de Ricardo Moreno, y que ingresó al municipio capitalino cuando el actual concejal volvía al PJ provincial después de su paso por el kirchnerismo.
Los movimientos en política se pagan de diferentes formas. Y los cargos son una de ellas.
Barrelier ingresó en la gestión de Martín Llaryora y siguió en la actual de Daniel Passerini.
Este jueves, se anunció su desvinculación, a casi 24 horas de su detención por el caso Agostina y después de que se conociera su prontuario.
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Su incorporación repite una manera de actuar que lleva décadas en la Municipalidad. Entran por el “cupo” que corresponde a tal o cual puntero o dirigente, lo hacen con una figura precaria que no exige los requisitos de concurso, y después van ascendiendo hasta llegar a planta permanente.
No hay gestión municipal que se salve de haber actuado de esa manera.
Ese caminito interno, que termina llenando el Estado municipal de capas de favores partidarios, puede demandar algunos años.
Mientras tanto, son empleados municipales y cumplen funciones. De hecho, en el momento de ocurrir los hechos ahora investigados Barrelier se desempeñaba en la sensible área de Tránsito municipal, donde se otorgan licencias de conducir.
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El tema es que Barrelier no sólo tenía conductas que alertaban a vecinos y conocidos, sino también un prontuario de hechos delictivos.
Arguyen en el municipio que el certificado policial que presentó en 2024, tres años después de su ingreso, no registraba antecedentes.
Pero el 6 de mayo de 2025, Barrelier fue detenido por privación ilegítima de la libertad calificada. Estuvo 20 días preso en Bouwer y, pese a semejante acusación, el municipio lo mantuvo en su cargo.
Y no sólo no se le efectuó reproche alguno, sino que hace unos días se lo incluyó en un lote de empleados a los que se les iba a mejorar su situación laboral.
La causa está abierta; aún no fue juzgada ni se determinaron las responsabilidades.
¿Habrá muchos lugares en los cuales un reo con una causa tan grave abierta sea ascendido?
Pero lo más grave de este nuevo escándalo es que no se logra determinar cuánto de punta de iceberg tienen casos como estos, que sólo logran exposición pública porque vienen atados de otro tipo de hechos resonantes.
Abajo de lo que sale a la superficie, hay un bloque de puestos como botín partidario que no flota: hunde a los contribuyentes.
