Controversia. El Gobierno oficializó el ascenso judicial de la esposa del juez de la causa $Libra
La designación de Ana Juan generó cuestionamientos al habilitar un cargo en un tribunal que todavía no funciona plenamente.
El presidente Javier Milei puso en funciones este lunes a la abogada Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham mediante un decreto que busca cubrir vacantes críticas en la provincia de Buenos Aires.
La nueva magistrada es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene a su cargo la instrucción del expediente $Libra, una causa de máxima sensibilidad para el Poder Ejecutivo.
El nombramiento oficial se concretó pocas horas antes del inicio del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol.
Esta decisión del oficialismo quiebra la lógica mantenida hasta ahora de no designar jueces para tribunales que todavía no están constituidos formalmente.
El caso contrasta directamente con el de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya designación fue frenada por el Presidente argumentando que su juzgado no estaba operativo.
Trayectoria y poder en Comodoro Py
Según detalla La Nación, Ana Juan cuenta con una carrera de más de 30 años en la Justicia federal y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.
La funcionaria se desempeñó durante más de una década como secretaria letrada de la Cámara Federal, un lugar estratégico donde se revisan las causas de instrucción más relevantes para el poder.
En los tribunales de Retiro es considerada una de las personas más influyentes debido a su responsabilidad en la organización de audiencias y el manejo de los sorteos de denuncias.
Durante su exposición en el Senado, la abogada destacó la capacidad de organización de las mujeres en la administración de justicia y su deseo de formar un juzgado eficiente.
El nuevo destino en Hurlingham
El juzgado federal de Hurlingham fue creado en 2015 y todavía aguarda trámites formales de la Corte Suprema para su constitución definitiva.
La zona de jurisdicción asignada se caracteriza por problemáticas vinculadas al tráfico de drogas, falsificación de datos y controversias medioambientales.
El pliego de la magistrada había sido enviado originalmente por Mauricio Macri en 2018 y atravesó diversas gestiones presidenciales antes de su aprobación final por la actual administración.
