Decisión. El Gobierno echó a Carlos Frugoni tras el escándalo por sus propiedades no declaradas en Miami
El ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura reconoció haber omitido siete departamentos en Palm Beach en sus declaraciones ante Arca y la Oficina Anticorrupción.
En una decisión de alto impacto dentro del Palacio de Hacienda, el Gobierno Nacional desplazó este domingo a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía.
La salida del funcionario se produjo tras confirmarse que omitió declarar siete propiedades de su patrimonio ubicadas en Miami, Estados Unidos, ante los organismos de control locales.
Un "error" de siete propiedades
El escándalo estalló luego de que el propio Frugoni admitiera públicamente la existencia de los inmuebles, alegando que se trató de una equivocación en sus trámites administrativos. “Cometí un error.
Detectan que un funcionario de Milei tiene ocho propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos
Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, expresó el ahora exfuncionario días atrás, tras reconocer que pagaba impuestos por dichas propiedades en el exterior, pero no en la Argentina.
Frugoni había asegurado que estaba en proceso de incluir los departamentos en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y Arca, pero la rectificación no fue suficiente para evitar su despido, el cual fue confirmado por fuentes oficiales este domingo por la noche.
Vínculos con la obra pública y antecedentes
Las siete propiedades en cuestión están ubicadas en la zona de Palm Beach y fueron adquiridas entre 2020 y 2022. En ese período, Frugoni ocupaba la titularidad de Ausa, la empresa responsable de las autopistas en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo un rol activo en proyectos de infraestructura como el Paseo del Bajo.
Su cargo en el Ministerio de Economía, al que llegó a principios de este año, no era menor: la Secretaría de Coordinación de Infraestructura tiene bajo su órbita la gestión de licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional, además de regular el área de Transporte.
La noticia de su alejamiento se da en un contexto de revisiones sobre la transparencia de los funcionarios públicos, coincidiendo con otros pedidos de indagatoria y denuncias por ocultamiento de bienes que afectan a distintas áreas del Estado.
