Legislatura. El Frente Cívico quiere ampliar las restricciones de campaña electoral para el oficialismo

El bloque del Frente Cívico presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de Córdoba y ampliar las restricciones vinculadas a la publicidad oficial y a los actos de gobierno durante los períodos de campaña.

La iniciativa propone modificar los artículos 220 y 221 de la Ley Provincial 9.571 para llevar de 30 a 45 días la prohibición de publicidad oficial antes de una elección. También plantea extender de 15 a 45 días la prohibición de realizar inauguraciones de obras públicas o lanzar programas y planes de alcance colectivo.

Según el texto del juecismo, la intención es garantizar “una real igualdad de oportunidades” entre las fuerzas políticas que participan de una campaña electoral. Los autores sostienen que el esquema vigente beneficia al partido que ejerce el gobierno porque dispone de herramientas institucionales, comunicacionales y presupuestarias que terminan generando una posición dominante frente a la oposición.

El proyecto argumenta que la campaña electoral es el momento en el que los partidos presentan ideas, candidatos y programas de gobierno para captar el voto ciudadano. En ese contexto, considera necesario limitar el uso de recursos estatales que puedan convertirse en mecanismos indirectos de propaganda política.

La propuesta toma como referencia el artículo 209 del Código Electoral provincial, que fija en 45 días la duración de las campañas electorales. Para el Frente Cívico, las prohibiciones deberían coincidir con ese plazo para evitar que el oficialismo utilice actos de gestión o campañas institucionales en pleno período proselitista.

En los fundamentos, el bloque opositor cuestiona el uso intensivo de medios de comunicación y plataformas digitales por parte del Gobierno provincial. Afirma que existe un “estado de campaña permanente” que fortalece la posición del oficialismo frente al resto de las fuerzas políticas.

El texto aclara que no busca eliminar la publicidad de los actos de gobierno, principio que considera propio del sistema republicano, sino evitar que esa herramienta se convierta en una forma encubierta de propaganda electoral financiada desde el Estado.

Además, sostiene que la democracia no puede reducirse únicamente a la existencia de elecciones y pluralidad de partidos. Señala que también debe garantizarse una competencia materialmente equilibrada para que los ciudadanos puedan elegir en condiciones de verdadera igualdad política.

El proyecto mantiene las excepciones ya previstas en la legislación actual. La publicidad oficial seguiría permitida en campañas de información electoral y en situaciones vinculadas con emergencias o protección civil. También conserva el esquema de sanciones contemplado en el Código Electoral para quienes incumplan las restricciones.